El Congreso de los Diputados aprobó este miércoles por unanimidad la convalidación del Real Decreto-ley 11/2025, una norma clave para desarrollar la Ley ELA y reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. La votación culminó con 346 votos emitidos y un consenso absoluto, lo que las organizaciones de pacientes han calificado como un “día histórico” para las más de 4.000 personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en España.
Durante la defensa del decreto, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, subrayó que se trata de «un hito para la política social» y recordó que el texto nace tras «el trabajo incesante de una sociedad civil ejemplar y de unas instituciones que logran que el interés general se abra paso». El ministro explicó que el decreto desarrolla la Ley 3/2024 y articula un nuevo modelo de atención sustentado en tres ejes: uno estructural, uno específico y otro financiero.
Bustinduy detalló que el eje estructural introduce un nuevo grado de dependencia, el grado III+, destinado a personas con necesidades extremas de cuidados. Según dijo, su incorporación «supone una reforma sin precedentes para que nunca más las personas con patologías de alta complejidad queden desprotegidas por el sistema».
El eje específico garantiza el derecho a la atención continua en fases avanzadas. El ministro anunció una prestación que «permitirá la atención 24 horas con una inversión de casi 10.000 euros al mes por paciente», destinada a asistencia personal o ayuda a domicilio. Sobre el tercer eje, el financiero, aseguró que el decreto moviliza «500 millones de euros adicionales» y permite que la financiación total del sistema alcance «más de 3.700 millones de euros en 2025, el máximo histórico».
El ministro agradeció expresamente el papel de las asociaciones, afirmando: «Creo que es el país entero quien reconoce y agradece vuestra lucha y celebra sinceramente vuestras victorias». También destacó el consenso político que hizo posible la aprobación: «La ley ELA se dio aprobada con un apoyo amplísimo; no se trata de una victoria de parte, sino del interés general».
Amplio apoyo de los grupos parlamentarios
Desde el PSOE, la portavoz adjunta de Sanidad, Maribel García, defendió que la unanimidad demuestra que «el interés general siempre debe estar por encima del interés partidista». García destacó que el decreto «asegura una garantía pública de supervisión y atención continuada especializada 24 horas», una reivindicación histórica de los pacientes. Subrayó además que la inversión total inmediata «supera los 500 millones de euros» y sitúa la financiación estatal en dependencia «en 3.729 millones, la cifra más alta de la historia».
Sin embargo, dedicó parte de su intervención a criticar la gestión previa del PP en materia de dependencia, recordando que «la especialidad de la derecha es recortar, retroceder y eliminar derechos conquistados». Para el PSOE, la evidencia del avance es clara: «Entre 2020 y 2025, el número de personas con prestaciones reconocidas ha crecido más de un 43%».
El Partido Popular, por su parte, anunció su apoyo, pero dedicó su discurso a señalar retrasos y carencias en la aplicación de la Ley ELA. Su portavoz adjunta, Elvira Velasco, afirmó: «Estos pacientes lo que no tienen es tiempo. La ley entraba en vigor al día siguiente de su publicación y no ha sido así». Velasco criticó que «a más de 1.100 pacientes no les llegará la ayuda porque ya han fallecido» y reprochó al Gobierno la falta de celeridad. También expresó dudas sobre el despliegue autonómico: «No queremos 17 derechos distintos en función del territorio».
Desde Sumar, el portavoz Rafael Cofiño centró su intervención en agradecer el trabajo legislativo conjunto y dio lectura a un emotivo discurso escrito por José Luis Capitán ‘Capi’, paciente de ELA en fase avanzada. En su carta, Capi pedía a los diputados «un punto de inflexión» y lamentaba que «la política haya generado desencanto entre millones de españoles». Aun así, celebró que la ley permitirá que «miles de enfermos continúen con sus vidas de una manera digna».
La portavoz de Vox, Rocío de Meer, mantuvo un discurso crítico con el Gobierno, afirmando que «el 90% de quienes sufren ELA no pueden permitirse convertir sus casas en unidades de cuidados intensivos». Acusó al Ejecutivo de haber retrasado la aplicación de la ley y reclamó «responsabilidades políticas» por la inacción previa. «Claro que hay recursos públicos; lo que no ha habido son buenas intenciones», sostuvo.
El Gobierno reivindica un consenso que «refuerza la democracia»
En su réplica final, Bustinduy agradeció el apoyo unánime y evitó entrar en confrontaciones: «No es necesario convertir cualquier cosa en una excusa para estrategias políticas de corto plazo». El ministro insistió en que la aprobación del decreto demuestra que «la política social tiene la capacidad de suspender el enfrentamiento y convertirse en acuerdos que mejoran la vida de la ciudadanía».
Bustinduy afirmó que el Gobierno ya trabaja con todas las comunidades autónomas para implementar el nuevo sistema y que la reforma integral de las leyes de dependencia y discapacidad llegará próximamente al Congreso. «Las personas con ELA y otras enfermedades de curso irreversible por fin van a contar con protección y acompañamiento después de tantos años de lucha», afirmó. Y cerró con un mensaje de futuro: «Reforzar el sistema de cuidados no es solo una obligación ética; es la base del Estado social de las próximas décadas».
