La comparecencia del consejero de Salud del País Vasco, Alberto Martínez, en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco dejó numerosos titulares. Durante su intervención, anunció que Euskadi dejará de participar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), al considerar que el Ministerio de Sanidad ha actuado de manera «arbitraria» con la comunidad autónoma.
Uno de los detonantes, explicó Martínez, ha sido el rechazo ministerial a que el conocimiento de euskera pueda ser valorado en la convocatoria MIR. «Hemos logrado que la Universidad del País Vasco incremente el número de estudiantes, pero nos hemos encontrado con un portazo ante una propuesta de que el conocimiento de euskera sea ponderado en la convocatoria MIR», señaló, citando además la normativa que establece la evaluación de conocimientos teóricos y de comunicación. En este sentido, Martínez aseguró que «la ley establece que deben evaluarse los conocimientos teóricos y las habilidades de comunicación, pero el Ministerio interpreta de forma restrictiva y se niega a reconocerlo».
La respuesta del Ministerio de Sanidad
La posición del Ministerio llegó en una carta remitida el pasado 3 de octubre al propio consejero. En el escrito, firmado por la directora general de Ordenación Profesional, Celia Gómez, Sanidad recuerda que las pruebas de acceso al MIR son de carácter nacional y unitario, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los aspirantes. El documento señala que la propuesta vasca, al plantear un turno anticipado para quienes acreditaran el conocimiento del euskera, «supondría una doble vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad», al otorgar ventaja en un examen de ámbito estatal y alterar el sistema de adjudicación de plazas.
El Ministerio matiza que la LOPS reconoce las habilidades comunicativas como evaluables, pero no de manera obligatoria, y recuerda que su adquisición debe producirse a lo largo del propio proceso formativo. Por ello, subraya que el conocimiento de las lenguas cooficiales puede y debe incorporarse en la fase de contratación posterior, ya en el marco de las competencias autonómicas y según lo previsto en el Estatuto Marco del personal estatutario.
Choque de trenes
Más allá del cruce de cartas, fuentes del Ministerio de Sanidad, tras conocer las declaraciones del consejero, explicaron a Gaceta Médica que están «de acuerdo en favorecer el conocimiento y uso de las lenguas cooficiales”, recordando que el nuevo borrador del Estatuto Marco ya incorpora el mandato de garantizar la atención en la lengua oficial del territorio cuando el ciudadano lo requiera. Sin embargo, puntualizaron que otra cosa distinta es introducir la valoración del euskera como criterio de acceso a la FSE, lo que «supondría una vulneración del principio de igualdad consagrado en la Constitución».
En la misma línea, recordaron que la acreditación de plazas docentes es iniciativa de las comunidades autónomas y no del Ministerio, que se limita a validar los criterios acordados en la Comisión de Recursos Humanos. También remarcaron que aspectos como la edad de jubilación, planteada en paralelo por el consejero, están en manos del Congreso en el marco de la reforma de la Función Pública, por lo que exceden las competencias de Sanidad.
El choque de posiciones mantiene abierto un debate con claras aristas políticas y jurídicas. Mientras Euskadi reclama que se tenga en cuenta la singularidad lingüística en el acceso a la especialización, el Ministerio advierte de los riesgos de romper la homogeneidad nacional de un examen que afecta a miles de médicos cada año. La discusión, lejos de cerrarse, se perfila como uno de los puntos más delicados en la relación entre las autonomías con lengua propia y el Gobierno central en materia sanitaria.
