El reciente informe del Ministerio de Sanidad titulado ‘Muface: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud’ ha marcado un punto de inflexión para la Mutualidad General de funcionarios Civiles del Estado (Muface). Ante la negativa de las aseguradoras privadas, que prestaban hasta ahora servicio a los funcionarios, Adeslas, Asisa y DKV, a renovar el concierto para la provisión de asistencia sanitaria a los trabajadores públicos, el Gobierno estudia la posibilidad de integrar a los mutualistas en el Sistema Nacional de Salud (SNS), lo que, de producirse, tendría lugar en los nueve meses siguientes a enero de 2025. Pero ¿cómo puede asumir el SNS 1,5 millones de pacientes más?
“Es un claro desafío para la sanidad pública. La masa de asegurados de Muface son personas mayores de 65 años o lo que serán en diez años”, ha explicado para GM el director del grupo de investigación en Economía de la Salud de la Universidad de Castilla La Mancha, Álvaro Hidalgo. “Esto supone que es una población muy intensiva en el uso de recursos sanitarios, porque el envejecimiento implica cronicidad y esto incrementa la necesidad de asistencia sanitaria”, añade.
El experto, puntualiza además para GM, que la absorción de funcionarios por los sistemas de salud variará en dificultad según las regiones. “Sería especialmente difícil en aquellas comunidades donde se concentra el mayor número de funcionarios, como Madrid o Cataluña”, explica Hidalgo. El porcentaje de funcionarios que ya son mayores, con respecto a la población del SNS es mayor, esto hace que la prestación media por persona del asegurado de Muface sea superior a la prestación media por persona del SNS”, apunta Hidalgo. Esto implica más personas que hacen un uso más intensivo de la asistencia, “lo que provoca una sobrecarga en los sistemas de salud autonómicos”, puntualiza Hidalgo.
Principal causa del rechazo de las aseguradoras: la edad de los mutualistas
Para Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, sin embargo, la respuesta a la pregunta de si el SNS podrá asumir a los mutualistas es clara: “Hay que hacer una buena planificación, calendarizada y respaldada con una correcta financiación para conseguir una incorporación paulatina y sostenible, pero es posible”, afirma. “Es hora de plantearse si ha llegado el momento de dar la patada a un sistema insostenible”, añade Padilla.
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, subraya además que el detonante del cambio es la decisión de las aseguradoras de no presentarse al nuevo concierto de Muface. Esto, a pesar de una oferta gubernamental que incrementó el presupuesto en un 17%, ofreciendo concretamente 1.337 millones de euros para 2025 y 1.344 para 2026.
La principal razón para el rechazo de esta oferta, según Padilla, “radica en el envejecimiento de la población mutualista y en que hasta un 70% de los nuevos funcionarios optan por el SNS para su asistencia sanitaria, un modelo más sostenible a largo plazo”. Además, hay que tener en cuenta otro factor fundamental. “Las coberturas de Muface hace ya unos años que se extinguieron, es decir los funcionarios de nuevo ingreso ya no pueden optar por Muface para tener asistencia sanitaria”, recalca Hidalgo.
“Cuando una aseguradora privada enfrenta un panorama insostenible, tiene tres opciones: aumentar el precio del contrato, reducir la calidad del servicio o simplemente no concurrir”, explicó Padilla. En este contexto, el SNS se presenta como una solución viable, al no operar bajo criterios de rentabilidad económica, “sino con el objetivo de garantizar un sistema accesible y sostenible”, añade Padilla.
Impacto y capacidad de absorción del SNS
El informe detalla que la incorporación de los mutualistas al SNS representaría un aumento del 2,1% en el número total de usuarios del sistema. Este incremento, aunque manejable en términos globales, sería desigual entre comunidades autónomas ya que regiones como Extremadura, Cataluña, Castilla y León y Andalucía absorberían un porcentaje superior al 3%, mientras que otras, como Navarra o País Vasco, registrarían un impacto mucho menor en sus sistemas sanitarios.
En términos de salud, según recoge el informe, la población mutualista de Muface es, en promedio, más sana que la población general. Presenta una menor prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes, cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca. Sin embargo, hay una excepción: las patologías oncológicas. Según Padilla, existe un fenómeno conocido como “selección de riesgos”, en el que mutualistas con diagnósticos de cáncer tienden a migrar al SNS en busca de tratamientos más especializados y menos costosos para el paciente.
Sin embargo, en este punto, los expertos discrepan. “La masa de asegurados de Muface son personas mayores de 65 años o que lo serán en 10 años, con lo que aumenta la cronicidad”, señala Hidalgo. “Una persona sin enfermedad crónica supone un gasto medio en salud de 1.000 euros al año”, indica Hidalgo. “Una persona con cinco o más enfermedades crónicas, multiplica esa cifra por 20”, recalca el experto.
Un plan de transición cuidadoso
En todo caso, el proceso de integración requerirá una planificación meticulosa para evitar interrupciones en la atención sanitaria de los pacientes que transitarían de la Mutualidad al SNS. Padilla enfatiza en este punto la importancia de identificar a los pacientes más vulnerables, como aquellos en cuidados paliativos o con tratamientos oncológicos avanzados, quienes serían los últimos en transitar al SNS. “Habría que identificar a aquellos pacientes en los que la longitudinalidad sea un factor muy determinante en su proceso de salud”.
Además, será esencial garantizar la transferencia de información clínica entre los sistemas privados y públicos. Esto incluye coordinar pruebas diagnósticas, cirugías y tratamientos en curso para evitar duplicidades o demoras. “La planificación garantizará que nadie quede desatendido durante la transición”, afirmó Padilla. Para ello, una parte del plan determina que los primeros cuatro meses del plan se lleven a cabo las intervenciones ya previstas, para que los pacientes pasen al SNS con la situación ya solucionada.
El informe también propone un enfoque calendarizado, con incorporación paulatina de mutualistas por edad, aseguradora y región. Este modelo busca minimizar el impacto en los servicios de salud regionales y evitar la saturación en los sistemas públicos más afectados.
Financiación y sostenibilidad del cambio
Para que la integración sea efectiva, la financiación deberá acompañar al proceso. Según el informe, los recursos que antes se destinaban a las aseguradoras privadas serían transferidos a las CCAA de manera finalista, asegurando que se inviertan en la mejora de los servicios de salud pública. Esta es una de las peticiones más repetidas entre las CCAA. “Es lógico que varios consejeros hayan exigido al Gobierno una nueva financiación por parte del SNS para hacer frente a estas demandas que se van a generar al pasar los funcionarios a sus sistemas de salud”, explica Hidalgo.
Sin embargo, en términos logísticos, Padilla señala que el impacto es asumible, ya que el SNS está acostumbrado a manejar incrementos anuales de usuarios de forma rutinaria. “No estamos hablando de un aumento del 10% o el 20%, sino de algo que se mueve dentro de la normalidad”, asegura.
De hecho, el volumen de usuarios incorporados desde Muface sería, según el informe de un 2,1%. “Un margen de crecimiento de usuarios normal para el SNS que asume cada año entre un 1 y un 2% de usuarios más”, recalcó Padilla.
Un cambio estructural para el futuro
Según el informe, el contexto actual, hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a los mutualistas a la asistencia sanitaria pública sea una opción viable y razonable. “En 2024, con un sistema público consolidado, mantener un modelo paralelo con aseguradoras privadas parece haber llegado a su límite”, recoge el informe.
La transición de Muface al SNS no solo busca resolver un problema coyuntural, como la falta de interés de las aseguradoras a la hora de concurrir a las condiciones ofertadas por el Gobierno, sino también abordar cuestiones estructurales.
Entre ellas, el envejecimiento de la población mutualista, que muestra un envejecimiento de la población base de Muface con ausencia de elementos de contrapeso que sirvan para ajustar la cápita a cantidades más bajas y controladas de cara a los próximos años. Por otro lado, la desigual distribución de riesgos por comunidades, con sus particularidades de población y los altos costos asociados a mantener un sistema fragmentado.
La incorporación al SNS debería hacerse, en todo caso, anteponiendo la continuidad en la atención, la calidad de los cuidados y la seguridad del paciente. “Poner al paciente en el centro a la hora de llevar a cabo la transición puede reducir los posibles errores y favorecer el aprovechamiento de las virtudes del SNS tales como la presencia de la Atención Primaria, factor diferencial con respecto al régimen mutualista de aseguradora privada”, asegura el informe.
En definitiva, si la financiación actualmente destinada a la asistencia sanitaria de las personas mutualistas de Muface que acuden a la aseguradora privada se transfiriera a la sanidad pública de las comunidades, el SNS debería tener capacidad para prestar ese servicio con la adecuada gestión del proceso de transición. Este cambio requiere una gestión adecuada y una transición bien planificada. El éxito del proceso dependerá de una coordinación efectiva entre el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Función Pública y las Comunidades Autónomas. En general, se ve como una oportunidad para fortalecer el SNS y garantizar asistencia sanitaria equitativa, sostenible y de calidad para todos los ciudadanos, incluidos los funcionarios públicos.
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