La crisis abierta en torno al Estatuto Marco volvió a tensar este jueves el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), donde los consejeros del PP elevaron el tono contra la ministra de Sanidad, Mónica García, hasta reclamar su dimisión. La ofensiva verbal la encabezó la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, que acusó a la titular del Ministerio de haber dinamitado la negociación con los médicos y de estar incapacitada para pilotar una salida al conflicto.
Tras la reunión del CISNS, Matute aseguró haber pedido a García que dimita «con dignidad» antes de que sea cesada «por presiones externas». En su declaración, cargó con dureza contra la ministra, a la que situó como principal responsable de la huelga indefinida médica y de la falta de entendimiento con el colectivo. Según sostuvo, una vez más, será recordada como la ministra que «ha traicionado a sus compañeros» y que ha provocado «la peor huelga indefinida de médicos que ha visto España».
La consejera madrileña llevó además la crítica a un plano político mucho más agresivo al definir a Mónica García como «un caballo de Troya» que, a su juicio, está «reventando la sanidad dentro del Ministerio». En esa línea, la responsable madrileña quiso subrayar que la salida al conflicto depende directamente del Ministerio y, en particular, de la titular de Sanidad. «Es su responsabilidad y solo su responsabilidad terminar con esta huelga», afirmó, reclamándole que reconozca la «singularidad» de la profesión médica y que habilite un «marco de negociación exclusivo y vinculante» para este colectivo.
Uno de los ejes del mensaje de Matute fue precisamente esa reivindicación de una interlocución diferenciada para los médicos. A su juicio, asumir esa especificidad no supondría restar derechos al resto de profesiones sanitarias, sino «fortalecer el sistema». También, la consejera introdujo el impacto asistencial de la huelga como argumento de presión contra el Ministerio. Se preguntó «la cantidad de pruebas que se están anulando» y recordó que detrás de esa situación «hay pacientes», a los que dijo que se les debe «respeto». Desde esa perspectiva, vinculó directamente la falta de resolución del conflicto con un perjuicio creciente sobre la atención sanitaria.
A partir de ahí, Matute reprochó a la ministra que se «parapete» en los pacientes mientras, según su versión, ha contribuido a bloquear la negociación. En concreto, censuró que el Ministerio se sentara en la mesa con un paciente «sin el consentimiento de la mesa de negociación». Un gesto que, en opinión de la consejera madrileña, demostraría que la intención real de García no era facilitar un acuerdo, sino «reventar la negociación» y prolongar la huelga.
La crítica no se limitó al conflicto laboral. Matute denunció también un problema de relación institucional con las comunidades autónomas y aseguró que los consejeros están «hartos» de que la ministra haga declaraciones públicas antes de trasladarles a ellos su posición. Además, le acusó de «manipular y mentir» sobre lo que se ha decidido en el seno del Consejo Interterritorial. Una acusación especialmente sensible al referirse al principal órgano de coordinación entre el Ministerio y las autonomías.
Con ese reproche, la consejera de Madrid presentó el CISNS como un espacio que debería ser «sagrado» en su funcionamiento y en la lealtad institucional entre administraciones. A su juicio, el comportamiento de la ministra en ese foro demuestra que está «inhabilitada e incapacitada para gobernar», al haber antepuesto, según dijo, su perfil político a su responsabilidad de gestión.
En el tramo final de su intervención, Matute recurrió a un contraste especialmente simbólico al afirmar que «el mal político se ha comido al médico». Con esa formulación quiso dibujar a Mónica García como una dirigente que ha dejado atrás su condición profesional y que, desde la política, estaría causando un «daño irreparable» a la sanidad española. La consejera llegó a definir el sistema sanitario como «el mayor tesoro que tenemos», reforzando así el dramatismo de su denuncia.
Galicia y Castilla y León confirman la solicitud de dimisión
El conselleiro de Sanidade de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, ha asegurado tras el Consejo Interterritorial que la reunión se salda «sin ningún avance» en el que ha definido como el principal conflicto sanitario del país en este momento: la huelga contra el Estatuto Marco impulsado por el Gobierno central. Según ha denunciado, el Ministerio de Sanidad parece sentirse «muy cómodo» en esta situación pese al fuerte impacto asistencial que está teniendo en las comunidades autónomas. En el caso gallego, ha cifrado ese efecto en la suspensión de más de 200.000 actos asistenciales.
A juicio del responsable gallego, esa falta de avances evidencia que el Ministerio no está haciendo «el esfuerzo necesario» para resolver el problema. Por ello, ha señalado que tanto Galicia como otras comunidades se han visto «obligadas» a solicitar formalmente la dimisión de la ministra de Sanidad. En la misma línea, fuentes de la Consejería de Sanidad de Castilla y León han resumido su posición con un mensaje igualmente contundente: «Pedimos la dimisión de la ministra».
«La ministra no tiene ninguna medida sobre la mesa»
La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha asegurado que los consejeros volvieron a pedir explicaciones en el Consejo Interterritorial sobre la huelga médica, después de conocer que el Comité de Huelga se levantó de la reunión del día anterior al sentirse «engañado» por la ministra. En ese contexto, ha reprochado a Mónica García que no sea consciente de cómo está afectando el conflicto a los extremeños y le ha cursado una invitación formal para visitar el Servicio Extremeño de Salud el próximo 27 de abril, coincidiendo con una nueva semana de paros. Su intención, ha explicado, es que la ministra vea de primera mano la anulación de consultas, cirugías y pruebas, y que escuche directamente a los médicos extremeños en huelga.
García Espada ha sostenido, además, que el Ministerio no ha puesto «ninguna solución encima de la mesa» y ha cargado contra la imposición de un mediador «no consensuado», rechazado por el Comité de Huelga. Por ello, ha reclamado abiertamente la dimisión de la ministra «antes de que la cesen», al considerar que el daño causado al Sistema Nacional de Salud es «irreparable» y que la titular de Sanidad está «cómoda en el conflicto». La consejera extremeña ha advertido de que, tras meses de huelga, los profesionales no se sienten escuchados y los pacientes sufren cada vez más las consecuencias de una situación que, a su juicio, solo se resolverá con un relevo al frente del Ministerio. En este sentido, ha reiterado de nuevo que García «no tiene ninguna medida encima de la mesa».
Fúnez se suma a los consejeros
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, elevó este jueves desde Melilla la presión sobre la ministra de Sanidad reforzando el discurso de los consejeros al reclamar su dimisión por la crisis abierta en torno al Estatuto Marco. La dirigente popular sostuvo que, tras «nueve meses de conflictividad en el ámbito sanitario», el Ministerio «no ha sido capaz de solucionar la situación» y solo ha demostrado «una incapacidad para dar solución a esta cuestión».
En este sentido, Fúnez defendió que la dimisión de la ministra es «la única solución, la única salida» para «devolver la convivencia, para devolver el respeto, para devolver al Ministerio de Sanidad al ámbito del diálogo y no de la confrontación». Según Fúnez, esta exigencia se plantea «por el bien de los profesionales sanitarios» y, «especialmente, de los pacientes», porque «es a ellos a los que fundamentalmente nos debemos».
Madrid ha pedido aplazar el manual de eutanasia para incorporar aportaciones técnicas
Además de la petición de dimisión, fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han señalado a Gaceta Médica que la consejera Fátima Matute ha solicitado durante el Consejo Interterritorial de hoy la retirada del punto del orden del día relativo al manual de buenas prácticas de la eutanasia. El objetivo, según explican, es enriquecer el documento con aportaciones de sociedades científicas y colegios profesionales que no habrían sido consultados previamente.
Desde el departamento madrileño, consideran que esta revisión es necesaria para reforzar la «excelencia técnica y profesional» en una materia que califican de «compleja y sensible». En ese sentido, destacan la conveniencia de incorporar la visión de entidades del ámbito de la Psiquiatría, así como de colegios profesionales médicos y del ámbito de los cuidados paliativos, entre otros actores implicados.
La propuesta de aplazamiento ha sido acordada por unanimidad en el seno del Consejo, lo que permitirá que el documento se traslade a una próxima reunión del CISNS. Según las mismas fuentes, las entidades que no participaron inicialmente han manifestado su disposición a contribuir con sus aportaciones, lo que, a juicio de la Comunidad de Madrid, redundará en un texto más completo y consensuado.
La carta con la que Madrid ya pidió la dimisión de García
La petición de dimisión de Mónica García no es nueva. La Comunidad de Madrid ya la formuló durante la pasada Semana Santa, cuando Fátima Matute remitió una carta a la ministra en plena escalada del conflicto por el Estatuto Marco y la huelga médica. En ese escrito, la dirigente madrileña cuestionaba la mediación planteada por el Ministerio y negaba que la participación de organizaciones de pacientes hubiera sido respaldada mayoritariamente por el Consejo Interterritorial.
En aquella carta, Matute advertía además del impacto asistencial del conflicto en la Comunidad de Madrid, con más de 142.000 consultas suspendidas, cerca de 7.000 cirugías y más de 14.000 pruebas diagnósticas canceladas, además de un coste económico estimado de 11 millones de euros. La consejera atribuía entonces esa situación directamente a la gestión del Ministerio y reclamaba la suspensión inmediata de la tramitación del Estatuto Marco para abrir una negociación «real, seria y con garantías».
Ese escrito cerraba ya con un mensaje muy similar al pronunciado ahora tras el CISNS: el reconocimiento de la «singularidad» de la profesión médica, la exigencia de un marco de negociación específico y la advertencia de que, si la ministra no era capaz de resolver la crisis, debía dimitir.
