La Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) se aprobó el pasado 22 de julio en el Congreso de los Diputados. A partir de la entrada en vigor de la ley, que tuvo lugar tras su publicación en el BOE ocho días después, empezó la cuenta atrás para que el Gobierno, en un plazo de seis meses, apruebe el Estatuto de la AESAP mediante real decreto. El primer paso es la elección de la sede, algo que estaba previsto que se determinara antes de que finalizara este año. En concreto, fuentes del Ministerio de Sanidad detallaron a Gaceta Médica que el proceso tenía previsto iniciarse oficialmente en septiembre mediante un acuerdo en el Consejo de Ministros para poder culminar el proceso en diciembre. Sin embargo, ese acuerdo no se aprobó hasta el pasado 18 de noviembre.
Con el inicio formal activado más tarde de lo estimado, la previsión de conocer en diciembre la sede que albergaría finalmente la AESAP queda anulada. Además, según los trámites obligatorios y los plazos fijados, las fases que deben completarse confirman que la sede no se desvelará en 2025. También, la previsión del Ministerio de tener la AESAP «plenamente operativa» en el primer semestre de 2026, tal y como pudo saber este periódico, se podría complicar.
En este sentido, según informan fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a Gaceta Médica, el primer paso, tras el acuerdo del 18 de noviembre, es la convocatoria de una Comisión Consultiva donde «se establecen los criterios que son necesarios para albergar la agencia». Una convocatoria que debe darse en un plazo de 15 días después de la aprobación del 18 de noviembre. De este modo, la Comisión Consultiva deberá reunirse antes del 10 de diciembre para elaborar «un informe que se elevará de nuevo al Consejo de Ministros», añadieron las mismas fuentes.
Tras la aprobación del informe por parte del Consejo de Ministros, el acuerdo correspondiente deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Solo a partir de esa publicación comenzará formalmente la instrucción del procedimiento, que estará a cargo de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local del propio Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
En esta fase, según explican las mismas fuentes, las comunidades autónomas y las entidades locales dispondrán de un mes para presentar sus candidaturas, que serán valoradas conforme a los criterios establecidos por la Comisión Consultiva. De manera paralela, se solicitará un informe al departamento ministerial del que dependerá la futura agencia, así como a otras instituciones cuando se considere oportuno, con un plazo máximo de 10 días para emitirlos.
Una vez recibidas todas las candidaturas e informes, la Comisión Consultiva elaborará un dictamen. Este documento incluirá tanto la evaluación de las propuestas presentadas como el análisis de otras posibles localizaciones que, aun sin haberse postulado, se consideren óptimas para acoger la sede. Dicho dictamen se remitirá primero a la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico y después al Consejo de Ministros, que será quien adopte la decisión final mediante un acuerdo motivado publicado en el BOE.
De este modo, la concatenación de estos pasos sitúa con total seguridad la selección definitiva más allá de 2025. Una situación que tira por tierra las previsiones que en verano se dieron tras la aprobación de la Ley por la que se crea en el Congreso de los Diputados.
