La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves dos iniciativas parlamentarias dirigidas a abordar la situación laboral de los profesionales sanitarios y la planificación de los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, en un debate que volvió a evidenciar el choque político sobre la reforma del Estatuto Marco, la huelga médica y el reparto de competencias entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.
La primera de las propuestas, impulsada por el Partido Popular, estaba centrada en la mejora de la situación laboral de los médicos y en la planificación de los recursos humanos del sistema. La segunda, presentada por Sumar, ampliaba el foco al conjunto de los profesionales sanitarios y ponía el acento en la ejecución de medidas ya acordadas entre administraciones.
El PP se queda solo con la abstención de Vox
La iniciativa del PP fue defendida por la portavoz de Sanidad del grupo, Elvira Velasco, quien situó su propuesta en el contexto del conflicto abierto por la reforma del Estatuto Marco y la huelga de médicos. Según sostuvo, se trata de un conflicto «evitable» provocado por la «falta de diálogo» de la ministra de Sanidad ante una reforma estructural. Velasco reivindicó los contactos mantenidos por su partido con el Foro de la Profesión Médica, el Comité de Huelga y la Asociación MIR España, y aseguró que su grupo sí ha escuchado las demandas del colectivo médico.
En su intervención, la diputada popular criticó la escasa participación de los profesionales y de las comunidades autónomas en la elaboración del anteproyecto, denunció la ausencia de memoria económica y de planificación estratégica de recursos humanos y afirmó que el Ministerio ha tratado la reforma «como un trámite administrativo», pese a afectar a más de 800.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud. También pidió respuestas específicas a cuestiones como la singularidad del colectivo médico, su ámbito de negociación, la clasificación profesional, la jornada laboral, la jubilación y la planificación de plazas MIR.
Vox presentó una enmienda al texto del PP, defendida por su portavoz de Sanidad, David García Gomis, que insistió en la necesidad de reconocer la «singularidad» de la profesión médica y de avanzar hacia un Estatuto Médico propio. El diputado vinculó la actual situación a problemas que, a su juicio, se arrastran desde hace años, como las jornadas prolongadas, la sobrecarga, el «burnout» y la falta de planificación de recursos humanos. Además, reclamó medidas concretas para mejorar las condiciones laborales y frenar la salida de médicos del sistema, subrayando el coste formativo de cada facultativo y la frustración con la que muchos se encuentran al incorporarse a la práctica asistencial.
Sin embargo, el Partido Popular rechazó finalmente la enmienda de Vox y la proposición no de ley fue tumbada por un estrecho margen: 14 votos a favor (PP), 15 en contra (PSOE y Sumar) y 3 abstenciones (Vox).
Sumar se queda a tres votos
Frente a esa iniciativa, Sumar defendió una propuesta propia que ampliaba el objeto del debate del colectivo médico al conjunto de profesiones sanitarias. La portavoz de Sanidad del grupo, Alda Recas, reconoció abiertamente que su iniciativa respondía en parte a una voluntad de contraponer el planteamiento del PP y de recordar a los populares el alcance de las competencias autonómicas en materia de gestión sanitaria y condiciones laborales.
Recas sostuvo que muchas de las medidas que el PP reclama al Gobierno central corresponden en realidad a las comunidades autónomas, especialmente en cuestiones como la estabilidad, las ofertas públicas de empleo, las bolsas de trabajo, las condiciones laborales o la aplicación de acuerdos ya adoptados en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Citó expresamente compromisos aprobados en 2025 y 2026, así como el Plan de Atención Primaria y Comunitaria, y defendió que existen fondos condicionados y acuerdos de obligado cumplimiento que las autonomías deben aplicar.
La diputada de Sumar también defendió que el Ministerio está actuando dentro de su ámbito competencial, tanto en la negociación del futuro Estatuto Marco como en la planificación de recursos humanos, y señaló que no es necesario esperar a un eventual cambio de Gobierno para poner en marcha medidas que dependen ya de los ejecutivos autonómicos.
El PP respondió a esa segunda iniciativa a través de su portavoz de Sanidad, María del Mar Vázquez, quien sostuvo que todos los profesionales, sanitarios y no sanitarios, son imprescindibles dentro de un equipo asistencial «indivisible», pero reprochó a Sumar que utilizara el debate para desviar la atención sobre la «inoperancia legislativa» del Gobierno. A su juicio, tanto el Ministerio como las comunidades autónomas tienen responsabilidades propias y complementarias en la mejora de las condiciones laborales, y acusó al Ejecutivo de no haber sido capaz ni de negociar, ni de planificar, ni de aportar los recursos necesarios para resolver el conflicto con los médicos.
Desde el PSOE, la diputada María Luisa Faneca respaldó la iniciativa de Sumar y defendió que la coordinación entre administraciones es esencial para proteger la sanidad pública y a todos los profesionales que la integran. En su intervención, insistió en que el Estado tiene la competencia de coordinación, mientras que la gestión y el desarrollo de las políticas sanitarias recaen en las comunidades autónomas, a las que reclamó el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Interterritorial y una mayor implicación en la planificación de recursos humanos. Su discurso incluyó además duras críticas a la gestión sanitaria del PP en Andalucía.
Vox, por su parte, cargó también contra la propuesta de Sumar. David García Gomis acusó al grupo de actuar como «banderizo» del Ministerio de Sanidad y de intentar trasladar a las autonomías toda la responsabilidad de un conflicto que, según defendió, los propios médicos atribuyen al departamento que dirige Mónica García. En su intervención, volvió a apoyarse en las protestas del colectivo médico para sostener que los facultativos se sienten “arrinconados” y despreciados por el Ministerio.
La iniciativa de Sumar tampoco prosperó y fue rechazada por 17 votos en contra frente a 15 a favor. En este sentido, el resultado de la sesión deja, por tanto, una doble derrota parlamentaria en un momento de fuerte tensión en el debate sanitario. Por un lado, decayó la propuesta del PP, que buscaba una respuesta específica a las reivindicaciones del colectivo médico en plena huelga. Por otro, también fracasó la de Sumar, que trataba de ensanchar el enfoque al conjunto de profesiones sanitarias y de subrayar el papel de las comunidades autónomas en la aplicación de mejoras laborales y organizativas, sosteniendo la versión del Ministerio de Sanidad.
