El Grupo Parlamentario Popular presentó ayer en el pleno del Congreso de los Diputados la Proposición No de Ley (PNL) relativa a financiar con máxima urgencia la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. Esta PNL insta al Gobierno a aprobar y distribuir con carácter urgente la dotación presupuestaria necesaria para que todos los avances y derechos contemplados en dicha ley se materialicen de manera inmediata, retroactiva desde su entrada en vigor y en condiciones de equidad y plena accesibilidad para todos los afectados en toda España.
La iniciativa responde a la demanda social y de organizaciones de pacientes que han alertado de la falta de financiación para implementar la ley, cuyo objetivo es garantizar un trato digno, adecuado y equitativo a las personas con ELA y patologías similares, así como a sus familias, mejorando el acceso a servicios especializados y promoviendo la investigación y coordinación sanitaria necesaria.
Esther Muñoz de la Iglesia, diputada del Grupo Parlamentario Popular, denunció durante la presentación de la PNL la falta de financiación para la Ley 3/2024, que lleva siete meses aprobada pero sin recibir ni un solo euro del gobierno para su ejecución. Criticó duramente la respuesta de la vicepresidenta Montero, a quien acusó de «no saber ni de lo que hablaba» y de trasladar responsabilidades a las comunidades autónomas, cuando la legislación establece «claramente» que el Estado debe asumir íntegramente los costes asociados a esta ley. Muñoz subrayó que, en este tiempo, «han fallecido tres pacientes al día» afectados por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y destacó la importancia de que el Gobierno asuma la financiación para evitar que esta situación se prolongue.
Además, la diputada compartió testimonios conmovedores de pacientes y familiares que sufren las consecuencias de la falta de recursos, mostrando la angustia de quienes dependen de cuidados que no reciben por motivos económicos. Citó a uno de ellos, Carlos de Pablo, quien pidió dejó claro a la diputada que solo quiere «seguir aquí disfrutando de las personas más importantes», su familia. Muñoz hizo un llamamiento a la justicia social y criticó la falta de empatía del Ejecutivo, advirtiendo que, pese a contar con «el presupuesto más alto de la historia de un Gobierno», este no cumple con su obligación de financiar la ley. Concluyó cuestionando la coherencia moral de quienes critican a otros desde la tribuna, cuando ellos mismos «no garantizan los recursos necesarios para salvar vidas y mejorar la calidad de quienes padecen esta enfermedad terminal».
Inés María Plaza García, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, afirmó durante la su intervención en el debate que el Gobierno de España está cumpliendo con la Ley 3/2024, a pesar de reconocer que requiere un «despliegue con rigor y compromiso». Destacó que ya se ha puesto en marcha el acceso preferente a la dependencia y el reconocimiento automático de la discapacidad tras el diagnóstico, y anunció que el Ministerio de Sanidad ha movilizado dotaciones económicas extraordinarias para mejorar la atención social y sanitaria a personas en fase avanzada de la enfermedad. También resaltó que España se sitúa entre los primeros países europeos en incorporar al sistema público el primer tratamiento innovador que actúa sobre la causa genética de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
A continuación, Plaza defendió que el Gobierno garantiza 3.400 millones de euros para el sistema de dependencia y reconoció que «hay que ir más rápido» porque «cada día cuenta», pero rechazó las críticas del Partido Popular, a quienes acusó de haber gobernado más de siete años sin aprobar ninguna medida para los enfermos de ELA. Criticó el oportunismo político y la utilización del sufrimiento de los pacientes como arma arrojadiza, subrayando que «eso no es empatía, eso es crueldad disfrazada de compasión». Finalmente, anunció una enmienda para continuar adaptando el sistema de dependencia y aprobar el listado de enfermedades en el plazo legal, afirmando que mientras «ustedes levantan indignación, nosotros construimos derechos y seguiremos construyendo el futuro».
Después, llegó el turno de debatir en el Congreso sobre la PNL para financiar la Ley 3/2024 de ELA de Alberto Catalán Higueras, diputado del Grupo Mixto (UPN). El diputado vasco recordó la alegría con que se aprobó la ley, pero lamentó que hoy los enfermos y sus familias estén «frustrados» y «decepcionados» porque se sienten «engañados». A su vez, criticó la falta de respuesta de las administraciones públicas y calificó la justificación económica del Gobierno como «una excusa», señalando que «no se puede jugar con los enfermos de ELA» y exigiendo el fin de «engaños y falsedad».
Después, Cristina Valido García, diputada del Grupo Mixto (Coalición Canaria), señaló que aunque se ha aprobado la ley por unanimidad, ésta «sigue sin financiación» y denunció la lentitud administrativa y la falta de empatía hacia los pacientes que «ya no tienen tiempo que esperar». En este sentido, Valido recriminó al Congreso por aprobar leyes que luego no se cumplen y destacó que «cuando hay consenso y se aprueba una ley y no se cumple, el Congreso se queda en un órgano investigador».
Por su parte, Néstor Rego Candamil, diputado del BNG, afirmó que «falta financiación» para que las comunidades autónomas puedan implementar las nuevas prestaciones de la ley y denunció que en Galicia se privatiza la sanidad pública, lo cual afecta negativamente a los pacientes con ELA, que «no pueden ni deben seguir esperando».
Noemí Santana Perera, diputada del Grupo Mixto (Podemos), expresó su apoyo rotundo a la PNL y criticó la falta de voluntad política para financiar la ley, pese a que «siempre hay dinero» para otros fines como el gasto militar. Santana reprochó que el Gobierno congele o recorte el gasto público para destinarlo al bienestar y reclamó que es necesario priorizar los intereses de las personas que sufren, señalando que en su comunidad, Canarias, «el observatorio pide la dimisión de la consejera del Partido Popular» por la gestión en dependencia y discapacidad.
Joseba Andoni Agirretxea Urresti, diputado del PNV, valoró positivamente la aprobación de la ley como un avance fundamental, pero advirtió que la falta de financiación es un problema grave que impide que la ley se despliegue correctamente. Resaltó que en Euskadi se trabaja para agilizar trámites y apoyar a los pacientes desde el diagnóstico, aunque subrayó la necesidad de que todas las administraciones asuman sus responsabilidades y pasen «de las palabras a los hechos».
Marije Fullaondo, diputada de EH Bildu, destacó el elevado coste económico que conlleva la ELA, incluyendo gastos directos e indirectos que pueden superar los 150.000 euros anuales por paciente, debido a tratamientos, adaptaciones en el hogar y cuidados informales. Recalcó que la ley busca establecer un marco jurídico para mejorar la calidad de vida de los afectados y sus familias, pero lamentó que siete meses después de su aprobación, muchas ayudas aún no se han implementado, y muchos pacientes han fallecido esperando.
Otros diputados como Pilar Calvo Gómez (Junts per Cat) y representantes del Grupo Republicano también denunciaron la falta de recursos para aplicar la ley, recordando que la cantidad urgente necesaria para atender lo básico es de 45 millones de euros, mientras que el Ministerio solo ha aportado una fracción de esa cifra (10 millones de euros con una nueva partida nominal). Por último, Ruiz Solás, diputada de VOX, acusó al Gobierno de colgarse medallas y no movilizar los 230 millones que se requieren, afirmando que «han seguido muriendo tres enfermos de ELA al día» y pidió «responsabilidad» a los parlamentarios para atender a estos pacientes de manera urgente.
