El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha terminado centrado de forma exclusiva en la huelga de facultativos vinculada al Estatuto Marco. En este sentido, las CCAA y el Ministerio de Sanidad han llegado a un acuerdo para fijar a un mediador que pueda acabar con las movilizaciones. Aunque en el orden del día figuraban numerosos asuntos, la reunión solo ha podido abordar ese conflicto, además de la aprobación del acta, de modo que el resto de puntos se aplazan a un pleno extraordinario previsto para el 9 de abril.
En la rueda de prensa posterior, la ministra de Sanidad, Mónica García, explicó que el Ministerio llevaba al encuentro varios asuntos que consideraba relevantes. Sin embargo, señaló que la decisión de los consejeros autonómicos de centrarse en la huelga y en la situación del Estatuto Marco impidió tratar el resto de materias, que quedan pospuestas para esa próxima cita extraordinaria. «Los consejeros y consejeras preferían abordar ese punto hoy y no hemos podido abordar el resto de puntos del Consejo Interterritorial», resumió.
La ministra aseguró que, en el Consejo Interterritorial, la mayoría de las comunidades autónomas trasladaron su «preocupación legítima» por el impacto de la huelga en los pacientes, una inquietud que, dijo, comparte el Ministerio desde el inicio del conflicto. A partir de esa preocupación común, Sanidad y las CCAA acordaron plantear al Comité de Huelga una figura de mediación aceptada por todas las partes, con el objetivo de seguir avanzando en los puntos ya negociados y evitar la convocatoria de paro. «Tanto Ministerio como CCAA, hemos acordado proponer una figura de mediación al Comité de Huelga que sea reconocida por todas las partes para seguir avanzando en los puntos de negociación que ya están acordados y para evitar la huelga», afirmó.
Según detalló García, durante la reunión algunos consejeros propusieron que esa mediación recaiga en una organización de pacientes, al entender que son quienes están sufriendo las consecuencias del conflicto. «Algunos consejeros han propuesto que sea una organización de pacientes porque son los que están sufriendo las consecuencias de esa huelga», indicó. La ministra precisó que esa opción se trasladará al Comité de Huelga, aunque insistió en que el mediador deberá ser reconocido por todos los implicados para que el proceso pueda prosperar. «Necesitamos que sea reconocida esa mediación por todas las partes», recalcó. En ese contexto, expresó su deseo de que el conflicto se desescale y defendió la «buena fe» y la «buena capacidad de diálogo» del Ministerio.
Como muestra de esa disposición, García recordó que Sanidad se ha reunido en 26 ocasiones con el comité de huelga y con distintos representantes del mismo. «Esta es la vez 26 que nos reunimos con el Comité de Huelga», subrayó. También reivindicó el acuerdo alcanzado en el foro de la profesión médica, donde, según explicó, ya se había conseguido avanzar por la vía del diálogo para evitar la huelga. «Llegamos a un acuerdo en el cual seguíamos avanzando en la vía de diálogo y se evitaba la huelga», sostuvo. Por ello, confió en que, «a la vuelta de vacaciones», pueda rebajarse la tensión y continuar la tramitación de las reivindicaciones.
La ministra subrayó, además, que no todas las demandas planteadas por los médicos se resuelven dentro del Estatuto Marco. A su juicio, parte de esas reclamaciones dependen del Ministerio, pero muchas otras competen a las comunidades autónomas, especialmente las relacionadas con retribuciones, plantillas, planificación o conciliación. En ese sentido, defendió que el nuevo texto debe entenderse como «la primera piedra» para abrir posteriores negociaciones sobre la organización del Sistema Nacional de Salud y sobre la mejora de las condiciones laborales. «El Estatuto Marco no resuelve todos los problemas ni resuelve todas las reivindicaciones», admitió.
García insistió en que el Estatuto Marco se encuentra aún en una fase inicial de su recorrido normativo. «Estamos casi en la parte inicial de ese Estatuto Marco», afirmó. Según expuso, el texto todavía debe pasar por Consejo de Ministros, volver a audiencia pública, someterse a nuevas enmiendas y llegar posteriormente al Parlamento. Por eso, sostuvo que aún queda «muchísimo recorrido» y que su aprobación en esta legislatura sería clave para no mantener cerrado el marco de 2003. También, defendió que el texto incorpora «novedades», «ventajas» y «avances» para los profesionales, aunque admitió que no resuelve por sí solo todos los problemas del colectivo.
Asimismo, la titular de Sanidad recordó que el Ministerio había propuesto inicialmente al Foro de la Profesión Médica como mediador, al considerar que reúne el conocimiento técnico y jurídico necesario sobre las reivindicaciones planteadas. «Consideramos que es el Foro de la Profesión Médica el que tiene el conocimiento técnico y el conocimiento jurídico», señaló. No obstante, asumió la posibilidad de explorar otras fórmulas, incluida la sugerida por varios consejeros autonómicos. En todo caso, insistió en que las comunidades no quisieron entrar al detalle de aquellas reivindicaciones que son de su competencia. «No han querido entrar al detalle», lamentó.
“No son capaces de poner ninguna medida concreta”
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ofreció una lectura mucho más crítica del encuentro. Aseguró que todos los consejeros, «independientemente del color político», trasladaron a la ministra que debe asumir su responsabilidad ante lo que definió como «la mayor huelga infinita que ha habido de médicos de la historia». Según su versión, las autonomías reclamaron que el Ministerio no desvíe la responsabilidad ni hacia las comunidades ni hacia los propios facultativos. «Le hemos pedido que, por favor, no desvíe la responsabilidad a las comunidades autónomas, como está haciendo, ni a los médicos», afirmó.
Matute aseguró, además, que las comunidades exigieron una financiación finalista para acometer las medidas que se adopten. «Le hemos exigido que haya una financiación finalista para las medidas que se vayan a tomar», señaló. También lamentó la ausencia de representantes de Función Pública, Hacienda y Trabajo en una reforma que considera imposible abordar sin esos departamentos: «Nos resultaba penoso ver las sillas vacías de Función Pública, de Hacienda y del Ministerio de Trabajo».
A juicio de la consejera madrileña, el acuerdo para buscar un organismo mediador evidencia el fracaso de la negociación ministerial con los sindicatos médicos. «Lo que hemos conseguido es llegar a un acuerdo con la ministra para que haya un organismo de mediación» y eso, sostuvo, significa que «el Ministerio y la ministra ha fracasado en su negociación». También defendió que los facultativos deben contar con «un marco de negociación propia vinculante y directa con el Ministerio» y con el reconocimiento de «su singularidad».
Matute fue especialmente dura al sostener que el mediador se busca porque la ministra «no es capaz de resolver» el conflicto, de modo que el Ministerio de Sanidad, que «tendría que tener la capacidad de diálogo y negociación con los sindicatos médicos, no lo ha conseguido». También criticó que, mientras no se encauce la reforma del Estatuto Marco, no se abran otros frentes como la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. «Le hemos pedido por favor que, dado que no ha sabido manejar bien la reforma del Estatuto Marco, es necesario que no continúe con otras reformas», dijo.
En materia económica, insistió en la necesidad de financiación específica y reprochó a Sanidad no haber cuantificado el coste real de las reformas que pretende impulsar. «La pena es que nuestra ministra no sabe cuánto dinero hace falta para llevar a cabo todas las reformas que ha pretendido acometer en ese Estatuto Marco», afirmó. En esa línea, puso como ejemplo otro conflicto en el que, según explicó, «el ministro Óscar Puente puso encima de la mesa 1.800 millones para desconvocar la huelga y lo consiguió».
Por su parte, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, recalcó que tras más de cuatro horas de reunión solo se abordó el punto relativo a la huelga en los servicios de salud. «Hemos estado 4 horas o algo más» y «solamente para tratar el punto del orden del día que se había puesto en conjunto por todas las CCAA», resumió. Explicó que las comunidades revisaron una a una la situación asistencial derivada del conflicto y criticó que la ministra hubiese deslizado la posibilidad de que la huelga terminara después de Semana Santa, algo que, dijo, quedó desmentido por el comunicado remitido por los sindicatos. «Nos hemos desayunado frases de la ministra como que la huelga probablemente se iba a acabar después de Semana Santa. Desde luego, ha quedado perfectamente desmentido por parte del comunicado que nos ha entrado de los sindicatos», aseguró.
Vázquez afirmó que la principal conclusión del encuentro es la petición de una mediación entre el Ministerio y los sindicatos, una salida que interpretó como un fracaso de la capacidad negociadora de Sanidad. «Realmente la conclusión es que se va a pedir una mediación para el conflicto» y, «verdaderamente, desde nuestro punto de vista, no es más que un fracaso de la capacidad negociadora del Ministerio», sostuvo. Según denunció, sigue sin haber una propuesta clara por parte del Ministerio y ni siquiera se ha concretado qué tipo de mediación se pondrá en marcha ni quién la asumirá. «Seguimos sin tener una idea clara de qué va a hacer y proponer el Ministerio», afirmó. Por ello, expresó un diagnóstico «muy negativo» sobre la evolución del conflicto y dudó de que pueda desactivarse antes de la fecha prevista para la huelga. «No vemos ninguna capacidad por parte del Ministerio para producir esta desconvocatoria», añadió.
El consejero castellanoleonés insistió además en que las comunidades no forman parte directa del conflicto y que serán el Ministerio y el Comité de Huelga quienes deban acordar el nombre o perfil del mediador. A ello, añadió que «el mediador tiene que ser aceptado por todas las partes para que sus conclusiones puedan ser válidas». También, remarcó que, pese a las horas de debate, no se puso sobre la mesa ninguna medida concreta para resolver la crisis. «No son capaces de poner encima de la mesa ninguna medida concreta para finalizar este conflicto», zanjó.
