El Parlamento de Galicia ha vivido una jornada trascendental para el futuro de la seguridad asistencial. Con la aprobación definitiva de la modificación de la Lei de saúde de Galicia, la administración autonómica ha blindado legalmente a los profesionales que sostienen el sistema público y privado.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha defendido en el Pleno que este cambio normativo no es un mero trámite administrativo, sino «una declaración firme del apoyo y de la protección integral de la Xunta a los profesionales de la sanidad frente a las agresiones». Para el Gobierno gallego, garantizar un entorno seguro no es negociable, ya que concibe el respeto a estos trabajadores como «una condición imprescindible para el buen funcionamiento del sistema de salud».
Una protección pionera: del personal de administración a los técnicos del 061
La nueva ley destaca por su ambición y por su capacidad de adaptarse a la realidad del trabajo sanitario diario, que va mucho más allá de la consulta médica. En un movimiento sin precedentes a nivel nacional, Galicia se posiciona como la primera comunidad de España en ampliar la protección a técnicos de emergencias sanitarias y del 061. Esta medida reconoce la vulnerabilidad de un colectivo que a menudo trabaja en entornos aislados o en situaciones de alta tensión en la vía pública.
La norma tiene una vocación universal dentro del sector, extendiendo estas medidas de prevención y protección a todo el sistema sanitario, sea personal público o privado
Sin embargo, la protección no se detiene ahí. El conselleiro Gómez Caamaño ha subrayado que la definición de profesional del ámbito sanitario se ha ampliado significativamente para que la protección no se limite solo al personal estrictamente asistencial. Así, el paraguas legal cubrirá a partir de ahora al personal de administración, admisión, inspección o cualquier otra actividad relacionada con la asistencia, incluyendo también al personal de transporte sanitario. Además, la norma tiene una vocación universal dentro del sector, extendiendo estas medidas de prevención y protección a todo el sistema sanitario, sea personal público o privado.
Freno al ciberacoso y la violencia en el entorno digital
Uno de los puntos más innovadores y necesarios de esta reforma es la respuesta legal a las nuevas formas de hostigamiento que han surgido con la digitalización. La normativa incorpora sanciones específicas para la violencia digital, el acoso o el ciberacoso contra profesionales de la sanidad. Con este paso, Galicia se adapta a un contexto donde las redes sociales y las plataformas de mensajería se han convertido, en ocasiones, en herramientas de presión y violencia psicológica contra los facultativos.
Asimismo, la ley rompe las barreras físicas de los hospitales y centros de salud. Por primera vez, se incluyen como las conductas sancionables a las que se producen fuera de los centros sanitarios, siempre que estas agresiones o amenazas guarden relación con el ejercicio de la función profesional del trabajador. Se trata de un avance clave para evitar el acoso a sanitarios en su vida privada o en los trayectos hacia sus puestos de trabajo.
Medidas contundentes: movilidad del agresor y fin de las grabaciones sin permiso
Para que la ley no sea papel mojado, el texto recoge acciones de protección directa e inmediata para las víctimas. Según ha enumerado el conselleiro en sede parlamentaria, una de las medidas más destacadas para proteger al profesional agredido es la posibilidad de cambiar a la persona infractora, tanto de profesional como de centro sanitario. En la dirección opuesta, si el sanitario afectado lo requiere para su bienestar emocional o seguridad, la ley garantiza su movilidad laboral.
«AGRADEZCO las aportaciones de los grupos parlamentarios para avanzar en la protección de las personas que cada día sostienen con su trabajo nuestro sistema sanitario»
Antonio Gómez Caamaño, conselleiro de Sanidade
Otro de los grandes focos de conflicto en las consultas, las grabaciones no consentidas por parte de los pacientes, también queda regulado. La reforma establece que, ante esta situación, el profesional sanitario podrá suspender la asistencia dejando constancia de este hecho en la historia clínica del paciente, siempre que se garantice en todo momento que el paciente reciba la atención necesaria si se trata de una urgencia. Con esto se busca proteger el derecho a la intimidad y la dignidad del trabajador durante su desempeño laboral.
Prevención y colaboración policial: las siete áreas sanitarias blindadas
Más allá de la vertiente punitiva, la ley se centra en el refuerzo de la prevención, la formación y la protección de las víctimas. En este sentido, Gómez Caamaño ha agradecido «las aportaciones de los grupos parlamentarios para avanzar en la protección de las personas que cada día sostienen con su trabajo nuestro sistema sanitario».
Como complemento a la aprobación de la ley, la Consellería de Sanidade ha mantenido una reunión estratégica con los interlocutores policiales sanitarios de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Estos agentes especializados actúan como coordinadores de violencia en cada una de las siete áreas sanitarias gallegas, trabajando codo con codo con los responsables de recursos humanos del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Esta colaboración permanente permite realizar jornadas de formación e información y coordinar las unidades de prevención de riesgos laborales, asegurando que, ante cualquier incidente, la respuesta institucional sea rápida, coordinada y eficaz.
