Tras las dos primeras jornadas de la huelga nacional contra la reforma del Estatuto Marco, el conflicto ha generado una parálisis asistencial de gran envergadura en Galicia, cuya Xunta denuncia la «inacción» del Ministerio de Sanidad y el impacto directo que esta movilización está teniendo en las listas de espera de los pacientes gallegos.
El impacto, correspondiente al lunes 16 y martes 17 de febrero, ha sido evaluado con detalle por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien esta mañana se ha reunido de urgencia con los gerentes de las siete áreas sanitarias de Galicia. En este encuentro, en el que también participaron el gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), José Ramón Parada, y el director general de Asistencia Sanitaria, Alfredo Silva, se reportó una cifra de afectación que supera los 14.500 procesos asistenciales en solo 48 horas.
Si se desglosan los datos de actividad suspendida, el panorama resulta ilustrativo de la magnitud de la huelga, sumando 379 intervenciones quirúrgicas que han tenido que ser canceladas, 7.552 consultas hospitalarias que no pudieron llevarse a cabo y 6.555 consultas de Atención Primaria que se vieron interrumpidas.
Al sumar las pruebas diagnósticas que no pudieron realizarse, el total de actos médicos afectados asciende a más de 15.000, un volumen de trabajo que el Sergas ya se ha comprometido a reprogramar mediante una reorganización asistencial inmediata para minimizar el perjuicio a los ciudadanos. En cuanto al seguimiento de la huelga, hoy miércoles ha alcanzado casi el 18 %, lo que supone un incremento de un punto respecto al lunes. Cabe destacar que las cifras del martes no son directamente comparables, ya que fue jornada festiva en ciudades clave como A Coruña, Lugo, Ourense y Santiago de Compostela.
La Xunta toma las riendas denunciando «falta de diálogo ministerial«
Ante lo que el Ejecutivo gallego denuncia «una pasividad alarmante de la ministra», Mónica García, por lo que la Consellería de Sanidade ha decidido no esperar al Gobierno central y ha activado medidas propias para blindar la sanidad pública. Gómez Caamaño ha reclamado formalmente al Ministerio que retome el diálogo de forma urgente para poner fin a un conflicto que, según el calendario previsto, se repetirá una semana al mes hasta el verano.
Por ello Galicia ha puesto en marcha dos grupos de trabajo estratégicos: uno centrado en los recursos humanos y otro en el ámbito asistencial. El objetivo prioritario es culminar una reforma integral de la Atención Primaria antes del próximo verano, buscando un modelo de calidad que satisfaga tanto a pacientes como a profesionales.
Caamaño aclaró las cifras de seguimiento explicando que el seguimiento «ha subido en Atención Hospitalaria dos puntos, hasta el 21 %, en Atención Primaria ha bajado hasta el 5 %, en hospitales comarcales ha subido dos puntos hasta el 11 %. El área de máxima incidencia es Ourense».
«Todavía tenemos que sumar lo de hoy, y probablemente la cifra de actos asistenciales que no se han realizado va a superar ampliamente las 15.000»
Antonio Gómez Caamaño, conselleiro de Sanidade
Además, la Xunta ha sellado compromisos con los sindicatos de la mesa sectorial para abordar mejoras retributivas específicas destinadas al personal de Urgencias hospitalarias y de los puntos de atención continuada (PAC). Entre las reformas previstas también se incluye el debate para ajustar el número y la duración de las consultas en los centros de salud, así como un refuerzo significativo de las jefaturas de servicio, otorgándoles un papel más relevante en la gestión diaria.
El reproche de Mónica García: «Ojalá hubiera tenido estas condiciones»
En el otro lado del tablero político, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido a las movilizaciones con un tono de firme reproche hacia el colectivo médico. Tras el Pleno del Senado, la ministra defendió la reforma de un Estatuto Marco que considera «obsoleto desde 2003» y calificó de «revolución» el nuevo texto, asegurando que las quejas deberían dirigirse a las comunidades autónomas, que son quienes gestionan las «mejoras materiales».
García apeló a su experiencia personal de 22 años en el sistema público para desacreditar la huelga, afirmando que «nunca jamás» había visto paros por cuestiones que dependieran de esta normativa. Con frases sentidas como «ojalá hubiera tenido estas condiciones«, enumeró los avances del nuevo marco: oposiciones cada dos años (frente a los 15 de interinidad que ella misma presenció), eliminación de guardias de 24 horas y el mantenimiento de complementos durante bajas por embarazo o enfermedad.
Finalmente, la ministra se mostró tajante ante la exigencia de los huelguistas de un «estatuto propio» para los médicos, alegando que tal medida «fragmentaría el sistema». Para García, el enfoque debe ser multidisciplinar y no basado en privilegios para un solo colectivo, sugiriendo a los convocantes que, si desean un cambio de tal calado, lo tramiten por vía parlamentaria en el Congreso.
