El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado hoy que la huelga médica de ámbito nacional celebrada los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre contra el Gobierno de España por el Estatuto Marco tuvo un impacto económico estimado de casi 38 millones de euros en el sistema sanitario público de Andalucía. Antonio Sanz ha mostrado hoy la «lógica preocupación del Gobierno andaluz ante una nueva huelga de médicos convocada para el próximo lunes y que se prolongará hasta el viernes». Una huelga que está previsto se repita en los próximos meses que «una vez más, pagarán los andaluces» y que constituye, ha dicho el consejero, «un problema muy grave que daña al sistema sanitario público andaluz».
Durante una comparecencia en Sevilla, el consejero de Sanidad ha trasladado su apoyo y comprensión a los médicos ante «la dejación de responsabilidades y la falta de talante que demuestra el Ministerio». Para Antonio Sanz «está claro que a la ministra Mónica García, en una gran irresponsabilidad, le da exactamente igual» y ha recordado que «somos las comunidades, los andaluces, los que estamos pagando su incapacidad para dialogar». Es por ello que ha exigido a la ministra que «abra un periodo de diálogo sincero y comprometido para lograr un acuerdo».
Tal y como ha recordado Antonio Sanz, las cuatro jornadas de huelga en el mes de diciembre supusieron la suspensión 212.471 consultas de Atención Primaria, 4.044 intervenciones quirúrgicas, 18.181 pruebas diagnósticas y 95.773 consultas externas hospitalarias. Además, según ha cifrado el Servicio Andaluz de Salud, ha supuesto un impacto económico estimado de 11,47 millones de euros en Atención Primaria y 26,27 millones de euros en el ámbito hospitalario, alcanzando un total cercano a los 38 millones de euros.
El titular de Sanidad ha destacado que «Andalucía ha exigido y seguirá haciéndolo un debate y una negociación que no deje fuera a los médicos, ni a las comunidades autónomas ni a otros ministerios de su propio Gobierno». Antonio Sanz ha asegurado que «no se entiende una negociación de un documento sin memoria jurídica, memoria técnica ni memoria económica».
