La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados debatió este jueves una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Popular (PP), centrada en la consecución real de avances tangibles en la prevención y el tratamiento integral y multidisciplinar del Alzheimer. Aunque la propuesta logró un amplio apoyo en cuanto a su diagnóstico, la sesión se vio marcada por fuertes críticas sobre la gestión del Gobierno en materia sanitaria.
El PP enmarcó la PNL no como una demanda directa de las familias, los cuidadores y los más de 800.000 enfermos diagnosticados de Alzheimer en España. Esta enfermedad suma unos 40.000 nuevos diagnósticos cada año y puede acarrear costes familiares que oscilan entre los 28.000 € y superan los 40.000 € anuales en los casos más graves, según los populares.
La principal crítica de Maribel Sánchez Torregrosa al Gobierno se centró en «la inacción, manifestada en el desuso y caducidad de herramientas clave del Sistema Nacional de Salud (SNS)». Según el PP, la estrategia de enfermedades neurodegenerativas no se ha revisado desde 2016, hace casi 10 años, y «el Plan Integral de Alzheimer y otras demencias expiró en 2023 sin que el Ejecutivo haya aprobado uno nuevo». Esta situación es denunciada reiteradamente por organizaciones como CEAFA y la Fundación Pascual Maragal.
La PNL del PP establece cuatro peticiones fundamentales, partiendo de que el Gobierno destine todos los recursos necesarios para avanzar en la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento del Alzheimer. También exigen la actualización de forma inmediata de la estrategia de enfermedades neurodegenerativas y el plan integral de Alzheimer, ambos considerados «totalmente desfasados», y la mejora de la coordinación sociosanitaria, la formación de cuidadores y el acceso a las innovaciones terapéuticas y científicas.
Por último, insistieron en que «todas estas acciones se ejecuten desde el consenso real con las comunidades autónomas, pacientes, familiares y profesionales».
Durante la defensa de la PNL, Sánchez Torregrosa criticó duramente «la falta de capacidad del Gobierno para poner sobre la mesa los recursos necesarios, argumentando que el Ejecutivo lleva más de dos años sin Presupuestos Generales del Estado«. Además, señalaron que «el retraso en el acceso a la innovación terapéutica en España supera los 600 días, un retraso que impide a los pacientes recibir medicamentos ya disponibles en Europa».
El PSOE, si bien compartió el diagnóstico sobre la magnitud de la enfermedad y la urgencia de una atención integral, no secundó el discurso político. La portavoz socialista, Margarita Martín, defendió que el Gobierno ya está intensificando los trabajos en prevención, detección temprana y formación, y que la coordinación sociosanitaria se está materializando. Además, refutaron la cifra de acceso a la innovación terapéutica, indicando que, según un informe del Ministerio de Sanidad de mayo de 2024, el tiempo de espera hasta la financiación del medicamento se sitúa en 344 días, una reducción frente a los 519 días de 2020.
Tomás Fernández, de Vox, coincidió con la valoración de la situación y denunció una «escandalosa desidia institucional ante las enfermedades neurodegenerativas». Sin embargo, propuso una enmienda, solicitando que el Gobierno revise y actualice la estrategia y el Plan Nacional de Alzheimer en un plazo máximo de 6 meses. También pidieron protocolos nacionales de coordinación sociosanitaria para evitar que la carga recaiga desproporcionadamente en las familias.
Rafael Cofiño, por Sumar, manifestó su apoyo total a la iniciativa, destacando su rigor y la importancia del abordaje sociosanitario, los cuidados integrales y la mejora de la Ley de Dependencia. No obstante, criticó que «el debate se está utilizando como un campo de batalla partidista».
Tanto el Grupo Socialista como Sumar y Vox coincidieron en que, a pesar del valor del marco propuesto, la PNL del PP carece de plazos, indicadores y mecanismos de seguimiento que permitan convertirla en una hoja de ruta plenamente operativa.
Finalmente, el PSOE anunció su voto favorable, asegurando que mejorar la atención al Alzheimer «no es un debate partidista, es un compromiso de país y una obligación moral». Finalmente, la PNL del PP, fue aprobada por unanimidad.
