Ya solo quedan dos días para que miles de aspirantes se enfrenten al examen de MIR, EIR, FIR y PIR, una cita que marca el acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE). En lo estrictamente académico, el calendario avanza hacia su fecha clave con la cuenta atrás ya en marcha. Pero este año, el ambiente que rodea a la convocatoria va más allá de los nervios habituales. La tensión política se ha ido acumulando durante meses y ha convertido el MIR 2026 en un foco de choque entre el Ministerio de Sanidad y el Partido Popular.
La dimisión en bloque que disparó la crisis
La dimensión política dio un salto el 17 de julio, cuando el Comité de Expertos encargado de diseñar las preguntas del MIR dimisionó en bloque. Este órgano estaba formado por entre cinco y seis profesionales con amplia trayectoria en educación y formación sanitaria, y su renuncia se produjo a menos de un mes del inicio del proceso de elaboración del examen de 2026.
A esa dimisión se sumó después la salida de los comités de expertos de Farmacia, Enfermería, Física y Química, ampliando la crisis al conjunto de pruebas FSE. El PP sostiene que ese movimiento fue consecuencia de una «modificación unilateral de las condiciones de trabajo» por parte del Ministerio, y denuncia que los cambios afectaron al número de colaboradores, a la retribución y al control organizativo.
Según el PP, Sanidad recortó de 15 a cinco el número de colaboradores por experto y rebajó el pago por pregunta de 15 a nueve euros. Además, el partido asegura que se anunció que sería el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y no el de Sanidad, quien asumiría parte de la organización del proceso, un giro que considera incomprensible «sin explicación alguna ni participación de los profesionales sanitarios».
En ese contexto, el PP trasladó su «máxima preocupación» por lo que define como una situación grave provocada por los cambios en el modelo de preparación de los exámenes FSE. El partido sostuvo que, a estas alturas del calendario, no había «nada organizado para la selección de preguntas», recordando que tradicionalmente el proceso comenzaba en junio y debía quedar cerrado entre septiembre y octubre.
El retraso de listas y el choque con el calendario
El choque político se intensificó de nuevo con el calendario administrativo de las listas definitivas. El 7 de enero, el Ministerio informó a Gaceta Médica de que retrasaba la publicación hasta el 15 de enero y, aunque no cerró la puerta a adelantarlas, vinculó el retraso a la puesta en marcha de «un nuevo sistema de contratación», un modelo que, según explican, «ofrece mayores garantías, pero que en su primer año de implantación ha ralentizado el proceso».
Finalmente, las listas se publicaron en torno a las 22:20 del 15 de enero, lo que activó la respuesta parlamentaria del PP. Los populares pidieron la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad para que la ministra de Sanidad, Mónica García, según su solicitud enviada a la Presidencia del Congreso, informara «sobre los graves incumplimientos de los plazos establecidos en la orden de convocatoria de MIR y las acciones que está llevando a cabo para subsanarlos y garantizar los derechos de todos los aspirantes».
García responde y el PP eleva el tono
Al día siguiente, 16 de enero, la ministra Mónica García fue preguntada por Gaceta Médica por esa petición de comparecencia y respondió que no evitará explicaciones parlamentarias. «Siempre que me llamen voy a comparecer, como he dicho siempre, siempre hay explicaciones», afirmó, antes de rechazar el planteamiento del PP y negar el diagnóstico de gravedad: «No hay unos graves incumplimientos».
La ministra vinculó el ajuste de fechas a cambios internos y defendió que el retraso no altera el desarrollo global del proceso. «Ha habido una transformación del procedimiento, lo que ha llevado a que se publiquen las listas un poco más tarde», sostuvo, y remató con dos ideas clave: «El retraso no ha impedido, en absoluto, que se desarrolle el procedimiento como todos los años de manera ejemplar» y «No se ha incumplido nada».
La contestación del PP a esas palabras elevó el tono y endureció el marco del conflicto. Fuentes del partido sostuvieron a Gaceta Médica que la ministra minimiza una situación que consideran de máxima gravedad y replicaron con una crítica directa: «Se ve que para la ministra de Sanidad incumplir sus propias órdenes ministeriales y sumir en el caos a un proceso como los exámenes MIR y en la incertidumbre a los profesionales no es nada ‘grave'».
Los populares insistieron en que las explicaciones deben darse en sede parlamentaria y reprocharon a la ministra su presencia irregular en el Congreso. «No va siempre que se lo pedimos», afirmaron, y añadieron que solo ha comparecido una vez en todo 2025, pese a haber sido requerida hasta en 10 ocasiones.
El partido, además, conectó el episodio del calendario con problemas previos de la convocatoria, citando de nuevo la renuncia en bloque del comité de expertos antes del verano y la planificación de plazas. En cifras, el PP sostiene que tras la lista provisional se estaba dejando sin plaza a 6.738 médicos, 671 psicólogos y 8.855 profesionales de enfermería pese a estar admitidos, por falta de oferta.
En paralelo, el PP volvió a situar el foco en déficits estructurales del sistema, como la falta de profesionales. En Atención Primaria, menciona una estimación de 4.500 plazas sin cubrir y critica que el incremento anunciado para Medicina Familiar y Comunitaria fuera de 36 plazas MIR, una cifra que califica de «irrisoria», mientras que en Salud Mental señala que el aumento «apenas alcanza las 20 plazas» sumando todas las categorías implicadas.
Con el examen ya a dos días vista, la convocatoria llega marcada por un doble plano: el de una prueba decisiva para miles de aspirantes y el de una disputa política que se ha ido intensificando desde el verano. En ese cruce, el MIR 2026 afronta su recta final con la polémica instalada en el centro del debate.
