El conflicto en torno al Estatuto Marco vuelve a protagonizar la agenda sanitaria tras varios días de tensión y movilizaciones médicas. En ese contexto, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha remitido una carta a las comunidades autónomas en la que aborda “la trascendencia” de las peticiones planteadas por los sindicatos médicos y su impacto directo en la planificación, la gestión y la financiación de los recursos humanos del SNS. En el escrito, la ministra subraya que el eventual abordaje de estas demandas «requiere necesariamente de la valoración de las comunidades autónomas», al ser estas las administraciones competentes en estas materias.
La misiva se enmarca en las movilizaciones convocadas por los sindicatos médicos y en las reivindicaciones trasladadas por el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Según expone García, estas peticiones presentan «una naturaleza y un alcance que exceden el contenido propio del Estatuto Marco», ya que afectan a políticas autonómicas de recursos humanos, con impacto en «la organización del trabajo, las condiciones retributivas y los modelos de negociación colectiva». Entre las cuatro demandas principales que identifica la ministra figuran una mesa sectorial específica para médicos, un estatuto propio, que la hora de guardia no sea inferior a la ordinaria y la voluntariedad de la jornada de guardia. En este contexto, el PP ha respondido.
Contestación del PP
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han contestado a la carta de la ministra exigiendo que «rectifique el rumbo», abandone una gestión «claramente sectaria» y convoque «de manera efectiva» a todos los actores implicados para abordar la reforma del Estatuto Marco. En la respuesta, los consejeros aseguran que mantienen voluntad de diálogo y cooperación institucional, pero exigen respeto competencial, transparencia, rigor técnico y corresponsabilidad financiera.
El PP considera «no aceptable» que se alcancen preacuerdos parciales con una parte de los profesionales “excluyendo a otros” y, después, se pretenda trasladar la responsabilidad a las comunidades. En el documento, los populares rechazan que la reforma se esté usando como «instrumento de confrontación», al enfrentar categorías profesionales, administraciones e incluso ministerios del propio Gobierno. También reclaman que se siente a todos los actores, «incluidos los sindicatos médicos», y que se aporten memorias «jurídica, técnica y económica», además de contar con Hacienda y Función Pública.
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, eleva el tono y fija el eje del reproche político con una frase literal: «No se puede jugar así con la estabilidad y las condiciones laborales de los profesionales sanitarios». En ese marco, exige al Ejecutivo que «no juegue con los profesionales sanitarios» y subraya que cualquier propuesta debe ir acompañada de financiación y de claridad sobre «quién y cómo» se pagarán las mejoras.
El PP introduce además una comparación con la negociación política estatal y reclama «la misma sensibilidad con los médicos» que la mostrada con Oriol Junqueras, líder de ERC. En el texto, liga la discusión a la financiación autonómica y afirma que debe asegurar los futuros avances, «especialmente» después de que Sánchez haya ofrecido «un cupo catalán a Junqueras, sin pensar en la Sanidad y los servicios públicos de todos».» después de que Sánchez haya ofrecido «un cupo catalán a Junqueras, sin pensar en la Sanidad y los servicios públicos de todos».
La carta popular también acusa a la ministra de buscar «proyección mediática» y denuncia un «uso electoral del Ministerio». Los consejeros señalan la rapidez con la que, a su juicio, se difundió la carta y cuestionan que ahora se quiera presentar un papel fundamental de las comunidades en el proceso cuando muchas novedades, sostienen, se conocieron por medios o redes. También dicen sorprenderse de que se invoque ahora un respeto escrupuloso a competencias tras anuncios que, afirman, excedían esos límites, y acusan a García de incoherencia y de no resolver un problema generado por «falta de competencia o por una deficiente gestión».
Matute fija el eje en profesionales y financiación
Tras esa contestación autonómica, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, endureció el discurso y cuestionó de raíz la forma en que el Ministerio ha pilotado la reforma. «Desde luego, el Estatuto Marco es otro ejemplo de que la ministra está inhabilitada para gobernar», afirmó, antes de criticar que la carta «primero se filtró a los medios» y negar que las comunidades hayan tenido el peso que se les atribuye. En esa línea, sostuvo que el papel de las autonomías se ha limitado a reclamar que se retire «ese borrador de la vergüenza» para empezar «a trabajar de forma técnica, con rigor y con método».
Matute dijo que el Estatuto Marco se está usando como «un instrumento de enfrentamiento entre categorías profesionales y entre administraciones», y advirtió de su impacto sobre profesionales y población. «Mañana empieza una huelga indefinida de médicos», recordó, antes de posicionarse: «Yo estoy al lado de los médicos, yo soy médico», y de calificar de «vergüenza» que, en su relato, se les haya sacado de la negociación. También sostuvo que la dinámica ha reactivado tensiones entre categorías y que «eso no lo podemos consentir» por el daño que provoca al sistema.
La consejera explicó que la respuesta trasladada a la ministra pone el foco en dos prioridades estructurales, como resume en una frase literal. «Hay que abordar la falta de profesionales sanitarios y la infrafinanciación del sistema nacional de salud», señaló, reclamando un diagnóstico previo y un debate económico realista. En su exposición, pidió homologaciones de extracomunitarios, más formación y una planificación que anticipe necesidades futuras, además de reclamar un pleno monográfico para tratar la falta de médicos.
Matute también insistió en que, antes de avanzar, deben existir informes y memorias que orienten la viabilidad del proyecto. Reclamó hablar con Función Pública, Trabajo y Hacienda, y denunció que esas memorias «técnica, jurídica y económica» se han pedido «de forma reiterada» sin respuesta. Y resumió su acusación sobre el reparto de responsabilidades con una metáfora: «Una vez que has montado el ‘guirigai’, has roto el juguete, de repente los trozos se los pongo en la habitación a mi hermano para decir que es culpa suya».
Antonio Sanz reprocha «preacuerdos parciales»
Antonio Sanz eleva el tono contra el Ministerio y acusa a Mónica García de llevar el Estatuto Marco sin la colaboración exigible para una reforma de calado. En su respuesta a la carta de la ministra, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía reprocha una gestión «unilateral», con «preacuerdos parciales» y sin integrar a colectivos clave, como el médico, mientras crece la tensión por las movilizaciones sindicales.
En la misiva, Sanz reclama reconducir el proceso con una negociación «real e inclusiva», y denuncia la falta de memorias técnicas, jurídicas y económicas, pese a haberlas pedido «reiteradamente». También critica la difusión pública del documento «sin margen» para analizarlo y sostiene que los borradores se han conocido a menudo por anuncios y filtraciones, no por cauces formales, avisando del impacto en recursos humanos, financiación autonómica y competencias.
