Dice el refrán que nunca es tarde si la dicha es buena. Una idea que casa perfectamente con lo sucedido en el caso de la Agencia Estatal de Salud Pública. Se ha hecho de rogar, pero finalmente se espera que llegue a buen puerto. El primer paso es que obtenga luz verde en una segunda Comisión de Sanidad, donde la normativa se volverá a votar este jueves 19 de junio. Y las sensaciones son muy buenas.
Cabe destacar el empeño del Ministerio de Sanidad por sacar adelante la iniciativa. Tras el varapalo inicial, con la negativa por sorpresa del Congreso de los Diputados, tanto la ministra de Sanidad, Mónica García, como el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, aseguraron que volverían a llevarla al Congreso las veces que hiciera falta.
Contratiempos
El camino que ha recorrido la propuesta de creación de la Agencia no ha sido un camino de rosas. Se han superado grandes obstáculos, entre ellos, el tiempo. Y es que la Agencia acumula un historial de retrasos que data del 2011, año de la aprobación de la Ley General de Salud Pública. La normativa diseñó entonces un sistema integral de salud pública con tres elementos clave: una Estrategia de Salud Pública, que salió adelante en junio de 2022; una Red de Vigilancia en Salud Pública, cuyo Real Decreto (RD) se aprobó en junio de 2024; y un Centro Estatal de Salud Pública, es decir, lo que ahora se denomina Agencia.
La oportunidad de crear un organismo integrado de asesoramiento, coordinación y vigilancia se archivó hasta que la pandemia de COVID-19, que reforzó la necesidad de contar con sistemas autónomos capaces de actuar ante emergencias sanitarias, reactivó esta estructura de salud pública.
La cuenta atrás la activó el Gobierno en 2020, en el contexto de los planes europeos para hacer frente a la COVID-19. El Componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluyó la creación del Centro Estatal de Salud Pública para reforzar la participación de España en los organismos internacionales, como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), y para su financiación a través de fondos europeos. En agosto de ese mismo año, el RD que fijó la nueva estructura del Ministerio de Sanidad dio un año para que el Ejecutivo remitiera a las Cortes el proyecto de ley que daría lugar a la creación del centro. Sin embargo, y aunque el Ministerio de Sanidad inició en septiembre de 2021 el trámite de consulta pública previa del anteproyecto de ley, los plazos se fueron dilatando.
No sería hasta un año después, en agosto de 2022, cuando el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta y por vía de urgencia el anteproyecto de ley, que sentaba las bases del organismo e incluía una novedad: el Centro Estatal de Salud Pública pasaría a denominarse Agencia.
En cualquier caso, el visto bueno definitivo no vendría hasta medio año después con su aprobación en segunda vuelta, ya en febrero de 2023, varios meses después de lo esperado por el departamento de la entonces ministra Carolina Darias. Sanidad envió el proyecto al Congreso con el compromiso de que la Agencia diera sus primeros pasos esa misma legislatura, pero el texto tenía fecha de caducidad y, con la convocatoria de elecciones para el 23 de julio, la iniciativa agotó su cauce parlamentario y volvió a la casilla de salida.
Y, ahora sí, este 2025 parece ser por fin el año en el que la Agencia sea una realidad. Porque se trata de saldar una “deuda pendiente con la salud pública”, tal y como ha apuntado la ministra de Sanidad en diversas ocasiones. Sin embargo, no ha sido hasta el segundo intento que se ha conseguido sacar adelante el proyecto.
Tras una Comisión de Sanidad en la que se respiró un grato consenso entre todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, y en la que se aprobó la iniciativa, fue el Pleno del Congreso quien la tumbó tan solo una semana después.
Este inesperado giro de guion fue propiciado por el cambio en el sentido de voto de Partido Popular y Junts, que votaron junto con Vox en contra de la iniciativa. Todo ello, después de un durísimo debate en el Pleno en el que la ministra de Sanidad y los portavoces de la oposición mantuvieron un intenso cruce de reproches. Por ello, los partidos tuvieron que retomar un proceso de negociaciones antes de que volviera a someterse a votación el borrador.
Funciones
La Agencia será una herramienta fundamental para hacer frente a futuras pandemias. De hecho, el dictamen incluye diversas medidas para ello. A través de este organismo se pretende llevar a cabo una vigilancia, identificación y evaluación del estado de salud de la población y sus determinantes, así como de los problemas, amenazas y riesgos en materia de salud pública, prestando especial atención a las desigualdades sociales en la salud. Asimismo, su intención es actuar bajo el enfoque ‘One Health’, para incorporar la salud en todas las políticas.
Entre sus funciones destacan la elaboración de planes estatales de preparación y respuesta sanitaria ante alertas, riesgos y amenazas; contribuir al refuerzo de la resiliencia del Sistema Nacional de Salud (SNS); establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información; realizar un seguimiento y evaluación, así como la elaboración de un informe anual sobre el grado de preparación de pandemias del SNS ante emergencias sanitarias y sobre el funcionamiento de la reserva estratégica sanitaria.
En cuanto a la vigilancia, establecerá mecanismos de coordinación e intercambio de información con el SNS; analizará la situación de salud de la población española y elaborará un informe anual relativo al estado de salud y bienestar de la población
Asimismo, la Agencia tendrá que apoyar y asesorar en la estrategia comunicativa y de respuesta ante demandas o necesidades de información de las Administraciones públicas y la ciudadanía; realizar el asesoramiento técnico y científico necesario para la planificación y el diseño de intervenciones en salud pública; colaborar en prevenir y combatir la desinformación y la propagación de información errónea; impulsar la investigación en salud pública; promover la creación de redes de trabajo que aporten capacidad científico-técnica; o establecer órganos pertinentes que permitan la colaboración intersectorial y la participación civil bajo el enfoque ‘One Health’, entre otras. Además, incluye acciones en materia de sanidad ambiental, como gestión de los sistemas de alerta de riesgos, o salud pública internacional.
“La futura Agencia de Salud Pública tiene el potencial de convertirse en una piedra angular del sistema sanitario español. Pero para ello, debe construirse sobre bases firmes, con visión de largo plazo y sin improvisaciones. El momento es ahora: dotémosla de coherencia, ambición y credibilidad desde el inicio”, apuntaba José María Martín-Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia y director de la cátedra de Gestión Innovadora para la Salud (FES), en una tribuna de opinión publicada en Gaceta Médica.
