El Pleno de la Asamblea de Madrid ha rechazado la creación de una Comisión de Investigación para analizar el impacto en la calidad asistencial del Hospital de Torrejón, derivado de la gestión realizada por Ribera Salud y del ejercicio de control y supervisión que correspondía a la Comunidad de Madrid. La propuesta había sido presentada por el Grupo Parlamentario Más Madrid, pero se debatió en el marco de la oposición formal del Partido Popular a su constitución. El resultado de la votación fue de 69 votos a favor, 52 en contra y 10 abstenciones.
El punto del orden del día se centró en la negativa del Grupo Popular a abrir una comisión específica sobre Torrejón. En el debate, los grupos confrontaron dos ideas de fondo: si el caso exige una investigación parlamentaria o si basta con auditorías e instrumentos técnicos, y si el modelo de concierto debe leerse como colaboración público-privada o como una privatización encubierta.
El PP niega la privatización
El diputado del PP, Raúl Martín, situó el debate fuera de la sanidad, enmarcándolo como una ofensiva política «obsesiva» contra la Comunidad de Madrid. Aseguró que no se trata de un problema real del hospital, sino de una estrategia basada en «ruido», «sospecha» y «deslegitimación», con el objetivo de erosionar el modelo madrileño.
En su intervención, Martín rechazó expresamente el término privatización y sostuvo que el Hospital Universitario de Torrejón es «un hospital público con acceso universal y con control público». Defendió que se trata de un concierto en el que la titularidad y la responsabilidad siguen siendo de la Administración, y acusó a la izquierda de confundir conceptos de manera deliberada: «Confundir términos no es un error, es una estrategia política».
El portavoz popular acompañó esa defensa con datos de actividad y tiempos asistenciales. Señaló que en 2024 el hospital atendió 421 consultas externas, 90.000 más que el año anterior, y que la plantilla creció un 21,8%. También afirmó que la demora media en consultas es de 32 días frente a 60 de media en su categoría, y que las pruebas diagnósticas registran 3 días frente a 57, además de un índice de reclamaciones por debajo de la media.
Martín sostuvo además que se han realizado 40 auditorías de aseguramiento de datos y actividad sin detectar irregularidades. Negó que las inspecciones hayan hallado evidencias sobre la reutilización de material de un solo uso, y citó una carta firmada por jefes de servicio que, según dijo, avala que no se han cometido prácticas contrarias a lo profesional y ético. Con ese marco, concluyó que la comisión no busca esclarecer, sino «un tribunal ideológico» y un «altavoz» para insinuaciones.
El PSOE acusa al PP de opacidad
La diputada del PSOE, Sara Bonmatí, defendió la comisión como un instrumento legítimo de fiscalización sobre el cumplimiento de pliegos, el uso del dinero público y los posibles riesgos para pacientes. Planteó el debate como un choque entre transparencia y un sistema que, a su juicio, se sostiene en la opacidad, y afirmó que lo que se discute no es solo un hospital, sino el funcionamiento democrático de la Comunidad.
Bonmatí describió lo que llamó una «arquitectura del privilegio y la opacidad» construida durante décadas por el Partido Popular. Según su tesis, ese modelo se apoya en tres pilares: «Privatizar los servicios públicos, socializar las pérdidas y, lo más importante, apagar la luz para que nadie vea lo que ocurre». En ese marco, justificó la comisión como una vía para «fiscalizar» y «saber si se están cumpliendo los pliegos de condiciones».
La diputada socialista sostuvo que el PP se niega a hablar de auditorías «silenciadas», de reequilibrios económicos y de la relación entre listas de espera y cuenta de resultados en empresas concesionarias. Afirmó que la opacidad actúa como antesala de la corrupción, y que impedir la comisión implica proteger un modelo que, en su relato, convierte hospitales en negocios. En uno de sus pasajes más duros, afirmó que «no construyen hospitales, construyen negocios con forma de hospital».
Bonmatí terminó vinculando el voto contrario a investigar con una «complicidad activa», insistiendo en que impedir esa comisión no impedirá que la oposición mantenga el asunto en el foco político y judicial. En su cierre, presentó la votación como un reflejo del miedo a que entren «la luz» y el control parlamentario en la gestión del Hospital de Torrejón.
Vox pide una auditoría independiente
La diputada de Vox, Raquel Barrero, anunció la abstención y resumió su postura con una idea: «Vox no se opone a que se investigue», pero no considera que una comisión parlamentaria garantice rigor ni eficacia. Advirtió de que estas comisiones pueden derivar en «titulares» y «propaganda» más que en conclusiones útiles.
Barrero reclamó «luz y taquígrafos» y pidió que, si el Gobierno regional afirma tener auditorías, las publique con metodología, alcance, periodo analizado, fuentes y conclusiones. Defendió una auditoría técnica independiente que abarque contratos, actividad asistencial, listas de espera, derivaciones, continuidad asistencial, reclamaciones, seguridad del paciente y medidas correctoras.
Más Madrid insiste en el «escándalo»
El diputado de Más Madrid, Hugo Martínez, defendió que el debate trata de investigar o no «el escándalo del Hospital de Torrejón». Aludió a audios y correos electrónicos que, según explicó, apuntarían a decisiones sobre listas de espera, derivaciones y reutilización de material, y criticó la reacción del Ejecutivo regional ante esas informaciones.
Martínez sostuvo que la investigación anunciada por la Consejería se resolvió con una descalificación política y denunció la conclusión de la consejera de reducir el caso en que «lo del Hospital de Torrejón es un trending topic de la izquierda para tapar corruptos y puteros». Desde esa premisa, defendió que la comisión es el mecanismo parlamentario para pedir documentación y depurar responsabilidades.
