El Ministerio de Sanidad no se arruga ante las políticas de la Administración Trump y así lo están exteriorizando sus principales dirigentes. En las últimas horas, y después de la captura de Nicolás Maduro, Mónica García y Javier Padilla han cuestionado públicamente la estrategia de presión a las compañías innovadoras, así como los polémicos programas y ensayos de vacunación respaldados por los CDC.
En un clima internacional de máxima incertidumbre y tensión geopolítica, el Gobierno de España ha mostrado su rechazo a la operación y Pedro Sánchez fijó una posición política contundente al subrayar que «la violación del derecho internacional siempre es una derrota de la democracia, incluso allí donde no la había», en una advertencia que sitúa el tablero diplomático en un momento de tensión. En ese contexto, Sanidad ha endurecido su discurso frente a Washington al denunciar tanto las presiones sobre la industria farmacéutica como el giro en políticas vacunales, con Mónica García y Javier Padilla marcando distancia ante lo que interpretan como un uso político de la salud.
Primero, la ministra de Sanidad, Mónica García, cargó este miércoles el foco en la política de medicamentos de Estados Unidos tras la escalada de presión de la Administración Trump sobre las farmacéuticas. En una publicación en la red social X, García apuntó que «EEUU puede decidir su política de precios, pero no contra nuestra soberanía sanitaria». También, la ministra expresó su deseo de que la salud no se convierta en «un instrumento geopolítico». «Seguiremos defendiendo precios justos, acceso equitativo, autonomía estratégica europea y negociación pública frente a presiones externas», concluyó.
Después, ese pulso encontró un nuevo campo de batalla en las políticas de vacunación y la financiación de ensayos clínicos en países vulnerables. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, denunció en X que «EEUU está financiando un ensayo clínico consistente en retrasar la vacunación frente a la hepatitis B en los recién nacidos… y lo está haciendo en Guinea-Bissau». En el mismo mensaje, advirtió de que «esto va en contra de las recomendaciones de la OMS, y no es casual que se esté haciendo en África y no en EEUU».
Por otra parte, fuentes del Ministerio de Sanidad trasladaron a Gaceta Médica que el problema no es solo científico, sino institucional. En concreto, analizan que «en la presente legislatura, el Gobierno de Trump está inmerso en diferentes medidas para desprestigiar la evidencia disponible sobre vacunación». Y añaden que «el ensayo clínico que financian en Guinea Bissau contraviene las recomendaciones de la OMS y lo hace en un país de renta baja que tiene una elevada mortalidad infantil». También, aseguran que, en este tipo de regiones, «lo fundamental debería ser lograr mayor acceso a vacunas y asistencia sanitaria, y no ser sujetos de investigación de una cosa cuyos beneficios están probados».
Un estudio que afecta a 7.000 recién nacidos
La denuncia de Padilla se refiere a un ensayo que ha comenzado esta semana y que está financiado por el Gobierno de Estados Unidos para estudiar el momento de la vacunación contra la hepatitis B. El diseño retrasará la vacunación de hasta 7.000 recién nacidos en Guinea-Bissau, dentro de un estudio que aspira a inscribir a 14.000 bebés, con la mitad vacunada al nacer y la otra mitad seis semanas después. El registro del Servicio de Salud y Servicios Humanos define el proyecto como un «ensayo controlado aleatorio para evaluar los efectos de la vacunación neonatal contra la hepatitis B en la mortalidad temprana, la morbilidad y los resultados del desarrollo a largo plazo».
La iniciativa ha generado críticas en EEUU por contradecir las recomendaciones de la OMS, que desde 1992 aconseja la vacunación y desde 2009 defiende la dosis al nacer para prevenir la transmisión maternoinfantil. Paul Offit, pediatra estadounidense y coinventor de una vacuna contra el rotavirus, advirtió en su cuenta de X de que el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., «está a punto de lanzar un experimento peligrosamente poco ético en África Occidental». Como apunta Offit en un artículo publicado en Substack, Robert F. Kennedy Jr. «ha elegido Guinea-Bissau, un país de escasos recursos en África Occidental, para llevarlo a cabo». Un estudio que estaría financiado por los CDC con 1,6 millones de dólares y adjudicado al Proyecto de Salud Bandim, un grupo danés cuestionado por la revista Vaccine, que alertó de «prácticas de investigación cuestionables» en ensayos previos.
La presión de Trump sobre la industria farmacéutica
El mensaje de Mónica García se produjo en un momento de alta tensión internacional por el control de precios, los márgenes de la industria y el papel de los gobiernos en la negociación pública. La declaración conecta con un debate europeo cada vez más presente: hasta qué punto las decisiones de Washington pueden tener efectos indirectos sobre los sistemas sanitarios nacionales y sobre la política farmacéutica comunitaria.
La Casa Blanca comunicó el 19 de diciembre de 2025 que Donald J. Trump había cerrado otros nueve nuevos acuerdos, en total ya serían 14, con grandes compañías para reducir los precios de los medicamentos recetados en Estados Unidos «en línea con los precios más bajos que pagan otras naciones desarrolladas». La fórmula se articula bajo el modelo de most-favored-nation o precio de nación más favorecida (MFN/NMF), que busca equiparar el coste estadounidense al mínimo existente en otros países ricos.
Según el documento oficial, las compañías que suscribieron esos acuerdos fueron Amgen, Bristol Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, Genentech, Gilead Sciences, GSK, Merck, Novartis y Sanofi. La Casa Blanca destacó que abarcan fármacos para enfermedades crónicas de alto impacto como diabetes tipo 2, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, asma, EPOC, hepatitis B y C, VIH y determinados cánceres.
El anuncio incluyó extender el acceso a precios MFN a todos los programas estatales de Medicaid y reforzar la venta directa a pacientes mediante TrumpRx, con ejemplos de bajadas agresivas en medicamentos concretos. El fact sheet citó recortes como Repatha, que pasaría de 573 a 239 dólares, o Epclusa, de 24.920 a 2.425 dólares en compras directas. En base a todo ello, cabe recordar que Trump envió el 1 de agosto de 2025 cartas a 17 multinacionales exigiendo un «compromiso vinculante» para reducir precios, con el 29 de septiembre como fecha límite, en una escalada que incluyó amenazas de aranceles, decretos y plazos como herramienta de presión.
