El Consejo de Ministros ha aprobado, en segunda vuelta, el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Tras incorporar las aportaciones de la fase de información pública, el Gobierno impulsa este texto legislativo para garantizar la prioridad de la gestión pública y limitar la colaboración público-privada en hospitales de gestión gubernamental. En este sentido, la información publicada por el Ministerio de Sanidad remarca que esta iniciativa pretende «asegurar el carácter universal, equitativo y de calidad del sistema sanitario».
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la ley «señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general». Según ha explicado, la norma consagra la gestión directa como «el pilar ordinario» del SNS y deroga expresamente la Ley 15/1997, que permitió la expansión de distintas fórmulas de gestión privada dentro de la sanidad pública.
Según la misma información, la norma consolida la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria, a través de las administraciones públicas, entidades del sector público o consorcios. El texto reitera la derogación expresa de la Ley 15/1997, que abrió la puerta a nuevas formas de gestión privada en el sistema sanitario.
La gestión indirecta quedará limitada a supuestos excepcionales. Para recurrir a ella, las administraciones deberán justificar que no es posible la prestación directa y acreditar que la fórmula elegida es sostenible, eficiente y compatible con los criterios de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
El proyecto prevé una evaluación previa obligatoria mediante órganos integrados por expertos, profesionales sanitarios y representantes de la sociedad civil. Además, en los contratos de concesión será preceptivo un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) para analizar su sostenibilidad financiera y «evitar estimaciones irreales que perjudiquen la prestación sanitaria». También, se dará preferencia en los procesos de contratación, en caso de empate en licitaciones, a las entidades sin ánimo de lucro.
García ha subrayado que la ley introduce «nuevas garantías de evaluación, transparencia y rendición de cuentas». En este ámbito, Sanidad destaca medidas de buen gobierno como la publicación anual de indicadores de resultados en salud y calidad de los servicios para todos los centros, con independencia de su modelo de gestión. Según la ministra, esta información permitirá «comparar, poder evaluar y poder mejorar la gestión sanitaria con información pública y accesible».
A su vez, Sanidad destaca medidas de transparencia y rendición de cuentas, como la publicación anual de indicadores de resultados en salud y calidad de los servicios para todos los centros, con independencia de su modelo de gestión. La Alta Inspección asesorará a las comunidades autónomas que quieran iniciar procesos de reversión a la gestión pública directa. Además, García ha destacado que el Estado evaluará «por primera vez» las diferentes experiencias de gestión desarrolladas desde la Ley 15/1997 para conocer «con datos reales» su impacto sobre la calidad asistencial, los resultados en salud, los costes, la equidad y la eficacia.
La norma prohíbe, además, los contratos en los que una empresa privada asuma simultáneamente la construcción de infraestructuras y la gestión de la prestación sanitaria. Los contratos y concesiones ya en ejecución seguirán rigiéndose por la normativa anterior hasta su vencimiento.
Del anteproyecto al choque político
El texto inició su recorrido el 10 de febrero, cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley a propuesta del Ministerio de Sanidad. Entonces, el departamento defendió que la iniciativa buscaba reforzar la prioridad de la gestión pública en la organización, provisión y administración de los servicios sanitarios del SNS.
En aquella primera versión, Sanidad ya planteaba que la gestión indirecta solo pudiera utilizarse de forma excepcional, con una memoria justificativa, evaluación previa y publicación de los informes y resoluciones correspondientes. El anteproyecto también incluía la derogación de la Ley 15/1997 y un informe de evaluación sobre las experiencias de gestión privada desde 1997.
La propuesta reabrió el debate político, especialmente en la Comunidad de Madrid. La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, criticó el anteproyecto y lo calificó como una iniciativa dirigida contra Madrid, mientras defendía que las concesiones existentes no se verían afectadas.
Un día después, el Gobierno madrileño elevó el tono y avanzó que llevaría la ley a los tribunales si salía adelante, al considerar que podía invadir competencias autonómicas. El portavoz Miguel Ángel García defendió la continuidad de la colaboración público-privada en la región y sostuvo que solo una parte minoritaria del presupuesto sanitario madrileño corresponde a gestión indirecta.
56,8 millones para salud mental y prevención del suicidio
El Consejo de Ministros ha autorizado la distribución territorial de 56,83 millones de euros entre las comunidades autónomas y el INGESA para reforzar las políticas de salud mental y prevención del suicidio en 2026, según la información publicada por el Ministerio de Sanidad. La inversión se divide en dos bloques: 39 millones para actuaciones del Plan de Acción de Salud Mental y 17,83 millones para el desarrollo del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio.
El acuerdo, que será sometido próximamente al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), mantiene las cuantías del ejercicio anterior y da continuidad a las políticas impulsadas en el marco de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026. En el caso de salud mental, los fondos se articulan a través del Plan de Acción 2025-2027, con 26,8 millones para gastos corrientes (incluida la posible financiación de personal vinculado a proyectos) y 12,2 millones para equipamiento.
Sanidad señala que las actuaciones priorizarán el refuerzo de recursos humanos, la atención comunitaria, la desinstitucionalización, la asistencia basada en derechos y el abordaje específico de la salud mental perinatal, infantil y adolescente. En prevención del suicidio, los 17,83 millones se reparten entre 12,83 millones para gastos corrientes y equipamiento del plan y 5 millones para gastos de inversión, con líneas centradas en la sensibilización, la prevención en colectivos vulnerables y el fortalecimiento del abordaje sanitario.
Para acceder a los créditos, las comunidades autónomas y el INGESA deberán adherirse a las actuaciones financiadas y presentar una memoria detallada de los proyectos y del importe destinado. Los fondos se distribuirán entre todas las comunidades autónomas —salvo Navarra y País Vasco, por su régimen foral— y las ciudades de Ceuta y Melilla a través del INGESA, con un modelo que asigna un 5% de forma lineal para garantizar un mínimo a cada territorio y el 95% restante según criterios poblacionales. Como novedad, la equidad, la promoción de los derechos y el enfoque comunitario serán criterios obligatorios para aprobar los proyectos.
