El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha analizado hoy las «graves consecuencias» de la huelga de médicos por el Estatuto Marco. Además, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico ha advertido que, si el Ministerio no ejerce sus funciones de coordinación y desbloquea el Estatuto Marco, el País Vasco exigirá una ampliación de su autogobierno para gestionar competencias sanitarias pertenecientes a Sanidad.
La movilización, que tiene carácter indefinido y se estructura en paros de una semana cada mes, está dejando una huella, según los datos oficiales, con un seguimiento que se sitúa en torno al 16%, una cifra que, el consejero ha subrayado con contundencia apuntando a que «detrás de cada cifra hay pacientes reales, personas con cara y ojos», lamentando profundamente el perjuicio causado a quienes ven pospuestos sus tratamientos o diagnósticos.
«Si el Ministerio no reconoce los principios que sustentan su papel en propio Sistema Nacional de Salud (legislación, regulación y coordinación), el problema pasa a ser extremadamente grave»
El balance: citas y operaciones suspendidas
El desglose de la actividad asistencial afectada tras apenas las dos primeras jornadas de paro es muy revelador, dejado de atender 10.391 consultas en Atención Primaria y 2.752 consultas en el área de Pediatría. En cuanto a la actividad quirúrgica, la huelga ha forzado la suspensión de 569 cirugías, lo que supone un incremento inevitable en las listas de espera.
Además, un total de 10.221 citas con especialistas han tenido que ser reprogramadas, y se han cancelado 6.156 pruebas, esenciales para el seguimiento de múltiples patologías.
Las proyecciones para el cierre de la semana son aún más pesimistas. El Departamento de Salud estima que el balance total superará las 26.000 consultas de Primaria perdidas y rozará las 1.500 intervenciones quirúrgicas suspendidas, un escenario que el consejero consideran «insostenible a corto plazo».
El Estatuto Marco: el origen del bloqueo legislativo
Para el Gobierno Vasco, al ser el Estatuto Marco una competencia exclusiva del Estado, «las comunidades autónomas se encuentran con las manos atadas para negociar mejoras que dependen de un marco normativo estatal que el Ministerio de Sanidad mantiene paralizado».
«No se puede jugar al despiste ni eludir responsabilidades, Hay que reactivar conversaciones, escuchar y acordar»
El consejero ha criticado la «falta de tacto y de visión política del equipo de la ministra Mónica García», señalando que «la exclusión de ciertos colectivos en el diálogo ha enconado la situación. Abordar la renovación del Estatuto Marco sin tener en cuenta al conjunto de los grupos profesionales la hace aún más difícil». Para el titular vasco de Salud, el Ministerio está haciendo una «dejación de funciones» que coloca a las autonomías a los pies de los caballos frente a las huelgas.
«Nos preocupa la situación asistencial. Y no menos, la actitud institucional. La semana de huelga avanza. Por ello, hago un llamamiento al Ministerio para que reactive la negociación, sin exclusiones y teniendo en cuenta la realidad de todos los grupos profesionales, incluido —como no puede ser de otra manera— el colectivo médico«, sentenciaba Martínez.
Un desafío al modelo competencial
La parte más tensa de la comparecencia ha llegado cuando el consejero ha cuestionado abiertamente la utilidad de la estructura ministerial en el actual modelo descentralizado. Ante la falta de avances, el mandatario vasco ha lanzado una pregunta retórica cargada de intención: «¿Para qué necesitamos un ministerio dentro del Sistema Nacional de Salud? ¿Cómo puede un ministerio desentenderse, en plena huelga, de algo tan clave como la renovación del Estatuto Marco?».
Esta crítica directa a la gestión ministerial ha servido de preámbulo para la propuesta de máximos del Gobierno Vasco. Ante lo que consideran una parálisis legislativa por parte del Estado que afecta directamente a la calidad del servicio en Euskadi, la propuesta es clara: más autogobierno como solución.
«Estaríamos dispuestos a sentarnos con el Ministerio para explorar una ampliación de nuestro autogobierno y valorar la extensión de nuestras competencias en este ámbito y en otros relacionados con la salud»
Esta declaración supone un aviso formal al Gobierno central: si el Ministerio de Sanidad resuelve la situación, el País Vasco reclamará las herramientas legales necesarias para blindar su sistema sanitario.
