El Ministerio de Sanidad ha convocado dos plenos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en apenas dos semanas: el ordinario previsto para este viernes, 27 de marzo, y otro para el jueves 9 de abril «monográfico sobre la huelga de facultativos». La convocatoria de este segundo encuentro extraordinario se produce después de que el departamento que dirige Mónica García recibiera una carta de varios consejeros de Sanidad en la que reclamaban que el conflicto tuviera un tratamiento específico en el principal órgano de coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas.
La misiva, fechada el 23 de marzo de 2026 y dirigida a la ministra, trasladaba de forma expresa la preocupación autonómica por el alcance que está adquiriendo el paro médico. En concreto, los consejeros advertían del «actual escenario de huelga médica derivada del proceso de negociación del Estatuto Marco» y de su «repercusión asistencial y organizativa en el Sistema Nacional de Salud», por lo que pedían incorporar al pleno del 27 de marzo una valoración específica de su impacto sobre la asistencia sanitaria y sobre la evolución del conflicto en el plano interterritorial.
El contenido del escrito dejaba claro que las comunidades querían que la huelga se abordara al inicio de la reunión ordinaria, antes de entrar en el resto de asuntos previstos en el orden del día. La petición no solo ponía el foco en la afectación asistencial del paro, sino también en la necesidad de analizar su dimensión territorial en un momento en el que varias autonomías ya venían alertando de sus consecuencias organizativas.
Según explican fuentes del Ministerio de Sanidad a Gaceta Médica, la decisión de convocar un pleno extraordinario el 9 de abril para abordar de forma monográfica la huelga médica en lugar de incluirlo en el Orden del día del próximo viernes responde a una valoración organizativa del propio departamento. Sanidad habría optado por separar este asunto tras tener en cuenta las «quejas» expresadas en reiteradas ocasiones por los consejeros sobre la excesiva acumulación de asuntos en este tipo de reuniones y comprobar que el orden del día de este viernes ya incluía un elevado número de temas.
Por otra parte, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha explicado que la intención de la carta era precisamente dar prioridad a este conflicto dentro del pleno ordinario, «antes de empezar a ver nada más». A su juicio, la magnitud de la movilización justificaba que se analizara de forma específica tanto su repercusión asistencial como el estado de la negociación con los facultativos.
También, Matute ha enmarcado además el paro en un escenario especialmente grave, al asegurar que se trata de «la peor huelga de la historia de médicos» y subrayar además su carácter indefinido. En el caso de la Comunidad de Madrid, ha cifrado el impacto económico en «unos 10 millones de euros» y ha detallado que las consecuencias asistenciales pasan por «135.000 consultas que se han anulado, 6.500 cirugías y 13.600 pruebas diagnósticas», una situación que, según advirtió, va a traducirse en más presión asistencial para los profesionales sanitarios y en un aumento de las listas de espera.
La consejera madrileña sostiene que la iniciativa de los consejeros no buscaba únicamente poner sobre la mesa el balance de actividad perdida, sino también abrir una reflexión sobre el rumbo de la negociación. De hecho, defendió que en el Interterritorial debía abordarse «no solo la repercusión de la huelga, sino el estado de negociación de esa huelga», al considerar que el Ministerio tiene que abrir una interlocución real con los facultativos.
En este sentido, Matute reclamó, una vez más, que Sanidad se siente con los médicos, «que escuche lo que están reclamando» y que les ofrezca «un marco específico» para negociar sus condiciones. Aun así, quiso dejar claro que esa reivindicación no debe interpretarse como un agravio para otras categorías, al insistir en que debe hacerse «sin detrimento de ninguna otra categoría profesional».
La consejera también subrayó que la respuesta al conflicto no puede romper el equilibrio del modelo asistencial, basado en el trabajo conjunto de diferentes perfiles. Por eso, defendió la necesidad de preservar «ese equipo multiprofesional tan necesario para trabajar de forma conjunta como un engranaje», de modo que «a todos se les escuche y se les dé el puesto que merecen cuando se tratan sus condiciones». No obstante, remarcó que, en la situación actual, «los que se han levantado han sido los médicos», por lo que reiteró su consideración de que es necesario habilitar para ellos un ámbito propio de negociación, siempre sin menoscabar los derechos del resto de profesionales.
En la misma línea se expresó también el consejero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que aseguró haber remitido la carta a la ministra para reclamar la incorporación de un «punto fundamental» en el Consejo Interterritorial. A su juicio, resulta incomprensible que los consejeros se reúnan con el Ministerio sin abordar las reclamaciones de los médicos en un contexto en el que la huelga está teniendo ya un fuerte impacto sobre la asistencia. Sanz advirtió de que, tras tres semanas de movilizaciones, se acumulan 767.000 actos asistenciales afectados y sostuvo que esta situación, que calificó de «grave», obliga a abrir ese debate en el próximo CISNS. El dirigente andaluz reiteró, además, el apoyo de su Gobierno a los médicos y reclamó diálogo al Ejecutivo central, al tiempo que atribuyó a la ministra una «dejación de responsabilidades» por el efecto que, a su entender, está teniendo el conflicto sobre la atención sanitaria.
Matute insiste con una segunda carta
En una segunda carta remitida esta tarde, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, elevó el tono al advertir de la «grave situación» generada por la huelga médica vinculada a la reforma del Estatuto Marco. En el escrito, trasladado a la ministra de Sanidad, insiste en la necesidad de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aborde de forma urgente el impacto asistencial, organizativo y presupuestario del conflicto en el conjunto del país.
Matute solicita expresamente que este análisis se incluya en el orden del día del pleno ordinario del 27 de marzo y rechaza posponerlo a una reunión posterior. A su juicio, resulta «inaplazable» una revisión inmediata y conjunta que permita compartir información entre CCAA, alinear criterios y anticipar medidas que garanticen la continuidad y calidad de la atención sanitaria.
Aunque la consejera no descarta la celebración de un pleno monográfico más adelante, subraya que la prioridad debe situarse en el encuentro de este viernes. En este sentido, reclama que la huelga se incluya como primer punto del Orden del día, antes de cualquier otro asunto, al considerar que se trata del «mayor problema actual» del sistema sanitario, marcado por un paro indefinido que califica de inédito.
