La Comunidad de Madrid, a través de la consejera Fátima Matute y en nombre de las regiones gobernadas por el Partido Popular, ha reclamado por carta al Ministerio de Sanidad que no exija a las comunidades autónomas que definan sus plazas para la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias sin haber publicado previamente el marco normativo necesario
La petición, encabezada por la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, critica la falta de claridad del proceso y alerta del riesgo jurídico de asumir compromisos administrativos sin respaldo legal. «Nos vemos obligados a manifestar que no estamos en condiciones de firmar compromisos administrativos ni organizativos sobre una base legal inexistente», suscribe Matute en la misiva.
El escrito remitido al Ministerio denuncia que aún no se han publicado dos documentos clave para poner en marcha esta especialidad: los criterios de acreditación de las unidades docentes y el programa oficial de formación, ambos ya finalizados por la Comisión Nacional de la Especialidad, como apunta la consejera. Las comunidades consideran que sin estos elementos no es posible avanzar en la planificación de plazas con garantías jurídicas ni técnicas.
Que no reste a otras especialidades
Además, las regiones del PP exigen que la creación de plazas en Medicina de Urgencias y Emergencias no se haga a costa de reducir la oferta en otras especialidades y solicitan una ampliación de los plazos concedidos hasta que se formalicen los documentos pendientes: «Mientras la especialidad no esté en marcha, los profesionales que se quieren formar seguirán escogiendo las plazas de Medicina Familiar y Comunitaria para luego ir hacia los servicios de urgencias con el detrimento que esto significa para la Atención Primaria».
Subrayan también que pedir compromisos a direcciones generales y gerencias hospitalarias sobre aspectos aún no regulados puede generar consecuencias administrativas no deseadas: «Genera una inseguridad jurídica evidente», resalta Matute.
