En el marco de la reciente reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), se ha presentado una propuesta estratégica que marca un hito para el futuro de la Atención Primaria (AP) en España. Según el documento proporcionado por fuentes del Ministerio de Sanidad a Gaceta Médica, Esta propuesta, aprobada en el CISNS el 18 de junio de 2025, establece un compromiso firme con el objetivo de reducir la temporalidad en la AP a un 8% antes de que finalice 2025, un paso crucial para mejorar la estabilidad del personal sanitario y asegurar la calidad del servicio a la población.
El acuerdo que se elevó al pleno del CISNS tiene como base la distribución de los fondos necesarios para financiar el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria con un presupuesto de unos 172,4 millones de euros. Estos fondos se repartirán entre las comunidades autónomas (CCAA) y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), y se vinculan a una serie de requisitos específicos que deben cumplirse antes de finales de 2025. A continuación, se detallan los cuatro requisitos detallados en el documento:
Publicación de una nueva oferta de empleo público
El primer requisito establece la obligación de que cada comunidad autónoma publique una nueva oferta de empleo público para todas las categorías de Atención Primaria antes del 31 de diciembre de 2025. Este compromiso se justifica en la necesidad de reducir la temporalidad y asegurar la estabilidad laboral del personal sanitario, especialmente en áreas clave como Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería. Según la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado, se fija una tasa de reposición del 120% para estas plazas. De no cumplirse, se perdería la oportunidad de convocar esas plazas.
Acciones sobre puestos de difícil cobertura
El segundo requisito se enfoca en la implantación de medidas específicas para identificar e incentivar los puestos de difícil cobertura. Este compromiso debe ser implementado siguiendo los criterios establecidos por el CISNS, incluyendo incentivos tanto económicos como no económicos. Las comunidades autónomas deberán aplicar al menos dos criterios de identificación y dos de incentivos antes del 31 de diciembre de 2025. La justificación de este requisito radica en la necesidad de atraer y retener talento en áreas donde la falta de personal es una preocupación constante.
Priorización de nombramientos de enfermeras especialistas
El tercer criterio se centra en garantizar que los nombramientos en Atención Primaria sean cubiertos de manera prioritaria por enfermeras especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria (EFYC). A nivel de cada comunidad autónoma, se deberán realizar los cambios normativos necesarios para dar preferencia a estos profesionales en las bolsas de empleo y ofertas públicas. La priorización de este personal especializado es fundamental para la mejora de la calidad asistencial en Atención Primaria.
Estabilidad de las unidades docentes acreditadas
El último requisito busca asegurar la estabilidad del 100% de las unidades docentes acreditadas en el ámbito de la formación sanitaria especializada. Para ello, se deben implementar acciones que garanticen la continuidad de estas unidades sin que los concursos de traslados o los procesos de estabilización afecten su funcionamiento. Esto es clave para asegurar que el número de plazas de formación en Atención Primaria se mantenga o incluso aumente, contribuyendo a una mejor formación de los futuros profesionales sanitarios.
Con estos cuatro requisitos, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas pretenden garantizar un avance significativo en la mejora de la estabilidad laboral en Atención Primaria, contribuyendo a la profesionalización y al fortalecimiento del sistema sanitario español.
