El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, defendió en la Comisión de Sanidad, Presidencia y Emergencias del Parlamento andaluz el nuevo Plan de Choque contra los fallos en el programa de cribado del cáncer de mama. «Este Gobierno ha adoptado medidas para que lo ocurrido no vuelva a suceder», afirmó al inicio de su comparecencia. Sanz aseguró que se reunió con «todos los agentes sanitarios, entidades, colegios profesionales y asociaciones de mujeres», y que en solo seis días se puso en marcha «un plan de acción previo análisis, diagnóstico y auditoría propia».
El consejero reconoció que «lo ocurrido con el cribado de cáncer de mama es algo que no puede volver a pasar» y garantizó que «se están poniendo todas las medidas en marcha para que esto no vuelva a suceder». Según sus datos, en 2024 se detectaron 1.807 cánceres de mama entre 381.282 mamografías, mientras que entre enero y septiembre de este año se han identificado 944 casos entre 281.055 pruebas. «La detección precoz salva vidas», enfatizó, reprochando al secretario de Estado de Sanidad que haya cuestionado el valor de los cribados.», enfatizó, reprochando al secretario de Estado de Sanidad que haya cuestionado el valor de los cribados.
Medidas, cifras y reorganización del sistema
Sanz detalló que el plan incluye «una inversión de 12 millones de euros y la contratación de 119 profesionales», entre ellos 25 radiólogos, 18 técnicos especialistas en radiodiagnóstico, 20 enfermeras y 16 TCAE. Explicó que el objetivo es «potenciar la actividad asistencial con la ampliación de módulos semanales de trabajo» y reorganizar la unidad de mama del Hospital Virgen del Rocío. Según recordó, «el 90% de los casos detectados se concentran en ese hospital».
Añadió que antes del 30 de noviembre todas las mujeres con hallazgos radiológicos clasificados como BIRADS 3 «habrán recibido sus pruebas complementarias». Aseguró que «ya se ha superado el 80% de las 2.317 mujeres afectadas» y que la consejería mantiene una comisión de seguimiento «con expertos, sociedades científicas y asociaciones de pacientes». Sanz anunció además la creación de una nueva unidad de diagnóstico avanzado de mama en el Hospital Muñoz Cariñanos y la extensión del uso de inteligencia artificial en el diagnóstico, con una inversión adicional de 3,7 millones de euros.
El consejero defendió que «los profesionales son los que dicen lo que es necesario» y negó haber recibido órdenes políticas sobre los protocolos. «Nadie ha dado ninguna orden. Los profesionales toman decisiones en base a criterios médicos», insistió. En su réplica, advirtió que «no se puede imputar delitos a los profesionales ni acusarlos de manipular historias clínicas».
El PSOE reitera su petición de una Comisión de Investigación
Los grupos de la oposición reclamaron explicaciones más precisas sobre el origen del fallo. La diputada socialista María Ángeles Prieto calificó el caso como «la crisis sanitaria más grave vivida en nuestro país» y acusó al Gobierno de «haber conocido el problema durante años y taparlo». Prieto aseguró que «todo lo que han contado hasta ahora es falso» y cuestionó las cifras oficiales: «No es creíble que hagan 1.900 mamografías al día y tarden dos meses en realizar 2.000 pruebas». Criticó que la Junta haya reaccionado «solo después de que la denuncia se hiciera pública» y pidió una comisión de investigación para esclarecer responsabilidades.
Por su parte, Inmaculada Nieto, de Unidas Podemos por Andalucía, preguntó «por qué ha habido mujeres que teniendo pruebas no concluyentes no fueron llamadas por el Servicio Andaluz de Salud». Denunció que la Junta «sigue sin explicar qué ha pasado ni cuántas son las afectadas” y criticó que “el plan no está publicado ni en el BOJA ni en la web de la consejería».
Rafael Segovia, de Vox, exigió «arrojar luz sobre el origen del problema» y acusó a la consejería de «esconderse detrás de los profesionales simulando una defensa que no necesitan». A su juicio, «la desconfianza en el sistema es enorme» y reclamó saber «si hubo una orden para dejar de avisar a las mujeres».
El consejero se reafirma y apunta al Ministerio
En su intervención final, Antonio Sanz rechazó las acusaciones de manipulación y defendió la transparencia de su gestión. «Se ha fallado en la comunicación a mujeres derivadas a la unidad de mama, especialmente en el Virgen del Rocío», reiteró de nuevo para responder a las acusaciones. Añadió que «ya se ha llamado a todas las mujeres afectadas» y que el proceso está siendo revisado «caso a caso» junto a las asociaciones.
Sanz insistió en que «los planes de acción suman más de 100 millones de euros y 705 profesionales para fortalecer los programas de cribado oncológico». Subrayó que la prioridad es «reforzar, modernizar y hacer más accesible» el sistema. También defendió la publicación progresiva de las listas de espera, pero señaló que «el primero que no da las listas de espera diagnósticas es el Ministerio de Sanidad».
El consejero pidió «rigor, serenidad y respeto a los profesionales», y acusó a la oposición de «buscar la bronca política». «No me habrán oído decir que todo está perfecto, pero trabajamos 24 horas para mejorar», concluyó. «Confío en los profesionales, en su criterio y en que los andaluces están en las mejores manos». A su vez, Sanz acusó a Mónica García de intentar sacar rédito político de la situación: «hay quien viene de campaña sin tener ninguna competencia sobre esta materia, como ocurre hoy con la ministra de Sanidad».
