El Ministerio de Sanidad ha sacado hoy a audiencia pública el Proyecto de Real Decreto del Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a Amenazas Graves para la Salud. Con esta iniciativa se da el primer paso hacia la implantación de un marco normativo estable que permita reforzar las capacidades de anticipación, coordinación y actuación en caso de emergencias sanitarias de gran impacto en España.
El procedimiento de audiencia estará abierto a aportaciones hasta el 6 de octubre. Durante ese plazo, ciudadanos, organizaciones y entidades del ámbito sanitario podrán enviar propuestas y alegaciones para enriquecer el texto, que se nutre de la experiencia adquirida en crisis como la pandemia de COVID-19. La consulta busca garantizar un enfoque participativo en la definición de las futuras medidas de prevención y respuesta.
Definición de emergencia sanitaria
Los primeros artículos del texto determinan el objeto del Plan, que es dotar al Estado de un marco estable para organizar la preparación y la respuesta frente a amenazas sanitarias. Aquí se establecen los elementos esenciales: desde la estructura organizativa hasta la detección temprana de riesgos, la declaración de emergencias y la evaluación periódica de la preparación. El Plan se aplicará tanto al sector público como a actores privados cuya actividad tenga implicaciones en salud pública.
El alcance de la norma abarca amenazas biológicas, químicas, ambientales, nucleares y radiológicas, además de cualquier crisis que desborde la capacidad asistencial del sistema sanitario. También se introducen definiciones clave como la de Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional (ESPIN), que corresponde a una situación de amenaza grave para la salud que ha sido declarada de importancia nacional por la persona titular del Ministerio de Sanidad. La norma establece que dicha declaración podrá realizarse tras el dictamen de la Agencia Estatal de Salud Pública en el marco del Comité Técnico del SIAPR, y deberá comunicarse de forma urgente en las siguientes 24 horas al CISNS. Antes, se deberá informar también a la Presidencia de Gobierno. En este sentido, una vez declarada, el propio texto expone que el CISNS establecerá los acuerdos y recomendaciones para la gestión del riesgo que deban implementarse en el SNS y, en caso necesario, la persona titular de Sanidad declarará las actuaciones coordinadas de conformidad con lo previsto en la Ley 16/2003.
Además de la figura de la ESPIN, el Real Decreto precisa conceptos operativos que buscan homogeneizar la respuesta en todo el país. Entre ellos se encuentran las contramedidas médicas, que abarcan desde medicamentos hasta equipos de protección y productos sanitarios críticos; la evaluación del riesgo, entendida como el proceso técnico para medir impacto y vulnerabilidad de la población; y el manual de procedimientos del sistema de alertas, que establece cómo deben ejecutarse las acciones ante una emergencia. También se definen nociones como las crisis con gran impacto asistencial, los puntos de entrada internacionales y el propio concepto de riesgo para la salud pública, configurando un marco común que dota de claridad y coherencia a la gestión de amenazas.
Coordinación con las CCAA y papel del Consejo Interterritorial
El capítulo segundo crea la Comisión Estatal de Coordinación (CECO), presidida por la persona titular del Ministerio de Sanidad, con representación de múltiples ministerios y organismos estratégicos. Este órgano colegiado tiene como misión coordinar, seguir y evaluar las actividades del Plan, garantizar la disponibilidad de recursos y fomentar la cooperación con comunidades autónomas y ciudades autónomas.
Al mismo tiempo, se refuerza el papel del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y su Comisión de Salud Pública, que deberán asegurar la planificación cohesionada en todo el territorio. Se regulan las funciones específicas de coordinación asistencial, comunicación de riesgos y armonización de los planes autonómicos, con un énfasis especial en las poblaciones vulnerables y en la necesidad de disponer de reservas estratégicas.
Planes autonómicos de preparación y respuesta
El capítulo tercero obliga a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla a elaborar, en el plazo de un año, sus propios planes autonómicos de preparación y respuesta. Estos documentos deberán incluir la estructura organizativa, la capacidad de detección y evaluación de riesgos, así como la disponibilidad de recursos materiales, humanos y reservas estratégicas.
Además, se establece que las modificaciones relevantes de estos planes deberán ser notificadas al Ministerio de Sanidad en un plazo máximo de dos meses. La Agencia Estatal de Salud Pública proporcionará directrices y guías de buenas prácticas para homogeneizar los planes y garantizar su coherencia con el marco estatal, asegurando que todos los territorios actúen con criterios similares en situaciones de emergencia.
Sistema de alerta precoz y evaluaciones de riesgo
El cuarto capítulo regula el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR), encargado de detectar y notificar eventos de riesgo en un plazo inferior a 24 horas desde su identificación. Se detallan los procedimientos para comunicar estas amenazas al sistema y activar las evaluaciones de riesgo con participación de expertos multidisciplinares.
La evaluación del riesgo deberá considerar los patrones epidemiológicos, el impacto en la población y en los grupos vulnerables, así como las implicaciones sociales y económicas. Con esta información, se definirá el nivel de amenaza y se propondrán medidas de control. La Agencia Estatal de Salud Pública elaborará manuales de procedimientos para priorizar riesgos y activar respuestas coordinadas, asegurando transparencia y rigor científico.
Grupo asesor en 48 horas
El capítulo quinto introduce el concepto de Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional (ESPIN), que podrá ser declarada por el Ministerio de Sanidad tras la valoración del CISNS y la Agencia Estatal de Salud Pública. Para ello se constituirá, en menos de 48 horas, un grupo asesor multidisciplinar que emitirá recomendaciones técnicas sobre la amenaza y las posibles medidas de respuesta.
Una vez declarada la emergencia, se establecerán actuaciones coordinadas de salud pública con carácter obligatorio en todo el Sistema Nacional de Salud. Estas medidas se basarán en la mejor evidencia científica disponible y podrán incluir la movilización de recursos humanos y asistenciales, la activación de equipos de apoyo y la adopción de contramedidas médicas. La emergencia será revisada cada tres meses hasta su finalización formal.
Capacidades estratégicas y red de recursos
El sexto capítulo desarrolla las capacidades que el Estado debe garantizar para responder a crisis sanitarias. Se prevé la creación de una reserva estratégica nacional de medicamentos y productos esenciales, coordinada con las reservas autonómicas y alineada con las iniciativas de la Unión Europea. También se impulsa una plataforma digital para gestionar en tiempo real la disponibilidad de recursos y capacidades asistenciales.
Otro elemento clave es la Red de Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel para enfermedades infecciosas de alto riesgo, así como el fortalecimiento de las capacidades de laboratorio de la red estatal. Además, se establecen equipos de respuesta rápida en salud pública, mecanismos para reorganizar recursos humanos y procedimientos para actuar en puntos de entrada al país como aeropuertos y puertos.
Evaluación y mejora continua del Plan
El capítulo séptimo fija el sistema de evaluación y rendición de cuentas. En el plazo de un año se definirán indicadores de seguimiento y, cada tres años, la Agencia Estatal de Salud Pública publicará un informe sobre el estado de la preparación y respuesta en todo el país. Estos informes se presentarán al CISNS y a la Comisión Estatal de Coordinación, y se harán públicos para garantizar transparencia.
Además, el Plan incluye la obligación de realizar simulacros y ejercicios de entrenamiento con participación multisectorial. Estos ensayos servirán para probar la eficacia de los mecanismos previstos y detectar áreas de mejora, asegurando así un proceso de aprendizaje continuo. De esta forma, se busca consolidar una cultura de preparación ante emergencias que fortalezca tanto al sistema sanitario como a la sociedad en su conjunto.
