Durante 2025 han visto la luz varias iniciativas legislativas con un marcado carácter social, impulsadas para responder a necesidades que durante años habían quedado relegadas. La salud mental ha sido uno de los pilares centrales y ha concentrado una parte relevante del esfuerzo político y presupuestario. Este contexto de reformas también ha avanzado en la protección de colectivos como las personas con enfermedad celíaca o con patologías neurodegenerativas, consolidando un año especialmente intenso para la agenda sanitaria.
El primer movimiento relevante llegó el 3 de junio, cuando el Consejo de Ministros autorizó el reparto de fondos destinado a reforzar la salud mental en todo el país. El acuerdo movilizó 39 millones de euros para el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 y 17,83 millones para el Plan de Prevención del Suicidio, ambos sometidos a aprobación posterior en el Consejo Interterritorial. Según la ministra Mónica García, se trata de una financiación adicional que complementa, y no sustituye, la inversión autonómica en este ámbito.
Un refuerzo que marca una hoja de ruta amplia
El Plan de Acción de Salud Mental fija ocho líneas estratégicas que guiarán la política pública en los próximos años. El refuerzo de los recursos humanos, la atención comunitaria y la lucha contra el estigma aparecen como ejes prioritarios para construir un modelo más accesible y centrado en derechos. El plan también impulsa actuaciones específicas en infancia, adolescencia y salud perinatal, ámbitos donde la demanda asistencial continúa al alza.
En paralelo, el Plan de Prevención del Suicidio articula campañas de sensibilización, reformas de las urgencias hospitalarias y programas dirigidos a colectivos vulnerables. El Ministerio pretende reforzar los dispositivos comunitarios para personas en riesgo y garantizar una atención homogénea en todo el territorio. El presupuesto destinado a este plan incluye tanto gasto corriente como inversión en infraestructuras y tecnología aplicadas a la prevención.
A este impulso se suma la ampliación, por seis meses, de la ponencia de estudio sobre salud mental y prevención del suicidio en el Senado. La decisión, adoptada por unanimidad, busca profundizar en una agenda que legisladores y expertos consideran urgente. En este contexto, la comparecencia de Pilar Aparicio subrayó la importancia de hablar sin tabúes del suicidio y de consolidar estrategias multidisciplinares.
Una protección fiscal largamente esperada
El 21 de octubre el Congreso aprobó, con apoyo casi unánime, la Proposición de Ley destinada a compensar económicamente a las personas con enfermedad celíaca. La iniciativa crea un Registro Estatal adscrito a Salud Pública y establece una deducción reembolsable de hasta 600 euros anuales. El objetivo es aliviar el sobrecoste de la dieta sin gluten, que multiplica por tres o por cuatro el precio de productos básicos.
El debate parlamentario estuvo marcado por diferencias sobre el diseño de la ayuda y su equidad. Mientras el PP defendió que la medida es asumible y necesaria, PSOE y Sumar reclamaron criterios vinculados a la renta y una atención más integral. Vox, PNV y otros grupos mostraron apoyo matizado, coincidiendo en la necesidad de homogeneizar la respuesta entre territorios y mejorar el diagnóstico precoz.
Las asociaciones de pacientes celebraron que la celiaquía sea reconocida como enfermedad crónica, un paso que abre la puerta a protocolos más claros y mayor visibilidad. Los grupos parlamentarios coincidieron en avanzar hacia un sistema de apoyo más estable, con especial atención a la población infantil y a los hogares con varios casos diagnosticados.
Un avance histórico para las personas con ELA
El 28 de octubre el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que desarrolla la Ley ELA y define criterios objetivos para acelerar el reconocimiento de discapacidad y dependencia. La norma fija un procedimiento ágil y homogéneo en todo el país, con un plazo máximo de tres meses para resolver cada solicitud. También incluye un listado orientativo de enfermedades asociadas, garantizando que ningún paciente quede excluido por limitaciones administrativas.
El 19 de noviembre el Congreso convalidó por unanimidad este real decreto, en un consenso celebrado por pacientes y organizaciones. El texto crea un nuevo grado de dependencia, garantiza atención especializada continua y moviliza 500 millones adicionales para reforzar el sistema. El Gobierno defendió que se trata de un punto de inflexión para miles de familias que viven con patologías de alta complejidad.
La oposición mostró apoyo, aunque con críticas a la lentitud en la ejecución y al riesgo de desigualdad territorial. Pese a ello, todos los grupos coincidieron en que la aplicación plena de la Ley ELA marca un avance histórico para la autonomía y la dignidad de los afectados. El consenso alcanzado es interpretado como una señal de madurez institucional en un ámbito que durante años había reclamado urgencia y sensibilidad.
Un reconocimiento simbólico con impacto social
El 15 de octubre el Congreso debatió una PNL presentada por el PSOE para reconocer la cardiopatía congénita en adultos dentro del baremo oficial de discapacidad. La propuesta, apoyada por sociedades científicas y asociaciones de pacientes, busca adaptar la normativa a una enfermedad crónica que acompaña a más de 200.000 personas en España. El PSOE defendió la iniciativa como un acto de justicia social que reconoce la carga vital y laboral de esta patología.
La oposición apoyó la propuesta pero advirtió que el Gobierno debe acompañarla de medidas concretas para revisar el baremo y mejorar la valoración real de las discapacidades. El debate mostró un amplio acuerdo en reconocer la singularidad de la cardiopatía congénita y avanzar hacia criterios más ajustados a su impacto. El clima de consenso permite anticipar que este reconocimiento seguirá su tramitación durante 2025.
