El Congreso de los Diputados debatió en la sesión plenaria de ayer una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista para que el Gobierno reconozca la cardiopatía congénita en el adulto dentro del baremo oficial de discapacidad. La iniciativa, presentada por la diputada del PSC, María Mercè Perea, busca adaptar la normativa a la realidad de más de 200.000 personas en España que conviven con esta enfermedad crónica y compleja.
Durante su intervención, Perea recordó que «10 niños nacen cada día con una cardiopatía congénita, una patología irreversible que condiciona toda la vida». La diputada defendió la propuesta como una cuestión de justicia social y de dignidad, destacando que el 90% de los pacientes que antes no superaban la infancia alcanzan hoy la edad adulta gracias a la sanidad pública. «Hablamos de vidas que merecen igualdad de oportunidades, no de compasión», señaló, reivindicando la inclusión de esta patología en el Real Decreto 888/2022.
Un paso simbólico con valor social y sanitario
La diputada del PSC María Mercè Perea abrió el debate recordando que «cada día diez niños nacen con una cardiopatía congénita; son 4.000 al año». Describió la enfermedad como «crónica, irreversible y dinámica», con una esperanza de vida media de 53 años, y recordó que quienes la padecen necesitan cirugías, cateterismos y dispositivos implantables, además de seguimiento médico especializado «durante toda la vida». Reclamó a la Cámara «votar por justicia social y por proteger al vulnerable», señalando que la sanidad pública «tiene todo su sentido cuando se trata de cardiopatías congénitas».
Perea explicó que la PNL está respaldada por informes de tres sociedades científicas que avalan la inclusión de esta patología en el Real Decreto 888/2022, que regula el baremo de valoración de la discapacidad. Destacó la mejora en la supervivencia de estos pacientes: «En los años 80, el 90% de los niños con cardiopatías complejas moría antes de los tres años; hoy, el 90% llega a la edad adulta». Atribuyó ese avance a la sanidad pública «que construyó el Partido Socialista de la mano de Ernest Lluch», de quien recordó el 25 aniversario de su asesinato. En un tono más político, criticó que el PP «reniegue de referentes universales» al retirar su nombre del callejero y acusó a los populares de «reducir lo público a la mínima expresión para privatizar la salud y convertirla en negocio».
La diputada socialista insistió en que la iniciativa «habla de dignidad» y de la posibilidad de que una persona con una cardiopatía congénita «pueda tener un proyecto de vida en igualdad de condiciones». Agradeció el trabajo del doctor Albert López y de asociaciones como Menudos Corazones, Fundación Karma Chacón y Corazón y Vida, que «han hecho de la perseverancia su bandera». «Hoy los niños que antes no superaban los tres años llegan a la edad adulta», afirmó, dedicando un recuerdo a la fallecida ministra Carme Chacón y a las familias presentes en el hemiciclo. Perea subrayó que el principal reto de las personas con esta condición «es la inclusión y la igualdad de oportunidades», y que el objetivo de la PNL es «reconocer una discapacidad acorde a su realidad vital y laboral».
En la parte final de su intervención, Perea apeló a la empatía y a la responsabilidad institucional de todos los grupos: «Este Gobierno se caracteriza por no dejar a nadie atrás, porque todos podemos vernos en una situación vulnerable a lo largo de la vida». Reprochó a la derecha su falta de sensibilidad y les instó a «proteger en vez de destruir, invertir en vez de vender y acompañar en vez de abandonar a los vulnerables». «Mentir es inaceptable, porque demole los cimientos de la democracia», añadió. Por último, la diputada socialista concluyó su intervención pidiendo el apoyo unánime de la Cámara para «avanzar en la inclusión y la dignidad de miles de personas que luchan cada día contra esta enfermedad».
Advertencias de la oposición
El portavoz del Partido Popular, Bartolomé Madrid Olmo, comenzó su intervención saludando a las asociaciones de pacientes y a los profesionales sanitarios, pero criticó que la proposición socialista «no es la mejor respuesta posible» ante una problemática que el Gobierno «lleva más de dos años sin resolver pese a haber sido alertado de las disfunciones por entidades del sector y por las propias comunidades autónomas». Afirmó que el actual baremo de discapacidad «presenta deficiencias de aplicación» y que la PNL «no incluye plazos ni medidas concretas”, calificándola de «chapuza» y de «brindis al sol». «No podemos compartir que un Gobierno insensible ante las necesidades más evidentes se defina como empático con los más vulnerables», reprochó, recordando que los pacientes de ELA «llevan un año en el limbo del olvido».
Madrid acusó al Ejecutivo de incoherencia por haber votado en contra de una iniciativa del PP que pedía resolver los fallos del baremo y por mantener «bloqueada» la proposición de ley del Senado sobre el reconocimiento automático del 33% de discapacidad. «¿Por qué no han comenzado a avanzar ya? Son ustedes gobierno, ¿no?», interpeló a la bancada socialista, antes de recordar que el Gobierno «ya conoce un baremo avalado por las principales sociedades médicas que podría estar funcionando». También denunció que la PNL socialista «no aporta nada novedoso y muy poca ayuda a las personas con cardiopatía congénita», insistiendo en que «lo que se necesitan son hechos, no declaraciones simbólicas».
A pesar de las críticas, el PP anunció su voto favorable «por respeto a las familias afectadas» y defendió la gestión del Gobierno andaluz como modelo de eficacia. «Hacen falta hechos como los de Juanma Moreno, que ha duplicado el presupuesto de la sanidad, ha asumido responsabilidades y ha puesto soluciones encima de la mesa», concluyó el diputado popular, asegurando que su grupo “seguirá actuando con rigurosidad y coherencia frente a la propaganda del PSOE”.
Desde Vox, la diputada Blanca Armario calificó la iniciativa de «broma de mal gusto» y la consideró «tremendamente injusta con los enfermos y sus familias». Criticó que el PSOE «se limite a pedirle al propio Gobierno que estudie lo que podría resolver con un decreto inmediato» y acusó al Ejecutivo de «despreciar a los españoles que sostienen los servicios públicos con sus impuestos mientras los derechos sociales se deterioran». Armario aseguró que «bastaba con voluntad política para incluir la cardiopatía congénita del adulto en el baremo» y concluyó que Vox «pondrá fin al despilfarro político del bipartidismo y pondrá a funcionar los servicios públicos a toda máquina».
Un consenso con matices
El texto socialista, respaldado por informes de tres sociedades científicas y por asociaciones como Menudos Corazones, Karma Chacón y Corazón y Vida, recibió un amplio apoyo en la Cámara, aunque con reservas sobre su alcance. EH Bildu, a través de la diputada Marije Fullaondo, presentó una enmienda para complementar la propuesta con medidas concretas. Entre ellas, la modificación del Real Decreto para fijar un baremo específico, la garantía de estabilidad laboral y la adaptación de los entornos de trabajo. «Las palabras bonitas están bien, pero lo que de verdad se necesita son acciones», advirtió.
Coalición Canaria anunció su voto favorable y destacó la experiencia en las islas, donde ya se prioriza la valoración de las cardiopatías congénitas mediante un decreto autonómico. La diputada Cristina Valido subrayó la labor de las ONG que acompañan a los pacientes y celebró los avances en la atención sanitaria en Canarias, que han evitado desplazamientos forzosos a la península.
Desde el PNV, Nerea Renteria coincidió en la necesidad de revisar la aplicación del baremo, aunque reclamó que cualquier reforma respete las competencias autonómicas. «Lo importante no es crear nuevos diagnósticos administrativos, sino mejorar la aplicación práctica del actual sistema», apuntó. En la misma línea, Junts per Catalunya insistió en que la competencia para valorar la discapacidad corresponde a la Generalitat y reclamó medidas efectivas, no meros estudios. «Estamos cansados de las iniciativas no vinculantes», expresó la diputada Pilar Calvo.
ERC anunció su voto favorable, aunque exigió plazos y compromisos claros. El diputado Jordi Salvador propuso que el estudio se complete en tres meses y que en seis se implementen cambios concretos, «porque estudiar sin actuar no cambia vidas». Desde Sumar, Alda Recas defendió la propuesta como coherente con el nuevo marco legislativo en materia de dependencia y discapacidad, y aprovechó su intervención para denunciar la gestión sanitaria de gobiernos autonómicos del PP en Madrid y Andalucía.
