La primera Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados del año se celebrará el próximo 12 de febrero, tal y como han confirmado fuentes parlamentarias a Gaceta Médica. Esta primera reunión de 2025 será, previsiblemente, para «contestar preguntas orales por parte del Gobierno», aunque aún se desconoce el orden del día oficial.
La última Comisión de Sanidad tuvo lugar el pasado 18 de diciembre. Fue clave, pero ‘descafeinada’, pues únicamente incluyó la comparecencia de la ministra Mónica García para hacer balance de 2024 y avanzar las líneas de trabajo de este nuevo año, pese a que algunos grupos ya habían registrado una batería de preguntas para formular.
Ahora, las formaciones políticas ya están calentando motores para dar comienzo al inicio de año en clave parlamentaria y se han puesto en marcha trabajando en diversas iniciativas. En concreto, se han presentado cuatro Proposiciones No de Ley (PNL) para su debate en la Comisión de Sanidad: una relativa al abordaje de los trastornos del sueño, otra para ampliar la jubilación activa mejorada para médicos de familia y pediatras, una tercera para regular la normativa de las asociaciones de pacientes y, finalmente, otra para mejorar el tratamiento de los riesgos psicosociales en el trabajo y sus consecuencias sobre la salud mental.
Tres iniciativas socialistas
Tres de las PNL presentadas corresponden al Grupo Parlamentario Socialista. Una de las iniciativas pretende abordar los trastornos del sueño y mejora de los hábitos de sueño saludable de la población, pues «no dormir adecuadamente puede conllevar el surgimiento de complicaciones endocrinas, metabólicas, psicológicas, inmunológicas, psicomotoras, además de favorecer la aparición de determinados trastornos neurológicos, como ictus, Parkinson, Alzheimer o diversas enfermedades neuromusculares», exponen en el texto.
Del mismo modo, con esta PNL también pretenden impulsar y fomentar la formación de los profesionales en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en este tipo de trastornos, así como promover y desarrollar programas de desprescripción de benzodiacepinas -actualmente son las principales opciones terapéuticas disponibles- para reducir el consumo a largo plazo y revisar la prescripción de otros fármacos de alto nivel adictivo. Y, según la formación, las benzodiacepinas presentan «potenciales riesgos para la salud».
En este sentido, el tratamiento farmacológico para el insomnio, asegura el PSOE, se trata de «un problema complejo, en especial en la infancia y en personas de edad avanzada». «Para un adecuado tratamiento hay que establecer un cambio en el estilo y hábitos de vida y asociar tratamiento no farmacológico con farmacológico», apunta.
Finalmente, la formación insta a estudiar la incorporación de indicadores de calidad y cantidad de sueño en las encuestas de salud pública y a fomentar el estudio, la investigación y la formación académica acerca de la interconexión entre la falta de sueño y los determinantes sociales de la salud.
Por otro lado, la PNL relativa a la mejora del tratamiento de los riesgos psicosociales en el trabajo y sus consecuencias sobre la salud mental, busca revisar el cuadro de enfermedades profesionales para incluir las patologías de salud mental vinculadas al trabajo, incluyendo, entre otras, el trastorno de estrés postraumático.
Además, propone estudiar la modificación de la legislación de prevención de riesgos laborales para «garantizar de forma más efectiva la protección de las personas trabajadoras frente a los riesgos psicosociales y sus consecuencias en la salud mental», o elaborar una normativa diferenciada sobre la gestión de los riesgos psicosociales de origen laboral.
La tercera iniciativa plantea una regulación normativa específica de las asociaciones de pacientes. Tal y como recuerdan en la PNL, estas se rigen como el resto de las asociaciones por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y por el Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones. De esta manera se han incluir en el Registro Nacional de Asociaciones a los efectos de publicidad.
Por ello, los socialistas consideran que, «para avanzar en el derecho a la participación en salud, y recogiendo una reclamación de las propias organizaciones de pacientes», es necesario diseñar «un marco normativo específico para las asociaciones de pacientes en España que regule, su objeto, concepto, ámbito de aplicación, etc.».
Ampliar la jubilación, una demanda popular
Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una PNL para ampliar la jubilación activa mejorada para especialistas en Medicina de Familia y Pediatría de Atención Primaria. La intención es que estos profesionales puedan prorrogar su servicio activo hasta los 72 años.
En su exposición de motivos, el PP alega que «la escasez de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria es uno de los problemas más graves que afronta el SNS». De este modo, la formación insiste la adopción de «las medidas necesarias para abordar de forma estructural este déficit de especialistas» y apunta que lo ha hecho desde las comunidades autónomas en las que gobierna, con el impulso de un manifiesto solicitando medidas estatales urgentes al que se han adherido 14 gobiernos autonómicos.
En este contexto, ha criticado que «solo seis años después de la llegada de Sánchez al Gobierno» se empiecen a ver los primeros avances en medidas «demandadas desde hace mucho tiempo y que están todavía pendientes de implantación definitiva«. Así, mencionan el regreso a un modelo de elección en tiempo real de las plazas MIR, la flexibilización de los criterios de acreditación de unidades docentes de la especialidad de Medicina de Familia, la creación de la especialidad de Urgencias y Emergencias, la homologación ágil de títulos extranjeros o la operatividad plena de un Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.
