El Congreso de los Diputados ha debatido la toma en consideración de una Proposición de Ley de iniciativa legislativa popular (ILP) sobre ratios mínimos de enfermeras, con el objetivo de mejorar la seguridad de los pacientes y la calidad asistencial en centros sanitarios y otros ámbitos. Esta iniciativa, avalada por 600.000 firmas, ya había sido discutida en legislaturas anteriores, pero no había progresado debido a repetidas prórrogas y bloqueos.
La iniciativa fue llevada a debate en la Comisión de Sanidad del Congreso el pasado mes de septiembre tras nada menos que cinco años y 83 prórrogas en plazo de enmiendas que han paralizado la propuesta desde el año 2018. La propuesta ha salido adelante en el Congreso y continuará su tramitación por 316 votos a favor, 5 en contra y 21 abstenciones.
Según su exposición de motivos, el déficit de personal de enfermería en España, con 6,1 enfermeras por cada 1.000 habitantes frente a la media europea de 8,8, afecta tanto a los profesionales como a los pacientes.
Intervenciones parlamentarias
Durante el turno de los parlamentarios para fijar posiciones ante la iniciativa, la mayoría de los partidos han mostrado su apoyo a una medida que han tildado de «necesaria para la profesión y para el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud».
María del Carmen Castilla Álvarez, portavoz del PSOE, ha asegurado que su grupo está a favor de esta iniciativa, “que viene a dignificar la profesión enfermera y por la que llevamos luchando años”, recordando que desde el Gobierno “ya se trabaja para cuidar a los profesionales que nos cuidan”. Sin embargo, ha destacado la necesidad de negociar con las comunidades autónomas, ya que son responsables de la gestión sanitaria.
Desde las filas del Partido Popular, Elvira Velasco Morillo ha criticado sin embargo la gestión del actual Gobierno, afirmando que no ha priorizado la enfermería en ningún momento de su legislatura. «Invertir en enfermería es invertir en salud, pero este gobierno no ha hecho un verdadero plan de recursos humanos en seis años«, ha afeado al Gobierno.
Los socios del Gobierno, por boca de Alda Recas Martín de Sumar ha lamentado el estancamiento de la propuesta en legislaturas anteriores y ha subrayado que la falta de personal pone en riesgo la calidad asistencial: «El futuro del sistema sanitario depende de cómo tratemos a las profesiones de los cuidados ahora» ha señalado.
Néstor Rego del BNG, Grupo Mixto, ha criticado la demora en abordar esta propuesta y ha afirmado que «lo que está en debate es la calidad de la sanidad pública y la precariedad del sistema sanitario, que afecta directamente a los pacientes». Rego ha mostrado el apoyo de su grupo a la ILP, pero ha lamentado el hecho que no abarque a todo el personal sanitario.
Por su parte, su compañero en el Grupo Mixto, el diputado Javier Sánchez Serna ha señalado que la propuesta ya fue votada en 2020 pero bloqueada posteriormente. Por otra parte ha destacado la alta temporalidad del personal de enfermería y cómo ello dificulta la calidad asistencial: «España ocupa el puesto 24 de la UE en ratios de enfermeras, pero no basta con votar la iniciativa, hay que comprometerse a tramitarla», ha concluido en su intervención. Porque ha recordado “de que sirve votarla si luego se paraliza como estos años atrás y no sale adelante”, ha reiterado.
Los partidos más críticos
Desde el resto de partidos se han escuchado las voces más críticas, no tanto por la iniciativa, con la que todo han coincidido, están de acuerdo en sus puntos principales sino y sobre todo por que consideran que la gestión del personal sanitario es una competencia autonómica.
Así, Maribel Vaquero Montero diputada de EAJ-PNV ha expresado su rechazo a la propuesta por considerarla una invasión competencial: «La planificación del personal sanitario es competencia de las comunidades autónomas, y esta iniciativa vulnera el marco constitucional«, ha dicho durante su turno de palabra. Además, es una propuesta ha continuado, “que ya fue aprobada en diciembre de 2020 y se dejó morir tras 83 prórrogas en plazo de enmiedas”, ha subrayado.
Desde EH-Bildu, su portavoz Iñaki Ruiz de Pinedo ha destacado que “compartimos la preocupación que motiva esta iniciativa” y ha destacado que es necesario reforzar los sistemas públicos de salud ante “la creciente privatización”. «El modelo organizativo debe definir los ratios necesarios de profesionales y no al revés», ha concluido desde el estrado.
Pilar Calvo Gómez de Junts per Catalunya, ha recordado el esfuerzo del colectivo promotor de la iniciativa y ha destacado las carencias postpandemia: «Más enfermeras significan más salud, más seguridad y menos gasto». Sin embargo, ha enfatizado que solo esta ley no resolverá la falta de personal en Cataluña, donde se estiman 19.000 enfermeras menos de las necesarias. “Eso en Cataluña, en España faltan más de 120.000 enfermeras”, ha recalcado. “Desde la política, debemos cuidar a los que nos cuidan porque aumentar el número de enfermeras disminuye la mortalidad y la morbilidad”, ha concluido.
Etna Estrems Fayos (Grupo Republicano) ha calificado la iniciativa como justa y necesaria, pero ha insistido en la necesidad de respetar el modelo de salud autonómico: «Las enfermeras son el pilar fundamental del Sistema Nacional de Salud y su voz debe ser escuchada», ha afirmado.
La iniciativa
La proposición busca establecer una relación mínima entre enfermeras y pacientes, ajustada a las necesidades asistenciales, y plantea beneficios como la reducción de la morbilidad, la mejora de las condiciones laborales del personal de enfermería y un ahorro significativo para el sistema sanitario. Según la ILP, España presenta un déficit en ratios de enfermeras, con una media de 6,1 enfermeras por cada 1.000 habitantes frente a la media europea de 8,8.
Entre sus objetivos principales se encuentran asegurar la calidad asistencial y la protección de la salud, tal como lo establece el artículo 43 de la Constitución Española, reducir los riesgos derivados de la insuficiencia de personal de enfermería, y promover entornos laborales más seguros para estos profesionales.
La ley establece estándares concretos, como una enfermera por cada seis a ocho pacientes en hospitalización, un máximo de dos pacientes por enfermera en las unidades de cuidados intensivos, y una enfermera por cada 1.500 habitantes en atención primaria, con ajustes según las necesidades específicas. Además, regula derechos como el acceso a condiciones laborales seguras y formación continua, así como deberes relacionados con la mejora de la calidad asistencial. La propuesta incluye un régimen de supervisión y sanciones para los centros que incumplan las ratios y garantiza la publicación anual de estos datos por parte de las Administraciones Públicas.
La implementación de la normativa prevé un plazo de adaptación de 18 meses para que los centros cumplan con las nuevas exigencias, considerando también las particularidades de la red sanitaria militar. En esencia, esta iniciativa busca reforzar la equidad y calidad del SNS , fortaleciendo tanto la seguridad de los pacientes como las condiciones laborales de los enfermeros.
