La ministra de Sanidad, Mónica García, ha comparecido ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, donde ha abordado, entre otros asuntos, la convocatoria de los exámenes para la Formación Sanitaria Especializada (FSE). Se trata de un proceso que este año ha estado marcado por el descontento de los aspirantes, debido a los continuos retrasos registrados en distintos plazos de la convocatoria, pese a que la fecha del examen sí se mantuvo. En este sentido, fuentes del PP han expresado a Gaceta Médica su descontento al ver que la ministra no va a poner en marcha auditorías para revisar la convocatoria del MIR 2026.
García enmarca los cambios en el aumento de plazas y aspirantes
En su intervención, la ministra ha querido contextualizar lo ocurrido en la convocatoria del MIR y del conjunto de la FSE, defendiendo que el sistema actual ya no responde al escenario de hace una década. «Durante muchos años, el sistema estaba dimensionado para un volumen de aspirantes muy inferior al actual», ha señalado, antes de vincular esa situación a una etapa en la que, a su juicio, la Formación Sanitaria Especializada «languidecía tras los recortes aplicados durante los gobiernos del Partido Popular».
García ha recalcado que el contexto actual es distinto, con un incremento sostenido de plazas y de candidatos. «Solo en los últimos años hemos aumentado las plazas de formación sanitaria especializada en torno a un 40%, lo que significa que miles de profesionales más se están formando cada año en nuestro sistema sanitario», ha afirmado. Según ha expuesto, ese crecimiento obligaba también a revisar el engranaje administrativo de la convocatoria.
A partir de ahí, ha defendido que los cambios introducidos buscaban reforzar la gestión del proceso. «Este crecimiento exige también modernizar y adaptar los procedimientos administrativos que organizan el proceso», ha explicado. En ese marco, ha situado una de las claves del debate de las últimas semanas: «Hemos llevado a cabo una actualización de la aplicación informática que gestiona todo el proceso, necesaria para adaptarla al aumento constante de aspirantes y para mejorar la seguridad y la tramitación electrónica del procedimiento».
La ministra defiende la normalidad del proceso
La titular de Sanidad ha reconocido que durante la convocatoria ha habido «momentos de incertidumbre, preocupación o incluso frustración entre algunos aspirantes», al tratarse de «un examen decisivo en la trayectoria de miles de profesionales». No obstante, ha tratado de rebajar el impacto de lo ocurrido subrayando que «todas las personas han podido realizar su examen, todas han podido conocer su nota y todas van a poder elegir su plaza dentro del proceso establecido».
Además, ha defendido que en esta edición se han incorporado novedades que, a juicio del Ministerio, mejoran el sistema. Entre ellas, ha destacado la recuperación de la elección presencial de plazas y la introducción de un mecanismo de reasignación temprana de vacantes para evitar que se pierdan plazas cuando algún adjudicatario renuncie antes de incorporarse.
En su discurso, también ha querido poner el foco en los motivos administrativos que, según el Ministerio, contribuyeron al retraso. Así, ha señalado que «el inicio del proceso se retrasó, entre otras razones, porque actualizamos los procedimientos de contratación de las empresas que dan soporte a la prueba, tras la creación de la Junta de Contratación del Ministerio de Sanidad». Según ha defendido, se aplicaron «los mismos criterios de transparencia y control que ya se aplican al resto de contratos públicos».
El PP carga contra la gestión: «No lo han podido hacer peor»
La réplica más dura ha llegado desde el Partido Popular. La portavoz de Sanidad del PP en la Comisión, Elvira Velasco, ha hecho una enmienda a la totalidad a la gestión del Ministerio y ha acusado a Sanidad de haber generado «una gran incertidumbre2 en un proceso que, a su juicio, era hasta ahora una referencia de consenso profesional e independencia técnica.
Velasco ha criticado desde el principio el desarrollo de la convocatoria, recordando la dimisión de los comités de expertos encargados de elaborar las preguntas y denunciando que se ha pasado «de un modelo que funcionaba» a «un modelo opaco y sin garantías». También ha censurado la reducción inicial de sedes de examen, precisamente en un contexto de aumento del número de aspirantes. «¿Cómo es posible que se aumente el número de aspirantes a una plaza de FSE y el Ministerio reduzca las sedes para presentarse al examen?», ha preguntado.
La diputada popular ha centrado buena parte de su intervención en el incumplimiento de los plazos fijados en la propia orden de convocatoria. «Ustedes no han respetado ni uno solo de los plazos que ustedes mismos definen», ha reprochado a la ministra. En esa línea, ha denunciado que la publicación de la relación de admitidos se produjo «a escasos días del examen», con un margen «insuficiente para la interposición de recursos administrativos», una situación que ha calificado de inédita.
El tono del PP ha ido elevándose hasta resumir el proceso como «un auténtico desastre». «No lo han podido hacer peor durante todo el proceso de desarrollo de la convocatoria de FSE», ha afirmado Velasco, que ha asegurado que el Ministerio ha mantenido “a cerca de 35.000 aspirantes” en una situación de «auténtica inseguridad». Además, ha vuelto a exigir una auditoría independiente del proceso, una reclamación que, según ha recordado, también ha planteado la Asociación MIR.
García rechaza el relato del «caos» y apela a la transparencia
En su réplica, Mónica García ha tratado de desactivar las críticas del PP negando que el Ministerio haya eludido responsabilidades. «Ya le he explicado las dificultades que hemos tenido en la convocatoria del MIR, no eludimos ninguna responsabilidad y no ocultamos nada», ha respondido a Velasco. La ministra ha insistido en que el departamento ha ido dando respuesta a todas las incidencias conforme se han ido detectando.
García ha vuelto a enumerar los factores que, según el Ministerio, explican los retrasos: el cambio en la Junta de Contratación, la actualización de la aplicación informática, el «aumento exponencial de los aspirantes» y los problemas derivados de la revisión documental. Sobre este último punto, ha precisado que hubo «dificultades en más de 1.000 documentos, porque la presentación por parte de los aspirantes no era la adecuada, por decirlo de alguna manera».
Frente a la acusación de opacidad, la ministra ha defendido exactamente lo contrario. «Lo que hemos hecho es al revés, pasar a un modelo transparente», ha afirmado. En esa línea, ha reivindicado que el sistema de elección de expertos para la elaboración del examen se ha reforzado con «transparencia» y «garantías jurídicas».
El choque por las sedes y la auditoría
Otro de los puntos de fricción en la Comisión ha sido la cuestión de las sedes. Velasco ha reprochado al Ministerio haber reducido inicialmente los lugares de examen y solo rectificar tras las protestas. García, sin embargo, ha defendido que el objetivo era volver a una cierta normalidad tras los cambios introducidos durante la pandemia. «Durante la pandemia cambiaron muchos de estos procedimientos y se aumentaron muchísimo las sedes», ha argumentado. Según ha explicado, el Ministerio trató de recuperar el esquema previo, aunque finalmente atendió las peticiones de las comunidades autónomas para mantener determinadas sedes.
La ministra también ha negado que los aspirantes hayan estado desinformados o sin cobertura administrativa durante el proceso. «No ha habido indefinición por parte de ninguno de los aspirantes», ha sostenido. Más aún, ha defendido que, aunque no había dado tiempo a revisar todos los expedientes, se permitió que todos pudieran presentarse al examen y que las comprobaciones se hicieran después, precisamente para no perjudicar a nadie.
Sobre la Asociación MIR, García ha confirmado que el Ministerio se reunió con sus representantes y ha querido trasladar una imagen menos crispada del encuentro que la expresada por el PP. «Nos hemos reunido con la Asociación MIR, por cierto, una reunión de la que salieron bastante contentos», ha asegurado.
Sumar respalda el aumento de plazas
En el debate también ha intervenido la portavoz de Sanidad de Sumar, Alda Recas, que ha respaldado la política del Ministerio en materia de Formación Sanitaria Especializada. Recas ha destacado el incremento de plazas y lo ha atribuido a «un modelo de recursos humanos basados en la evidencia», alejándolo de cualquier planteamiento coyuntural.
Aunque su intervención se ha centrado más en el ámbito de la ordenación profesional y en la apertura de la reforma de la LOPS, su apoyo ha servido para apuntalar la defensa del Ministerio de Sanidad en un momento en el que el MIR 2026 sigue siendo uno de los focos de mayor contestación entre los aspirantes.
Un debate abierto a la espera de la adjudicación
La comparecencia de García deja así dos relatos enfrentados sobre la convocatoria de la FSE. Por un lado, el del Ministerio, que admite dificultades pero las enmarca en una actualización necesaria de un sistema sometido a un fuerte crecimiento de plazas y aspirantes, y que defiende haber actuado con criterios de transparencia, seguridad y modernización. Por otro, el del PP, que habla abiertamente de descontrol, incumplimiento de plazos e inseguridad para miles de candidatos.
Mientras tanto, la ministra ha subrayado que el proceso «se ha desarrollado con normalidad», con la prueba celebrada en 25 localidades, cerca de 700 mesas de examen y más de 2.000 personas implicadas en la organización y vigilancia. Como ha recordado García, ya se han publicado los listados definitivos y el Ministerio trabaja ahora en la adjudicación de plazas, que «previsiblemente comenzará en la segunda quincena de abril».
