La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha sido el escenario de un intenso debate sobre la situación que atraviesa la Atención Primaria en España con una Proposición No de Ley (PNL) presentada originalmente en junio de 2024 por el Grupo Parlamentario Popular (PP). Aunque la iniciativa inicial estaba enfocada en paliar la «necesidad extrema de profesionales sanitarios» durante el verano, la discusión subrayó que «el déficit de médicos de familia y comunitarios es un problema de carácter estructural que sigue sin resolverse«, según defendió Elvira Velasco, portavoz del PP.
Insistió en que la Atención Primaria, considerada un nivel asistencial prioritario, se halla en una situación de «déficit de médicos que requiere soluciones urgentes». Una de las principales medidas que demandaron, y por la cual se autoenmendaron, es mantener la prórroga de la jubilación demorada voluntaria o jubilación activa. Según Velasco, «si el Gobierno no renueva la medida recogida en el Real Decreto Ley 20/2022 del 27 de diciembre, unos 1.100 médicos dejarán de trabajar alrededor del 28 de diciembre, una situación que podría dejar a aproximadamente 1,5 millones de españoles sin médico, generando una grave crisis en el sistema». Calificó como una «auténtica aberración» el riesgo de que la ministra de Sanidad, Mónica García, «envíe a más de 1.000 médicos fuera del sistema».
Además de la crítica a la gestión de personal, el PP denunció que el Gobierno sigue operando con los presupuestos de 2023, «destinando 172 millones de euros a Atención Primaria, lo que se traduce en 3,7 € por español para este nivel asistencial, una cantidad insuficiente para impulsar una auténtica revolución». También señalaron el «insuficiente incremento de plazas MIR para médicos especialistas en familia y comunitaria: solo 16 más en 2025 y 36 más en 2026, muy por debajo de las 4.500 plazas que se estiman necesarias según el informe de 2023-2035».
Recordó que «la sanidad española está experimentando su tercera huelga de médicos este año, combinando protestas laborales y académicas, lo que pone de manifiesto el hartazgo ante un Estatuto Marco que necesita actualización». Por ello, el PP instó a la ministra a retirar el anteproyecto de ley y a renegociar «con humildad y sin prepotencia». La oposición también resaltó el retraso en la publicación del listado de admitidos y excluidos para el examen MIR que se celebrará el 24 de enero, el cual debería haberse publicado dos meses antes, «generando incertidumbre en los 12.366 aspirantes a las plazas de formación sanitaria especializada».
Los demás grupos parlamentarios coincidieron en reconocer la crisis de la Atención Primaria, pero discreparon sobre la atribución de culpas y la eficacia de las soluciones propuestas por el PP.
Por el PSOE, María Sainz, aunque agradeció la rectificación del PP, defendió algunos avances. Destacaron que en la última edición 2024-2025, todas las plazas MIR de las distintas especialidades, incluida Medicina Familiar y Comunitaria, han sido adjudicadas. Sin embargo, el PSOE atribuyó el problema de la falta de médicos a una «deficiente redistribución y a la inestabilidad contractual ofrecida por algunas comunidades autónomas (CC. AA.)», citando el ejemplo de Madrid, «donde los médicos especialistas reciben contratos inestables, con bajos sueldos y poca consideración profesional». Los socialistas instaron a las CC. AA. a coordinarse mejor para la oferta de unidades de formación especializada.
Rafael Cofiño, del Grupo Plurinacional Sumar, destacó que «la importancia de una buena red de Atención Primaria es lo que otorga el apellido de ‘salud’ al Sistema Nacional de Salud (SNS)». Si bien se reconoció que la Atención Primaria «necesita presupuesto, personal, prestigio y poder», también advirtió que no se pueden atribuir en solo dos años culpas que son históricas. Criticó que utilizar la sanidad como un «campo de batalla partidista es un error extremo que solo consigue desprestigiar el sistema».
Vox, a través de Tomás Fernández Ríos, tildó las propuestas del PP de «medidas cosméticas» y «parciales, paliativas y no ejecutivas». Argumentaron que la raíz del problema es el diseño de un Sistema Nacional de Salud fragmentado, «donde la planificación, contratación y gestión diaria de recursos humanos recae en los 17 servicios autonómicos de salud«. Aunque Vox se mostró de acuerdo con la prórroga de la jubilación, la considera «un parche temporal que no aborda las causas profundas, como las condiciones laborales, la conciliación o la renovación generacional». La solución, según este grupo, pasa por «una sanidad unificada con un Ministerio con todas las competencias».
A pesar de las diversas enmiendas y aportaciones presentadas por los grupos, el Grupo Parlamentario Popular decidió mantener su iniciativa, con la autoenmienda presentada, sin aceptar las modificaciones del Grupo Socialista. Finalmente, la PNL fue aprobada con 17 votos a favor y 15 votos en contra.
