En una sesión plenaria de la Asamblea de Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado de forma oficial que su Gobierno interpondrá un recurso contra el Real Decreto 180/2026. Esta normativa, aprobada por el Ejecutivo central el pasado 10 de marzo, busca devolver y regular el acceso a la atención sanitaria para personas extranjeras en situación irregular, una medida que el Gobierno madrileño considera una amenaza directa a la estabilidad de sus infraestructuras médicas.
La presidenta madrileña ha aprovechado la sesión de control para posicionarse firmemente contra lo que califica como una gestión irresponsable de los recursos comunes. Ayuso ha vinculado la aplicación de este decreto con un incremento del gasto y una falta de control que, a su juicio, perjudica a los ciudadanos de la región. Durante su intervención, la mandataria ha sido contundente aclarando que «estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos y por eso otra vez este gobierno va a recurrir en este caso a este Real Decreto».
Para la Puerta del Sol, la estrategia del Gabinete de Pedro Sánchez no responde a una necesidad asistencial real, sino a una táctica política para erosionar la gestión autonómica. Ayuso ha insistido en que el objetivo último de la Moncloa es «fundir la sanidad en la Comunidad de Madrid, fundir, desguazar los servicios públicos». En este sentido, la presidenta ha reclamado de forma reiterada «orden y ley» frente a lo que percibe como una promoción de la inmigración irregular para «multiplicar el desorden» en beneficio del PSOE.
El límite de la atención: «No vamos a dejar morir a nadie»
Pese a la firmeza en el plano administrativo y legal, la presidenta madrileña ha querido marcar una clara distinción entre la gestión de la residencia legal y la ética médica fundamental. En un intento de desmarcarse de las posturas más extremas, ha subrayado que la Comunidad de Madrid mantendrá la atención humanitaria en casos críticos. «No van a dejar morir en las puertas de un hospital por su situación regular o irregularidad. Eso es inhumano», ha sentenciado Ayuso, recalcando que una cosa es la prestación de servicios universales y otra muy distinta la gestión migratoria que, según ella, está realizando el Gobierno central «sin control» y, en ocasiones, permitiendo la regularización de personas «con antecedentes penales».
Desde el Ejecutivo regional se sostiene que la responsabilidad de las fronteras, la extranjería y las políticas de inmigración recae exclusivamente en el Estado, y que Madrid no debe asumir las consecuencias de decisiones en las que no tiene competencia. Por ello, Ayuso ha reprochado a la oposición parlamentaria su falta de apoyo ya que «si nosotros denunciamos que no vamos a estar a favor de ese desorden y esa ilegalidad, al menos únanse por una vez a nosotros».
Vox endurece el tono: «Madrid no puede ser el hospital del mundo»
El anuncio del recurso se ha producido en un contexto de presión por parte de Vox, cuya portavoz en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha protagonizado un duro cara a cara con la presidenta. La formación de Santiago Abascal ha centrado su ofensiva parlamentaria en la exigencia de «una prioridad nacional para el acceso a la salud», denunciando el colapso que, según sus datos, sufren los hospitales madrileños.
Moñino ha aportado cifras para sostener su crítica, afirmando que desde el año 2019 la sanidad regional «ha atendido a más de 700.000 ilegales», cuestionando abiertamente el impacto económico de estas intervenciones. En un tono cargado de reproches, la portavoz de Vox se ha dirigido a Ayuso manifestando que «le da lo mismo un español que un ilegal, le da lo mismo que aporte o que no aporte».
La representante de Vox ha concluido su intervención con una advertencia sobre la sostenibilidad del modelo madrileño, asegurando que «Madrid no puede ser el hospital del mundo» ni puede permitirse el lujo de «colapsar como consecuencia de las decisiones de una élite política que ha decidido abrir nuestras fronteras sin ningún tipo de control».
La decisión de recurrir el Real Decreto 180/2026 sitúa nuevamente a la Comunidad de Madrid como el principal dique de contención legal frente a las políticas del Gobierno de coalición central. Mientras el Ejecutivo de Sánchez defiende la recuperación de la atención sanitaria como un derecho humano y de salud pública, la administración de Ayuso lo ve como un incentivo al efecto llamada y una carga insoportable para el contribuyente madrileño.
