La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido en el Pleno del Senado el carácter universal de la sanidad pública española. En este sentido, ha respondido a una pregunta formulada por la senadora de Vox, Paloma Gómez, quien ha vinculado la «regularización masiva de inmigrantes ilegales» con un posible aumento de la presión asistencial sobre un sistema sanitario que, a su juicio, ya se encuentra «desbordado», con «centros de salud desbordados, listas de espera interminables y profesionales que no pueden más con su vida».
Durante su primera intervención, la ministra ha pedido a la senadora de Vox que sustituyera el término «inmigrantes» por «personas», «seres humanos», «pacientes» o «vecinos». «Así le contestaré mejor», ha afirmado. En su réplica, Gómez ha insistido en el impacto que, en su opinión, tendría un incremento de la demanda sanitaria si el Gobierno sigue adelante con la regularización. La senadora ha preguntado por la ubicación de «los recursos, el refuerzo en personal, las infraestructuras y la financiación» para sostener la atención sanitaria y ha defendido que «cualquier sistema público tiene límites».
Además, ha expresado que «los inmigrantes son el 14% de la población» y ha afirmado que envían «unos 11.500 millones de euros cada año en remesa». Una cifra que, según ha dicho, equivale al «11% de gasto en sanidad pública». A partir de ahí, ha acusado al colectivo migrante de estar «saturando el Estado de bienestar, las pensiones, la sanidad, las listas de espera y el acceso a la vivienda».
Frente a ello, García ha endurecido el tono de su respuesta y ha rechazado de pleno el marco planteado por Vox. «Las regularizaciones no tienen ningún impacto, porque las personas migrantes ya tienen asegurada la asistencia sanitaria en nuestro país», ha reiterado la ministra, antes de recordar que esa cobertura existe, según ha señalado, «desde 1986. Nada más y nada menos que desde la Ley General de Sanidad».
En este sentido, la titular de Sanidad ha matizado que aquella norma consagró una «sanidad pública, universal, de calidad y gratuita» y ha sostenido que solo hubo «una pequeña anomalía democrática» durante los gobiernos del Partido Popular, cuando, según sus palabras, se produjo una «exclusión sanitaria de las personas que viven en nuestro país y que son migrantes».
A continuación, García ha afirmado que a Vox «la democracia les viene grande» y que «la sanidad pública les viene grande». También, ha acusado al partido de no conocer ni la legislación ni el modelo de país que, a su juicio, representa el sistema sanitario español. «Somos un país solidario, que está orgulloso de tener una sanidad pública universal. Somos un país que ve pacientes, que no ve enemigos», ha proclamado la ministra desde la tribuna del Senado.
García ha ido más allá al defender que el deterioro de la sanidad pública no responde al uso que hacen de ella determinados colectivos, sino a las políticas de recorte y privatización. «Sabemos perfectamente quién nos está robando la sanidad y nos la están robando los que la privatizan y los que la recortan, no aquellos que la usan», ha afirmado.
Asimismo, ha señalado que la sanidad pública «se paga con los impuestos» y ha cargado contra «los defraudadores de Hacienda» y contra la Fundación Disenso, vinculada a Vox, así como contra «las donaciones» que, según ha dicho, fueron «directamente a los bolsillos de Vox».
La ministra ha cerrado su intervención reivindicando una sanidad que «no te pregunta de dónde eres, sino qué es lo que te pasa», en una defensa cerrada del acceso universal a la asistencia sanitaria y en respuesta a un discurso de Vox centrado en el impacto migratorio sobre los servicios públicos.
