La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una proposición no de ley para instar al Gobierno a realizar «de forma inmediata» una auditoría externa, exhaustiva e independiente de la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada (FSE) 2025/2026, después de que el Partido Popular aceptara una enmienda de Vox para endurecer el texto e incorporar la exigencia de relevar a los responsables políticos del Ministerio de Sanidad por la gestión del proceso.
En concreto, en la enmienda incluida, a la que tuvo acceso Gaceta Médica, se expone que, «en el caso en el que la auditoria concluya en la existencia de responsabilidad política en los errores apreciados en la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada (FSE) 2025-26, el Gobierno asumirá la responsabilidad con inmediatez, relevando a todos los cargos políticos del Ministerio de Sanidad responsables de la gestión de la convocatoria de FSE 2025/26». La iniciativa salió adelante con 17 votos a favor y 15 en contra, en un debate en el que PP y Vox cargaron con dureza contra el departamento que dirige Mónica García por la organización de la última convocatoria MIR, mientras Sumar y PSOE defendieron que el procedimiento ha respetado los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y seguridad jurídica.
PP y Vox se ponen de acuerdo
El diputado del PP, Antonio Román, encargado de presentar la proposición, sostuvo que la auditoría responde a una demanda de las asociaciones de MIR y aseguró que la situación vivida en la convocatoria no puede considerarse una incidencia aislada, sino «un fallo sistémico». En su intervención, denunció incumplimientos reiterados de los plazos fijados en la propia orden ministerial, retrasos en la publicación de listados, problemas en la gestión del baremo académico, inseguridad jurídica derivada de la participación en el examen de aspirantes no admitidos y fallos materiales en la prueba, como cuadernillos defectuosos, imágenes ilegibles y errores de maquetación.
Román afirmó que lo ocurrido ha generado «incertidumbre masiva» entre más de 30.000 aspirantes y defendió que una auditoría externa debe servir no solo para identificar qué ha fallado en la inscripción, los listados, el baremo y la logística del examen, sino también para depurar responsabilidades, fijar un calendario vinculante y evitar que la situación vuelva a repetirse. A su juicio, lo que está en juego no es «el prestigio de un gobierno», sino el del sistema de formación sanitaria especializada y la confianza de los futuros profesionales del Sistema Nacional de Salud.
Vox apoyó la propuesta, pero reclamó ir más allá. Su portavoz de Sanidad, David García Gomis, defendió la enmienda finalmente incorporada por el PP y aseguró que detrás de la que calificó como «la peor convocatoria MIR» hay responsabilidades políticas que no pueden quedar sin consecuencias. Según expuso, las críticas no proceden solo de los partidos, sino también de los propios aspirantes y de la Asociación MIR España, que —según dijo— han denunciado incidencias técnicas, errores en los baremos, fallos en los listados provisionales, problemas en los exámenes y falta de transparencia.
Para Vox, la auditoría «por sí sola no basta» si no va acompañada de una asunción real de responsabilidades. De ahí que la enmienda pactada con el PP introduzca un mandato político más severo: que el Gobierno actúe «con inmediatez» y releve a todos los cargos políticos del Ministerio de Sanidad responsables de la gestión de la convocatoria FSE 2025/26.
Sumar y PSOE votan en contra
Frente a esa ofensiva, la portavoz de Sanidad de Sumar, Alda Recas, rechazó el relato de «caos» trazado por PP y Vox y sostuvo que la convocatoria ha garantizado los principios básicos del procedimiento selectivo. La diputada afirmó que muchas de las reclamaciones sobre el baremo respondían a documentación incompleta o incorrecta aportada por los propios solicitantes y defendió que, lejos de agravarse, las impugnaciones han descendido en esta convocatoria.
Recas enmarcó, además, la actuación del Ministerio en una política de refuerzo de la formación sanitaria especializada y destacó el aumento de plazas desde la llegada del actual Ejecutivo. Según señaló, entre las convocatorias de 2017/2018 y 2025/2026 las plazas de medicina han crecido un 42%, las de enfermería un 116%, las de biología un 52%, las de farmacia un 45% y las de psicología más de un 104%, hasta alcanzar las 12.365 plazas. También defendió que el Ministerio está adoptando medidas para agilizar el reconocimiento de títulos extranjeros y reforzar especialidades con déficit de profesionales, como Medicina Familiar y Comunitaria.
En la misma línea, la portavoz adjunta de Sanidad del PSOE, María Sainz, subrayó que desde 2018 la oferta de plazas de formación sanitaria especializada se ha incrementado un 54% y recordó que la convocatoria objeto de la PNL ha sido la de mayor volumen en el caso del MIR, con 9.276 plazas. La diputada socialista admitió que la implantación de una nueva plataforma puede producir ajustes en los procesos de inscripción, gestión y adjudicación, pero recalcó que las incidencias fueron identificadas y resueltas progresivamente, sin afectar a la validez del procedimiento ni a los derechos sustantivos de los aspirantes.
Sainz defendió también que las reclamaciones relacionadas con el baremo fueron revisadas individualmente y que, en la mayoría de los casos, estaban vinculadas a problemas en la documentación presentada. En su opinión, el sistema ha funcionado “conforme a los cauces reglados de revisión”, permitiendo corregir errores formales sin menoscabo de derechos.
