El Parlamento de Canarias ha dado luz verde en la sesión plenaria de hoy a una Proposición No de Ley (PNL) que propone reconocer la obesidad como una enfermedad crónica dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, abriendo así la puerta a la financiación pública de su tratamiento farmacológico, según Europa Press.
La iniciativa, impulsada por Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-BC), obtuvo 54 votos a favor y tres abstenciones del Grupo Mixto (Vox). El texto aprobado incluye, además, la elaboración de un plan integral de prevención y detección precoz, con especial atención a la obesidad infantil y con un enfoque que tenga en cuenta el género y la situación socioeconómica.
Durante el debate, la diputada de NC-BC, Esther González, subrayó el «grave problema» que supone la obesidad en las islas, recordando que no se trata de «un problema de estética», sino de una patología «crónica y multifactorial» que está estrechamente vinculada con «las desigualdades» sociales y territoriales. Según señaló, «los datos reflejan que el 23,1% de la población adulta en Canarias padece obesidad, y cuando ya miramos a los niños y niñas, la situación es aún más alarmante: el 35,5% de la población infantil canaria».
La diputada también advirtió que «Canarias es la segunda comunidad con más obesidad en toda España» y lamentó el «coste altísimo» que esta enfermedad genera en el sistema sanitario, cifrando el incremento del gasto en torno al 20%. «Tan sólo esto es la punta del iceberg, hay costes indirectos como el absentismo laboral, la incapacidad y la menor productividad», añadió.
Desde NC-BC se defendió que la obesidad debe dejar de ser tratada como un síntoma aislado y pasar a considerarse una enfermedad estructural del sistema sanitario. Por ello, el grupo solicitó su inclusión formal en la cartera de servicios comunes y la financiación de los tratamientos farmacológicos, actualmente «inaccesible» para buena parte de la población.
Llamamiento a un abordaje integral y financiado
La propuesta fue bien recibida por la mayoría de los grupos, aunque con matices. Vox, a través del diputado Galván, presentó una enmienda para «ampliar» la iniciativa y extender las obligaciones también al Gobierno regional, no solo al Estado. El parlamentario reconoció a la portavoz de NC-BC por ser «valiente» en vincular la obesidad al impacto económico y laboral, y pidió «profundizar en los planes existentes o promover uno nuevo para la adquisición de hábitos saludables en la población infantil».
Coincidencia en el diagnóstico, diferencias en el enfoque
Desde Coalición Canaria (CC), la diputada Vidina Espino compartió la preocupación por el avance de la obesidad, pero recordó que el Ejecutivo autonómico ya trabaja en un proceso asistencial integrado para el sobrepeso y la obesidad dentro del Servicio Canario de Salud, un documento «pionero» en España que plantea un abordaje «integral» de la enfermedad. Reclamó, no obstante, que el Estado incremente los recursos: «Nuestras tasas de obesidad son mucho más elevadas que en el resto de comunidades autónomas y eso requiere un esfuerzo especial», afirmó.
Por su parte, el diputado del Partido Popular, David Morales, instó a evitar enfoques que vinculen la obesidad con la productividad laboral, al advertir que un «posible enfoque inadecuado puede generar un señalamiento social no deseado». El popular defendió reforzar el programa autonómico de atención integral y mantener el revolucionario sistema de prescripción de actividad física del archipiélago.
Una urgencia sanitaria con dimensión social
La parlamentaria Mendoza (ASG) calificó la obesidad como un «reto social de primer orden», subrayando la necesidad de pasar de las declaraciones de intenciones a medidas efectivas. En la misma línea, el socialista Pérez del Pino (PSOE) recalcó que la enfermedad tiene cara y afecta especialmente a los barrios con mayores niveles de pobreza y exclusión.
El diputado socialista denunció que estas familias viven «golpeadas por la inseguridad alimentaria, por la ausencia de recursos económicos y socioeducativos, sino también por la falta de vivienda», y criticó que «el proyecto de ley del uso turístico de la vivienda haya sacado del mercado residencial a unas 32.000 viviendas que podrían estar al servicio de estas personas con menos recursos».
Pérez del Pino reclamó «más determinación» en las partidas presupuestarias y defendió que «eliminar la brecha social y sanitaria exige medidas concretas», apelando a reforzar la Atención Primaria y evaluar de forma continua los resultados.
Con esta votación, el Parlamento de Canarias da un paso político significativo hacia el reconocimiento de la obesidad como enfermedad crónica, situando la salud pública en el centro del debate y reclamando una estrategia nacional de prevención y tratamiento que garantice la equidad y la sostenibilidad del sistema sanitario.
