La Fiscalía de Andalucía, competente en la investigación de los cargos públicos aforados, ha emitido un decreto de archivo sobre tres denuncias vinculadas al programa de detección precoz de cáncer de mama. Las denuncias se dirigían contra cinco altos cargos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que ocuparon puestos en el periodo denunciado, entre los que se encuentran, actualmente, dos personas aforadas. Tras las diligencias de investigación preprocesales practicadas, la Fiscalía concluye que «no existen indicios de delito de los dos altos cargos públicos aforados».
Los escritos se presentaron a lo largo del mes de octubre pasado por la Asociación del Paciente y se ampliaron con 16 casos particulares. También constan denuncias de los partidos políticos Adelante Andalucía e Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía. Además de las dos personas aforadas, las denuncias incluían a tres personas no aforadas: una ex consejera de Salud, la ex viceconsejera de Salud y Consumo y la gerente del Servicio Andaluz de Salud.
Qué analiza la Fiscalía y qué tipo de hechos describen las denuncias
Según la información remitida por la Fiscalía a Gaceta Médica, el decreto se apoya en las diligencias preprocesales de investigación y en las declaraciones incorporadas en los escritos de las 16 mujeres afectadas. También se considera el informe y la documentación aportada por la Consejería de Salud, Presidencia y Emergencias. En ese marco, la Fiscalía señala que los hechos se refieren a errores o deficiencias en el protocolo del cribado de cáncer de mama.
Entre los aspectos citados figura la ausencia de seguimiento en casos catalogados como no «concluyentes» o «dudosos». También se mencionan falta de comunicación de pruebas realizadas y falta de atención médica por parte de profesionales del sistema de atención primaria. El decreto añade, asimismo, la imposibilidad de identificar a víctimas por falta o ausencia de datos personales, teléfono o correo electrónico en bases de datos.
La relación de incidencias incluye, además, situaciones de prestación sanitaria en el sistema de salud privado. El texto fiscal encuadra esos relatos dentro de lo investigado en estas diligencias de carácter preprocesal. Con todo, en el estado actual de los hechos, concluye el archivo respecto de las dos personas aforadas por ausencia de indicios delictivos.
Traslado a fiscalías provinciales para continuar la investigación
La Fiscalía de Andalucía acuerda remitir las diligencias de investigación a las Fiscalías Provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería. Según el decreto, en esas provincias «han sido atendidas las 16 mujeres que han denunciado», por lo que allí se continuará la práctica de pruebas. El objetivo es proseguir las actuaciones «en la forma que menos perjudique a las víctimas» y en el lugar más próximo a su entorno.
Con este traslado, la Fiscalía pretende proceder a la averiguación de los hechos y examinar si revisten carácter de delito, así como las posibles personas responsables. El decreto subraya que, en los hechos denunciados por las mujeres, no existe un patrón que permita unificarlos. Por ello, indica que «han de ser investigados de manera individual y separada».
El escrito también recoge que algunas denuncias contienen manifestaciones de carácter general sin precisión sobre las deficiencias del protocolo del cribado. En ese punto, advierte que una investigación más prospectiva sería contraria al derecho fundamental a la intimidad y al derecho a que nadie conozca datos especialmente sensibles. La Fiscalía añade que hay mujeres que han decidido libremente no someter sus casos a esta investigación y restringirlos al ámbito de la responsabilidad patrimonial de la administración.
