El Sistema Nacional de Salud (SNS) atraviesa una de las crisis institucionales y profesionales más agudas de las últimas décadas, con la aprobación del Estatuto Marco por parte del Ministerio de Sanidad, en alianza con los sindicatos del Ámbito de Negociación, que ha prendido la mecha de un conflicto que se extiende por toda la geografía española con jornadas de huelga como la de este lunes que, por ejemplo, ha llegado a superar el 40 % de participación en la Comunidad Valenciana. Lo que el departamento de Mónica García defiende como un «texto que no es improvisado» y que incluye «por primera vez un capítulo específico para el personal médico», es visto por la mayoría de las comunidades autónomas como «papel mojado».
Desde las principales consejerías de sanidad del PP se ha levantado un muro de rechazo absoluto. El tono de las críticas no solo es político, sino técnico y profesional, denunciando una «falta de lealtad institucional» y una «gestión de espaldas a los gestores reales del sistema: las comunidades autónomas y los propios médicos».
Andalucía: «Un despropósito que pagamos los andaluces»
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha liderado una de las respuestas más enérgicas insistiendo en que el acuerdo alcanzado por el Ministerio es, «papel mojado». La razón fundamental es «la ausencia total de un sustento técnico y financiero: el texto carece de soporte de memoria jurídica, de memoria técnica y de memoria económica».
Sanz no ha dudado en tildar la firma del anteproyecto como un «paripé en directo» y el «último despropósito de un Ministerio que, sigue ninguneando y despreciando a los profesionales sanitarios». El consejero andaluz ha expresado su preocupación por las consecuencias de «una negociación nefasta que ha derivado en una huelga médica que, aunque se dirige al Gobierno de España, la pagamos los andaluces con la paralización de la asistencia sanitaria».
Por su parte, el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, ha instado «a la ministra de Sanidad a que se siente a negociar y que no deje de hacerlo hasta que llegue a un acuerdo. No podemos hacer nada en este ámbito, pero es verdad que las cosas se dialogan y se intentan acordar. Así que desde aquí pedimos un esfuerzo decidido para llegar a un acuerdo decidido lo antes posible y evitemos ese conflicto que afecta a nuestra sanidad».
«¿Acaso los médicos no son leales al sns? ¿Acaso las comunidades autónomas que gestionamos el sistema sanitario no somos leales?, Que no dé por cerrada una negociación que ha excluido a partes esenciales del sistema»
Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía
Madrid: «Ha despreciado a sus compañeros»
En la Comunidad de Madrid, la consejera Fátima Matute ha elevado el nivel de la confrontación calificando la situación como «la mayor huelga de médicos de la historia de España». Matute ha centrado su ataque en la figura de Mónica García, a quien acusa de ser una «ministra sectaria que ha despreciado y desprestigiado a sus propios compañeros».
La consejera madrileña ha sido especialmente dura al recordar el pasado activista de la ministra, acusándola de actuar como «pistolera» y de «boicotear hospitales». Según Matute, García está «obsesionada con hacer de candidata contra Ayuso en vez de ministra», «lanzando titulares y humo mientras se olvida de la gestión real.
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha expresado que va a «luchar» porque los facultativos «coticen para la seguridad social» las horas de guardia, a la par que ha recalcado que «estamos ante la mayor huelga de médicos de la historia de España»
Una de las reivindicaciones estrella de Madrid es la cotización de las guardias médicas. Matute ha prometido «luchar porque nuestras horas de guardia coticen para la seguridad social, no solo como salario sino como tiempo trabajado», comparando la situación con las artes escénicas: «me parece una vergüenza que ellos sí cuenten con ese reconocimiento y los médicos no». Su receta para solucionar el conflicto es «la retirada inmediata del borrador de la vergüenza» y el inicio de un diálogo serio con Hacienda, Función Pública y Trabajo para «dotar al Estatuto de una memoria viable».
La consejera reclamó explícitamente que la ministra «retire ese borrador de la vergüenza del Estatuto Marco«. Aseguró que ya han dado la solución y volvió a enumerar la misma vía: hablar con Función Pública, Hacienda y Trabajo para construir unas condiciones «que nos representen a todos».
Aragón y el País Vasco: el reclamo del rigor técnico
Desde Aragón, el consejero José Luis Bancalero ha optado por una vía diplomática pero firme. A través de una carta enviada a la ministra, ha reclamado «reconducir un proceso que dista de responder a un esquema de cooperación real entre administraciones». Bancalero ha recordado que «las comunidades solicitaron desde julio un trabajo técnico estructurado que ha sido ignorado, y subraya que cualquier reforma debe sustentarse en memorias técnicas, jurídicas y económicas que evalúen su impacto real en la financiación autonómica».
«solo desde el respeto mutuo, el rigor y la corresponsabilidad financiera puede abordarse una reforma de la trascendencia del Estatuto Marco”
Jose Luis Bancalero, consejero aragonés
«Aragón está dispuesto a estudiar todas las propuestas que se planteen, siempre que se acompañen de las memorias técnicas, jurídicas y económicas preceptivas y que el trabajo se realice de forma coordinada con los ministerios cuyas competencias se ven directamente afectadas, en particular los de Hacienda y Función Pública», ha insistido.
En una línea similar, el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha denunciado que «imponer obligaciones retributivas sin respaldo financiero vulnera el principio de lealtad institucional». Martínez ha advertido que «el texto ignora la especificidad del colectivo médico y pone en grave riesgo la sostenibilidad económico-financiera» de los servicios de salud autonómicos.
El País Vasco también ha puesto el foco en la penosidad de las guardias, exigiendo la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación anticipada, un derecho ya reconocido a otros colectivos y cuya falta de avance Martínez califica como un «agravio comparativo injustificado».
Galicia y Murcia: «Incapacidad» y pacientes «contra las cuerdas»
Antonio Gómez Caamaño, conselleiro de Sanidade de Galicia, ha lamentado que el Ministerio prefiera «mirar para otro lado ante la falta de profesionales» y opte por «poner a los pacientes y a las comunidades contra las cuerdas». Caamaño califica de «incomprensible» una reforma que «no cuenta con los médicos, los profesionales con mayor nivel de responsabilidad». En Galicia, el conflicto ya ha dejado una factura asistencial de 90.000 procesos suspendidos entre cirugías y consultas.
Caamaño destaca que «resulta incomprensible pretender reformar el marco de trabajo del personal médico sin tener en cuenta las demandas de estos profesionales», e inciden en que «la reforma propuesta por el Ministerio de Sanidad lo único que consiguió es generar conflicto y huelgas que en Galicia dejaron ya más de 90.000 procesos asistenciales suspendidos», advirtiendo además de las consecuencias de la huelga para el SNS. Por ello exige al Ministerio de Sanidad que «asuma sus competencias y abra una negociación real, que devuelva la estabilidad a los profesionales y la seguridad a los pacientes».
«La sostenibilidad del sistema sanitario necesita una reflexión de alcance en el marco del Sistema Nacional de Salud que derive en los pasos necesarios para garantizar que la ciudadanía siga teniendo una sanidad de vanguardia»
Antonio Gómez Caamaño, conselleiro de Sanidade de Galicia
Respecto a uno de los principales problemas problema que tiene en la actualidad el sistema sanitario, según el conselleiro, que es la falta de profesionales, señala que «el Ministerio de Sanidad, en vez de adoptar medidas efectivas, prefiere mirar para otro lado».
Por su parte, el consejero de Salud de la Región de Murcia, Juan José Pedreño, ha reiterado la «incapacidad de la ministra García para abordar un asunto de tal relevancia». Pedreño ha instado a la ministra a hacer «borrón y cuenta nueva para incluir a todos los colectivos profesionales en una negociación con amparo jurídico y, sobre todo, financiación«, advirtiendo que, «sin ella, las mejoras prometidas son solo papel mojado».
“una vez más, detrás de cada convocatoria de huelga, y ya van cuatro, está la incapacidad de la ministra Mónica García para ofrecer una respuesta institucional adecuada»
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia
Pedreño apunta que “siempre hemos reivindicado que la reforma del Estatuto Marco debe llevarse a cabo con diálogo, consenso y una memoria técnica”, y señala la necesidad de que tenga amparo jurídico y, sobre todo, financiación, “porque sin ella no se pueden hacer realidad las mejoras que van dirigidas a los profesionales y que no se queden en papel mojado”.
La defensa del Ministerio: «No es un texto improvisado»
Frente a este alud de críticas, el Ministerio de Sanidad se mantiene firme. Fuentes ministeriales han defendido que el nuevo Estatuto Marco «es el resultado de más de tres años de trabajo y numerosas reuniones». Aseguran que el texto no es fruto de la improvisación y que el hecho de que ciertos sindicatos no participen no es responsabilidad del Ministerio, sino del «propio sistema democrático de representación laboral» que rige el Ámbito de Negociación.
Sanidad sostiene que la creación de un estatuto exclusivamente médico, como reclaman algunas voces, «fragmentaría el marco común y rompería la lógica de trabajo multidisciplinar» que consideran esencial para el modelo sanitario público. Asimismo, reprochan que se elija la vía de la huelga en lugar de utilizar los cauces parlamentarios y las enmiendas, señalando que «quienes terminan asumiendo el impacto son los ciudadanos».
Mientras el Ministerio se ampara en la legalidad del Ámbito de Negociación y en los años de trabajo previo, los responsables autonómicos, quienes ejecutan el gasto y gestionan los hospitales, coinciden en un diagnóstico demoledor: el borrador es una «mera declaración de intenciones carente de realismo económico que amenaza con quebrar la paz social y la estabilidad del Sistema Nacional de Salud». La batalla por el Estatuto Marco parece estar lejos de su final.
