Una coalición de 14 fiscales generales estatales, liderada por el fiscal general de California, Rob Bonta, y el fiscal general de Arizona, Kris Mayes, ha presentado una demanda multiestatal contra la Administración Trump por los cambios «sin precedentes» en el calendario de vacunación infantil de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El movimiento judicial anunciado el 24 de febrero, en el que también figura el gobernador de Pensilvania, apunta directamente al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y al director interino de los CDC, Jay Bhattacharya, además de las propias agencias federales (CDC y HHS).
La querella, registrada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, impugna un «Memorando de Decisión» fechado el 5 de enero de 2026. Según el comunicado, ese documento eliminó la recomendación universal de siete vacunas infantiles: las destinadas a proteger frente a rotavirus, enfermedad meningocócica, hepatitis A, hepatitis B, influenza, COVID-19 y virus respiratorio sincitial (VSR). Los estados sostienen que el giro regulatorio agravará la carga sanitaria, aumentará la presión sobre recursos estatales y elevará costes, entre ellos el gasto de Medicaid, además de obligar a invertir más en combatir desinformación y revisar directrices de salud pública.
En paralelo, la demanda también cuestiona lo que la coalición califica como una «sustitución ilegal» del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), el panel federal de expertos que durante décadas ha guiado la política de vacunas en Estados Unidos. El comunicado sostiene que Kennedy había prometido durante su confirmación que no modificaría el ACIP, pero que después destituyó abruptamente a sus 17 miembros y nombró sustitutos sin cumplir, presuntamente, los requisitos de la Ley del Comité Asesor Federal (FACA), incluida la exigencia de que el comité sea «bastante equilibrado» y no esté indebidamente influenciado por intereses particulares.
«Los ataques de la Administración Trump a la ciencia son irresponsables y peligrosos», declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, al advertir de un efecto dominó: menor confianza, menores coberturas y más enfermedades infecciosas. Bonta enmarca la demanda como la 59.ª acción legal de su oficina contra la Administración Trump, subrayando que los estados «no pueden quedarse de brazos cruzados» si se ponen vidas en riesgo y se vulneran leyes. El gobernador Gavin Newsom reforzó el mensaje al acusar a la Casa Blanca de impulsar un programa «imprudente y sin fundamento científico» que «ignora décadas de evidencia» y podría reactivar brotes de enfermedades controladas.
El comunicado aporta un dato clave para dimensionar lo que está en juego: entre los niños nacidos en Estados Unidos entre 1994 y 2023, la vacunación rutinaria habría prevenido aproximadamente 508 millones de casos, 32 millones de hospitalizaciones y más de 1,1 millones de muertes, con un ahorro social estimado de 2,7 billones de dólares. Para los demandantes, este logro está ligado a la credibilidad institucional del ACIP y al calendario basado en evidencia que ha permitido coordinar políticas federales, estatales y decisiones familiares durante décadas.
La coalición solicita al tribunal que declare ilegales el nuevo calendario y los nuevos nombramientos del ACIP, y que ordene prohibir, anular y dejar sin efecto tanto el calendario actualizado como la reconfiguración del comité. Además de California y Arizona, se suman a la demanda los fiscales generales de Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island y Wisconsin, junto al gobernador de Pensilvania.
Qué cambió en enero
A comienzos de enero, Estados Unidos dio un giro relevante en su política de vacunación infantil. Los CDC actualizaron el calendario para niños y adolescentes, reduciendo el número de inmunizaciones recomendadas de forma universal y apostando por un modelo más flexible. Ello, alineado, según el propio enfoque comunicado, con el «consenso internacional» entre países desarrollados comparables.
El nuevo calendario sustituyó al vigente a finales de 2024, que recomendaba 17 vacunas para todos los niños. Desde entonces, se mantuvo la recomendación universal frente a 10 enfermedades con consenso internacional (difteria, tétanos, tos ferina, Haemophilus influenzae tipo b, neumococo, polio, sarampión, paperas, rubéola y VPH), además de la varicela. El resto pasa a dos vías: vacunación de grupos de alto riesgo o decisiones clínicas compartidas entre profesionales y familias, un cambio que afecta, entre otras, a rotavirus, gripe, COVID-19, hepatitis A y B, VSR y algunas meningocócicas.
Según este planteamiento, el cambio no retiraría vacunas del sistema: todas seguirían disponibles y cubiertas por los seguros de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y por programas como Medicaid y Vaccines for Children, sin coste directo para las familias. Pero para los estados demandantes, la nueva arquitectura y, sobre todo, el modo en que se adoptó, abre la puerta a confusión, incertidumbre y caída de coberturas. Por ello, han elevado el pulso a los tribunales.
