La ministra de Sanidad, Mónica García, ha cargado este jueves contra los sindicatos médicos por su actitud en la negociación del Estatuto Marco y les ha acusado de «echar el freno» y «bloquear» los posibles acuerdos, después de que el Comité de Huelga rechazara sentarse con la mediadora propuesta para reconducir el conflicto.
La ministra ha descrito la cita como una «no reunión». Según su relato, los sindicatos médicos acudieron al encuentro, pero no aceptaron participar en la mesa y dejaron sola a la representante de las organizaciones de pacientes, propuesta como mediadora por el Consejo Interterritorial. «Yo lamento esa situación», ha afirmado, antes de subrayar que el Ministerio mantiene su apuesta por el diálogo y por los acuerdos.
En ese punto, García ha endurecido el tono contra las organizaciones convocantes. A su juicio, los sindicatos «se han desconectado de las reivindicaciones de los profesionales» y también de «los legítimos malestares» del colectivo. Frente a ello, ha defendido que los médicos quieren «avanzar» y «acelerar» mejoras en sus condiciones laborales, mientras que los representantes sindicales, en su opinión, están colocando «el conflicto como el centro del problema».
La titular de Sanidad ha insistido en que el objetivo del Ministerio es cerrar acuerdos que permitan que el nuevo Estatuto Marco «abra puertas» a otros avances normativos, también en conexión con futuras reformas de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Según ha sostenido, parte de las reivindicaciones de los profesionales pueden abordarse desde el Ministerio, mientras que otras dependen de las comunidades autónomas.
Pese al choque, García ha asegurado que el departamento no va a dar por rota la negociación. Ha recordadado la nueva convocatoria para el lunes y ha recalcado que el Ministerio seguirá llamando a los sindicatos «el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes» hasta que se desconvoque el conflicto. «Por nuestra parte nunca ha quedado», ha dicho, recordando que se han celebrado 26 reuniones y convocatorias a lo largo de un año y medio de trabajo.
La ministra ha puesto el foco, además, en la cuestión del mediador, uno de los puntos de fricción centrales. Ha explicado que la figura elegida fue planteada por las comunidades autónomas y ha defendido que no se trata del primer intento de mediación, ya que anteriormente el Foro de la Profesión Médica desempeñó ese papel en una fase en la que, según ha recordado, sí se alcanzó un acuerdo. Después, ha enumerado otras opciones que, según el Ministerio, se han puesto sobre la mesa y que tampoco les ha valido al Comité de Huelga: representantes del propio foro, colegios médicos, sociedades científicas, estudiantes, rectores universitarios y organizaciones de pacientes.
Con ese repaso, García ha querido trasladar la idea de que el Ministerio ha agotado las fórmulas para facilitar el entendimiento. «Ya no hay más excusas», ha afirmado, añadiendo que incluso se pidió al Comité de Huelga que planteara un nombre alternativo, sin que, según su versión, haya llegado ninguna propuesta. «No nos han propuesto ningún mediador», ha remachado.
En paralelo, ha defendido que la huelga se sostiene sobre elementos que, a su juicio, «ya están resueltos» o ya han sido acordados con sindicatos y con otras instancias de la profesión médica. También ha apuntado que algunas reclamaciones quedan fuera del Estatuto Marco y otras no dependen del Ministerio de Sanidad, sino del marco normativo general o de las competencias autonómicas. Como ejemplo, ha citado la petición de adelantar la jubilación de los médicos, sobre la que ha recordado que existen «normas comunes» para todos los trabajadores y que esa materia no corresponde a su departamento.
Preguntada por la respuesta de las comunidades autónomas ante la fallida reunión del miércoles, García ha señalado que algunas de ellas, entre las que propusieron a las organizaciones de pacientes como mediadoras, le han trasladado «frustración y decepción» por no poder seguir avanzando. Aun así, ha afirmado que percibe en la mayoría de los gobiernos autonómicos una voluntad de «remar a favor» de la solución del conflicto. Incluso ha asegurado que algunas autonomías ya están negociando en su ámbito con los sindicatos médicos y aplicando medidas contempladas en el Estatuto Marco.
La ministra ha llegado a sostener que los sindicatos se están quedando «solos» en un conflicto que, en su opinión, cada vez resulta más difícil de explicar. Según ha reiterado, el Ministerio seguirá negociando para «desencallar» y «desescalar» la situación, con la idea de volver a centrar el debate en las condiciones reales de trabajo de los profesionales sanitarios.
Reunión del CISNS
García ha remarcado los otros asuntos del sistema sanitario que se abordarán en la reunión del CISNS, como la estrategia de cuidados paliativos, la actualización del manual de buenas prácticas de la eutanasia y un informe para mejorar la detección precoz de la enfermedad renal crónica.
También avanzó que el Consejo abordaría el manual de buenas prácticas de la eutanasia con tres objetivos: aprender de la experiencia acumulada en estos años, agilizar el procedimiento y ofrecer «seguridad jurídica» y «seguridad» a pacientes y profesionales. Junto a ello, anunció la presentación de un informe sobre enfermedad renal para favorecer el diagnóstico precoz mediante analíticas de orina y sangre y detectar antes a pacientes con riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica.
En el turno de preguntas, la ministra también fue interpelada por la posibilidad de adelantar a los 40 años la edad de cribado del cáncer de mama. Sin comprometer cambios concretos, respondió que el Ministerio trabaja «de la mano de la evidencia científica» y que está dispuesto a revisar los protocolos, siempre en coordinación con expertos, sociedades científicas y comunidades autónomas. García recordó que España cuenta con un programa de cribado «muy consolidado» y «muy eficaz», aunque admitió que existen reflexiones abiertas sobre la conveniencia de modificar la edad de inicio.
Asimismo, fue preguntada por el estado del anteproyecto para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios y limitar la entrada de empresas privadas. García respondió con dureza hacia la Comunidad de Madrid y enmarcó la futura norma como una herramienta para «blindar la sanidad» frente a mecanismos que, según sostuvo, desvían dinero que debería ir a la salud de los ciudadanos hacia cuentas de resultados empresariales. Sobre la tramitación, explicó que la ley sigue su curso habitual de informes y pasos interministeriales antes de llegar al Congreso.
