La ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido al ultimátum lanzado por varios consejeros autonómicos del PP sobre la reforma del Estatuto Marco con una réplica directa: «Han pedido muchas cosas». La titular de Sanidad enmarca así la presión recibida tras el último Consejo Interterritorial. En concreto, fue Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad de Castilla y León, en representación de las CCAA del PP, el que afirmó que pedirían a Pedro Sánchez su sustitución si no había acuerdo antes del 27 de abril.
García defendió que el Ministerio lleva meses trabajando en una negociación «amplia» y «transversal» sobre una norma que regula las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud. Según subrayó, pese a la huelga médica nacional indefinida iniciada el pasado 16 de febrero contra la reforma, el departamento ha acumulado acuerdos en distintas mesas y mantiene abierta la vía del diálogo.
La ministra insistió en que el conflicto no puede mantenerse mientras en las mesas de negociación cada vez hay «más acuerdos, más consensos y más soluciones». En este sentido, recordó que el último pacto con el foro de la profesión médica se alcanzó hace menos de un mes y que en ese espacio participan no solo sindicatos, sino también sociedades científicas, colegios de médicos, decanos y estudiantes.
El Ministerio defiende que ya ha dado salida a varias reivindicaciones
Sanidad sostiene que ha celebrado más de 25 reuniones con los distintos componentes del comité de huelga y que ha intentado dar respuesta a las reivindicaciones que son de su competencia. García remarcó que parte de las demandas planteadas por los profesionales no dependen del Estado, sino de las comunidades autónomas, especialmente en materia de plantillas, organización del trabajo y recursos.
A su juicio, uno de los principales problemas es que los acuerdos alcanzados no están traduciéndose en una desescalada del conflicto. «No es justo ni para los profesionales ni para los pacientes», afirmó. La ministra señaló además que los sindicatos médicos no actúan con una única voz, ya que, según explicó, existen «diferentes sensibilidades» y posiciones distintas dentro del espacio sindical.
Sobre la reunión prevista entre Sanidad, los sindicatos médicos y el Foro de la Profesión Médica como mediador, que no salió adelante porque las organizaciones convocantes rechazaron esa figura, García admitió no entender del todo la negativa. El Ministerio, dijo, aceptó incluso explorar otras fórmulas de mediación tras una propuesta planteada por algunos consejeros en el Consejo Interterritorial, entre ellas la participación de organizaciones de pacientes.
«No vamos a bajar los brazos»
La ministra enmarcó la reforma del Estatuto Marco como la primera transformación de calado de esta norma en 23 años y aseguró que su departamento no va a «bajar los brazos» ni a «rendirse» en un momento que considera clave para modernizar la organización del sistema sanitario.
Entre las medidas que defendió con más firmeza figura el fin de las guardias médicas de 24 horas. Según explicó, el nuevo Estatuto plantea que no puedan encadenarse más de dos turnos seguidos, con un máximo de 17 horas de trabajo. También reivindicó la intención de fijar procesos selectivos con una periodicidad de dos años, frente a la irregularidad actual.
No obstante, García admitió que la ley estatal no puede resolver por sí sola todos los problemas laborales de los profesionales. «El Estatuto Marco no lo soluciona todo», reconoció, al tiempo que recalcó que la norma fija los límites generales, pero la organización concreta de los servicios y la dotación de personal corresponden a las autonomías.
En ese punto, lanzó un mensaje directo a los responsables regionales que aseguran disponer de recursos suficientes para eliminar las guardias de 24 horas: «Hágalo». La ministra defendió que ya existen territorios donde las guardias son de 12 horas y afeó a otros gobiernos que no apliquen medidas que están dentro de sus competencias.
Críticas al PP y a la Comunidad de Madrid
La respuesta más política de García llegó al referirse a la ofensiva de los consejeros del PP. «Han pedido que se retire el Estatuto Marco hace varios consejos interterritoriales», recordó, tras señalar que el debate sobre esta norma ha centrado ya numerosas reuniones del órgano de coordinación entre Ministerio y comunidades.
Lejos de asumir el ultimátum, la ministra devolvió la presión a los ejecutivos autonómicos. A su entender, los consejeros del Partido Popular deberían centrarse en mejorar desde ya las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. Según indicó, existen autonomías que ya pagan la hora de guardia por encima de la hora ordinaria o que han avanzado en otros aspectos, mientras que otras no lo han hecho.
Sin citar expresamente a todas ellas, sí cargó de forma clara contra la Comunidad de Madrid, a la que acusó de «intentar poner más gasolina al conflicto». García sostuvo que resulta «desleal» que las autonomías alimenten la confrontación cuando «tienen mucho que decir» en la solución de buena parte de las demandas planteadas por los médicos.
García reivindica su perfil activista
La ministra también respondió a quienes en redes sociales le reprochan que la «Mónica García de la marea blanca» habría salido a la calle contra una reforma como esta. Frente a ese argumento, defendió que su trayectoria siempre ha estado vinculada a la defensa del sistema sanitario público y de las condiciones laborales de todos sus profesionales.
Aseguró que precisamente sería una «traición» a esa etapa pasar por el Ministerio sin intentar reformar el Estatuto Marco ni la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. «No podría permitir pasar por el Ministerio de Sanidad sin intentar mejorar estas condiciones laborales», afirmó.
García vinculó el malestar actual de los médicos a un problema más amplio, compartido con enfermeras, técnicos y otros colectivos del sistema. En su opinión, ese desgaste es consecuencia de años de inacción administrativa y de la gran disparidad existente entre comunidades autónomas.
Eutanasia, aborto y gestión pública
Durante su intervención, la ministra también abordó otros asuntos sanitarios de actualidad. En relación con el caso de Noelia Castillo, la joven catalana que recibió la eutanasia tras una larga batalla judicial, García defendió que el sistema no le falló a ella, sino que quienes bloquearon su derecho fueron «abogados cristianos» y parte de su entorno familiar.
Sanidad, explicó, tenía previsto aprobar en el último Consejo Interterritorial un manual de buenas prácticas sobre la aplicación de la ley de eutanasia para agilizar procedimientos, clarificar fases y reducir demoras evitables. Ese documento no pudo salir adelante al quedar la reunión absorbida por el debate sobre la huelga médica.
La ministra también cargó contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por sus declaraciones sobre ese caso, y acusó al partido de situarse «más del lado de los ultras que del lado de los derechos adquiridos por nuestra sociedad».
En materia de aborto, García reivindicó la actuación de su departamento frente a la negativa de la Comunidad de Madrid a crear el registro de objetores de conciencia. Según sostuvo, la justicia ya ha ordenado cautelarmente a la administración madrileña cumplir la ley, y acusó a Isabel Díaz Ayuso de liderar una «guerra contra las mujeres».
Por último, defendió el proyecto de Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud aprobado por el Consejo de Ministros. Según argumentó, la norma busca blindar el sistema sanitario frente a dinámicas de privatización y evitar modelos en los que la atención a los pacientes quede condicionada por criterios de rentabilidad.
Con todo, el frente más inmediato para el Ministerio sigue siendo el Estatuto Marco. García se aferra a la negociación, reivindica los acuerdos ya alcanzados y rechaza retirar una reforma que considera histórica. Mientras tanto, el pulso con los sindicatos médicos y con parte de las comunidades autónomas continúa abierto.
