La detección de casos de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes silvestres en Cataluña ha activado un despliegue sin precedentes de vigilancia y bioseguridad en toda España. Comunidades autónomas desde Aragón hasta Andalucía y Madrid han reforzado inmediatamente sus protocolos, subrayando la coordinación, el rigor y, fundamentalmente, un mensaje de calma para la población y los consumidores.
Los positivos, notificados en dos jabalíes en Bellaterra (Barcelona) y confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, marcan la primera detección de esta enfermedad en España desde noviembre de 1994.
Tranquilidad sanitaria: la PPA no afecta a humanos
El primer y más importante mensaje que las autoridades y expertos quieren trasladar es de total tranquilidad sanitaria: «la Peste Porcina Africana (PPA) es una enfermedad viral que solo afecta a cerdos y jabalíes«.
La PPA no es zoonótica. Esto significa que no existe ningún riesgo sanitario para la población, ni por contacto con los animales ni por la ingestión de productos derivados como la carne o los embutidos, pese a ser una enfermedad, en la mayoría de casos, letal para los animales a causa de una fiebre alta. Tanto el Ministerio de Agricultura como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han insistido en que el consumo de carne de cerdo o jabalí es completamente seguro para la salud humana, ya que los productos comercializados en España están controlados.
Además, la Organización Colegial Veterinaria (OCV) y la Asociación Nacional de Veterinarios Porcinos (ANAVEPOR) han respaldado las medidas adoptadas desde la aparición del foco, considerado por ahora muy localizado. El mecanismo de trasmisión entre animales es el contacto directo, a través de un vector o por la contaminación de la zona.
Respuestas regionales: vigilancia y bioseguridad
Ante la situación, la respuesta de las comunidades autónomas ha sido inmediata y coordinada, siguiendo las pautas del Programa Nacional de Vigilancia y la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE). A nivel de sanidad animal, las administraciones se han movilizado con un enfoque en la bioseguridad rigurosa. La Unión Europea considera la PPA una enfermedad de Categoría A, lo que impone a los estados miembros la adopción de medidas precisas para su control y erradicación. Las comunidades autónomas han revisado intensamente sus protocolos, haciendo hincapié en la prudencia estricta en los movimientos de animales y en la aplicación de medidas de limpieza y desinfección en las explotaciones ganaderas para blindarlas contra la entrada del virus.
En la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que no consta ningún caso de peste porcina en las 54 explotaciones de la región. No obstante, se ha incrementado la vigilancia habitual y se han puesto en marcha las pautas del programa nacional.
Aragón, siendo el primer productor de cerdo de España con más de 10 millones de cabezas y más de 4.300 explotaciones, ha activado una agenda intensiva de trabajo. El consejero Javier Rincón y la directora general Aitziber Lanza se han reunido con representantes de CEOE, CEPYME, organizaciones agrarias (UAGA, ASAJA, ARAGA, UPA), Cooperativas y el sector de alimentos.
Aunque no se ha detectado ningún caso, se ha reforzado la bioseguridad, aumentado los controles y planificado la vigilancia en zonas de riesgo. El Gobierno ha actuado con «rapidez y responsabilidad», creando «un grupo de trabajo conjunto entre Agricultura, Sanidad y Medio Ambiente«. Rincón ha destacado que la prioridad es «actuar con anticipación, rigor y absoluta coordinación».
El Gobierno andaluz también ha intensificado la vigilancia sobre la fauna silvestre para intentar «blindar al sector». Se ha creado un grupo de trabajo con las consejerías de Agricultura, Medio Ambiente y Salud, junto a organizaciones y exportadores, que se reunirá periódicamente.
El consejero Ramón Fernández-Pacheco ha insistido en que, al no tener casos en Andalucía, es fundamental que la política de cierre de mercados a la exportación se haga por comunidades autónomas afectadas, para evitar otros perjuicios.
En Castilla-La Mancha se han revisado los protocolos de actuación, haciendo hincapié en la «prudencia en los movimientos de animales» y en la estricta aplicación de medidas de bioseguridad, limpieza y desinfección en las explotaciones. La directora general Lydia Benítez coordina el trabajo junto a Sanidad, Desarrollo Sostenible y expertos del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC), para elaborar un mapa que identifica las zonas de mayor población de jabalíes.
La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha un plan enfocado en la reducción de la población de jabalíes en zonas de mayor riesgo. Se ha acordado una «partida extraordinaria para controlar la sobreabundancia, especialmente en el entorno de la AP-7, considerada una potencial vía de propagación de la enfermedad».
Por su parte, Galicia ha abierto un canal permanente de contacto con la Federación Gallega de Porcino, intensificando las medidas de vigilancia y reforzando el control del transporte por carretera para minimizar cualquier posible factor de riesgo de contagio.
La estrategia sanitaria se apoya fuertemente en el manejo del vector silvestre, el jabalí. Se está intensificando la vigilancia sobre la fauna silvestre, cumpliendo con las exigencias europeas que buscan evitar el contacto directo entre cerdos de granja y jabalíes. Así, se ha apelado a la vigilancia pasiva de la ciudadanía, solicitando que, si encuentran un jabalí muerto, llamen inmediatamente al 112 y se abstengan de manipularlo. También se ha prohibido explícitamente dar de comer a estos animales para evitar concentraciones de fauna que pudieran propagar la enfermedad.
Las medidas drásticas de Cataluña
La detección de los focos en jabalíes ha obligado a la Generalitat a implementar medidas excepcionales para evitar la propagación del virus. En la zona más cercana, un radio de 6 km, abarcando 12 municipios, se ha decretado el cierre total de acceso al medio natural, la suspensión de la caza y los trabajos forestales, y la instalación de barreras físicas y químicas para el control de jabalíes.
Además, en un perímetro de seguridad de 20 km, unos 64 municipios, se han limitado las actividades de ocio y caza, pidiendo también a la ciudadanía que extreme la limpieza de papeleras y contenedores, evitando alimentar a la fauna, y que se de aviso al 112 antes de manipular cualquier animal muerto. Destaca la restricción de acceso a la totalidad del Parque del Collserola para actividades recreativas, mientras equipos veterinarios, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y agentes del SEPRONA, trabajan en la zona para evitar que el núcleo de la infección se desplace.
El desafío ahora reside en mantener la coordinación entre todas las administraciones y el sector productivo, asegurando un flujo constante de información verificada para proteger al sector agroalimentario y garantizar su estabilidad económica.
