El Partido Popular (PP) ha presentado en el Congreso una nueva propuesta para exigir al Gobierno que financie la Ley de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), aprobada hace más de seis meses pero aún sin dotación presupuestaria. La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, manifestó su firme compromiso con los pacientes y criticó la falta de recursos para cumplir con la ley, señalando que «los enfermos de ELA necesitan atención urgente y digna, y no pueden esperar más«.
El PP instó al Ejecutivo a utilizar mecanismos como el fondo de contingencia o aprobar créditos extraordinarios que permitan dotar de manera inmediata los recursos necesarios para que la ley se implemente con garantías. En este sentido, presentaron una Proposición No de Ley (PNL) para que el Gobierno agilice la asignación presupuestaria y asegure la continuidad de los derechos y avances contemplados para los afectados.
En respuesta, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció el compromiso del Ejecutivo con los pacientes y afirmó que «el Gobierno cumplirá con sus obligaciones presupuestarias para acompañar a las personas con ELA«. Sin embargo, Montero destacó que la responsabilidad directa de la asistencia sanitaria recae sobre las comunidades autónomas, y aseguró que son ellas las encargadas de gestionar «la totalidad de la atención» a estos pacientes.
La ministra insistió en que la financiación de la Ley de ELA debe estar alineada con las competencias autonómicas y advirtió que «no corresponde al Estado asumir directamente funciones que corresponden a las CCAA«. Esta posición ha generado debate sobre la coordinación entre el Gobierno central y las regiones para garantizar una atención adecuada y homogénea a los enfermos.
Mientras tanto, las comunidades autónomas continúan implementando sus propios protocolos para apoyar a los pacientes de ELA, aunque las diferencias en recursos y gestión generan desigualdades en la atención. El conflicto entre el PP y el Ejecutivo refleja la complejidad del sistema sanitario español y la urgencia de encontrar soluciones efectivas para quienes padecen esta enfermedad degenerativa.
El debate pone sobre la mesa la necesidad de una mayor implicación y coordinación estatal para garantizar que la Ley de ELA no quede relegada por las disputas administrativas y que los pacientes reciban la atención que merecen sin más retrasos.
