La huelga médica por el Estatuto Marco volvió a situarse este viernes en el centro de la agenda sanitaria antes del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Varios consejeros de Sanidad aseguraron, en declaraciones previas al inicio de la reunión, que las comunidades autónomas habían forzado la inclusión de un punto específico sobre el conflicto en el orden del día y reclamaron al Ministerio una salida negociada que permita desconvocar los paros.
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, sostuvo que es «obligación» de la ministra resolver un conflicto que, a su juicio, ha desembocado en una «huelga indefinida» de médicos. Matute reclamó que el Ministerio escuche al colectivo facultativo «sin detrimento de ninguna categoría profesional», reconozca su «singularidad», habilite un «marco propio de negociación exclusivo, vinculante y directo» y aporte «financiación finalista» para las medidas que puedan incorporarse al Estatuto Marco.
En la misma línea, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, calificó de «hecho histórico» que las 17 comunidades autónomas, «independientemente» de su color político, hayan pedido incluir el asunto en el pleno. A su juicio, ha habido una demora «absolutamente irresponsable» en la interlocución con el Comité de Huelga y advirtió de que queda «un mes» hasta la siguiente convocatoria, fijada para el 27 de abril, para que el Ministerio cierre una solución. En este sentido, dejó claro que «si el día 27 de abril vuelve otra vez a convocarse la huelga, será el momento de exigir a quien nombró a la ministra, al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que ponga fin a esta situación, que ponga una ministra o ministro que sea capaz de resolver este grave problema que afecta a todo el Sistema Nacional de Salud».
Desde Aragón, José Luis Bancalero aseguró que la huelga es «el principal problema» que afronta en este momento el Sistema Nacional de Salud y pidió a la ministra que explique por qué ha tardado tanto en reunirse con el Comité de Huelga. El consejero cifró en 25 los días de paro acumulados en su comunidad desde 2025, con unas 50.000 consultas, 3.000 cirugías y 10.500 procesos diagnósticos suspendidos, además de un coste aproximado de casi 3 millones de euros. Bancalero defendió que cualquier medida debe ir acompañada de memoria técnica, jurídica y económica, así como de una financiación «justa».
El consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Marciano Gómez, enmarcó el conflicto como «el mayor problema que tiene la sanidad española» y reclamó soluciones antes de la próxima jornada de huelga. Según explicó, el impacto acumulado en su comunidad ronda las 200.000 personas afectadas entre consultas externas, cirugías, técnicas y atención primaria. Gómez defendió que los médicos cuenten «como mínimo» con un capítulo propio dentro del Estatuto Marco y reclamó que cualquier acuerdo con impacto presupuestario vaya acompañado de financiación para las autonomías.
También el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, subrayó la magnitud del problema en un sistema como Osakidetza, donde —según expuso— la provisión pública alcanza el 97%. Martínez elevó a más de 300.000 las personas afectadas y aseguró que las listas de espera quirúrgicas han aumentado en más de 15 días. Recordó además que el Estatuto Marco es una competencia «exclusivamente estatal» y reclamó responsabilidad tanto al Ministerio como al Comité de Huelga para frenar un conflicto que, dijo, los pacientes no viven en clave de reproche, sino de demanda de soluciones.
Junto al choque sobre el conflicto laboral, Matute fue preguntada además por un caso reciente ligado a salud mental y eutanasia, sobre el que reclamó un análisis en profundidad. La consejera madrileña afirmó que se trata de «un fracaso como sociedad» y defendió revisar el sistema para mejorar la protección de las personas con enfermedad mental grave, en coordinación con los servicios sociales y con el objetivo de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Por último, la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, se sumó a la presión de las autonomías sobre el Ministerio al subrayar que la inclusión del debate sobre la huelga en el orden del día respondió a una petición «unánime» de todos los consejeros. García Espada calificó el paro como una huelga médica «sin precedentes» y aseguró que en Extremadura ha supuesto la cancelación de más de 160.000 actos médicos. Defendió que las comunidades acuden al Consejo con «actitud de diálogo» y reclamó al Ministerio «consignación presupuestaria» para aplicar las medidas necesarias, además de cambios en el Estatuto Marco para que los médicos se sientan escuchados. A su juicio, si la ministra no es capaz de resolver un conflicto que considera originado por su gestión, «tendrá que dar un paso al lado».
En conjunto, los consejeros comparecieron con un mensaje común de presión política e institucional al Ministerio, aunque también apelaron al diálogo. Sus demandas coincidieron en varios ejes: abrir una negociación específica con los médicos, reconocer las singularidades del colectivo, clarificar el impacto económico de los cambios normativos y evitar que la prolongación de la huelga siga deteriorando la asistencia sanitaria y las listas de espera.
Mónica García mantiene el pleno monográfico de la huelga
La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró antes del pleno que el Consejo Interterritorial volverá a ser un espacio para llegar a acuerdos con las comunidades autónomas y enmarcó el conflicto con los sindicatos médicos dentro de esa dinámica de diálogo. Recordó que, según dijo, el Ministerio acumula ya más de 100 acuerdos con las autonomías en lo que va de legislatura.
Sobre la huelga, García explicó que el Ministerio celebró el día anterior una reunión con el Comité de Huelga que calificó de «cordial» y en la que, según sostuvo, se alcanzaron «puntos de encuentro», «acuerdos» y «consensos». Añadió que el departamento ha mantenido más de 25 reuniones con los representantes sindicales y defendió que Sanidad ha cumplido con su parte en materia de negociación.
La ministra trasladó la expectativa de que, «después de Semana Santa», los sindicatos desconvocarán los paros. No obstante, admitió que dentro del Comité de Huelga hay sensibilidades distintas y llegó a afirmar que algunos representantes le trasladaron que mantendrían la huelga tanto si el Estatuto Marco sigue adelante como si se retira, lo que, a su juicio, desdibuja el motivo principal del conflicto.
García insistió en que varias de las principales reivindicaciones de los sindicatos médicos dependen de las comunidades autónomas, entre ellas las retribuciones, el pago de las guardias y la articulación de mesas técnicas para abordar las especificidades del colectivo. También defendió que el borrador del Estatuto Marco ya incorpora un capítulo específico para los médicos y reiteró que la norma fija límites para acabar con las guardias de 24 horas.
En paralelo, en respuesta ha una pregunta realizada por Gaceta Médica sobre la inclusión del conflicto en el orden del día de hoy, recordó que el Estatuto Marco ya se ha abordado en varias ocasiones en el Consejo Interterritorial y que el Ministerio incluso había planteado un pleno monográfico. Aun así, afirmó que Sanidad no tiene «ningún problema» en volver a discutirlo con las comunidades y mantuvo convocado el pleno extraordinario del 9 de abril para abordar de forma específica este asunto.
