La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado ha aprobado este lunes una iniciativa presentada por Vox que insta al Gobierno a aumentar la financiación destinada al fomento de la terapia ocupacional en el conjunto del sistema sociosanitario. La propuesta ha salido adelante con 18 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención.
La moción, defendida por el senador valenciano de Vox, Fernando Carbonell, subraya la importancia de esta disciplina sanitaria «con base empírica y sustentada por la experiencia», orientada a mejorar la autonomía de personas con discapacidad, enfermedades crónicas o problemas de salud mental. Durante su intervención, el portavoz definió la terapia ocupacional como «una luz que ilumina la esperanza y un puente hacia una vida digna y significativa».
Según datos expuestos en la Comisión, actualmente solo 612 terapeutas ocupacionales trabajan en la sanidad pública, una cifra que contrasta con los más de cuatro millones de personas con discapacidad reconocida en España. Además, se puso el foco en la desigualdad territorial, al señalar comunidades como Extremadura o la Comunidad Valenciana, donde la ratio de profesionales por habitante es especialmente baja.
La iniciativa de Vox ha incorporado una enmienda del Partido Popular, defendida por la senadora Amelia Marcos, que plantea impulsar la incorporación de terapeutas ocupacionales en residencias de mayores y centros de atención a personas con discapacidad. Esta figura, defendió el PP, «es clave para garantizar una atención integral, prevenir la dependencia y mejorar la calidad de vida en el entorno residencial».
Durante el debate, el PSOE se mostró crítico con la moción y la acusó de invadir competencias autonómicas, recordando que la terapia ocupacional ya forma parte de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. El portavoz socialista, Víctor González, también reprochó que Vox no haya presentado esta iniciativa en las comunidades donde gobierna junto al Partido Popular, mencionando específicamente a Castilla y León, Madrid o Andalucía.
Pese al cruce político entre los grupos, la iniciativa fue finalmente aprobada. Desde el Grupo Parlamentario Popular, se celebró el apoyo a la moción y se pidió «una financiación justa, sin discriminación», subrayando que el acceso a esta terapia no puede depender del lugar de residencia. Con esta aprobación, la Cámara Alta lanza un mensaje claro a favor del reconocimiento y refuerzo de una profesión clave para la inclusión y la autonomía personal.
