La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Popular para reclamar al Gobierno un refuerzo de la financiación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en un contexto marcado por la crisis institucional del centro, el deterioro de sus infraestructuras y la pérdida de competitividad científica. El debate parlamentario estuvo atravesado por la necesidad de reconstruir la confianza en una de las principales instituciones de investigación oncológica del país y por el choque político en torno a la gestión de la crisis. El resultado final de la votación fue de 19 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones.
La defensa de la iniciativa corrió a cargo de la senadora del PP Elena Castillo, que subrayó desde el inicio la dimensión del asunto: «Hoy no estamos debatiendo una moción cualquiera. Estamos hablando del mayor centro de investigación oncológica de nuestro país». A partir de ahí, enmarcó la situación del CNIO como un problema de «ciencia, de salud y de confianza pública» y describió un escenario de máxima gravedad tras las denuncias sobre la gestión del centro. Según expuso, las informaciones conocidas apuntan a «presuntos contratos amañados, servicios inexistentes, desvío de fondos públicos y posibles prácticas sistemáticas durante más de una década», algo que, de confirmarse, supondría «una quiebra gravísima de la confianza en una institución clave del Estado».
Castillo insistió en que la reacción del patronato da cuenta de la magnitud de la crisis. Recordó que el órgano rector tuvo que actuar «de forma contundente, cesando a la cúpula directiva, reorganizando la estructura interna y trasladando información a la fiscalía para su investigación», una decisión adoptada, además, «por unanimidad». En su intervención, la senadora popular sostuvo que la situación ha tenido ya consecuencias directas sobre la actividad científica: «Mientras todo esto ocurría, el CNIO perdía competitividad, sufría fuga de talento y se veía deteriorada sus infraestructuras». Frente a ello, defendió una respuesta apoyada en «estabilidad, rigor y confianza» y resumió el núcleo de la propuesta con una frase que marcó el debate: «No se puede hacer ciencia de excelencia con financiación incierta».
En ese punto, la parlamentaria del PP vinculó la crisis interna con el problema de los recursos. «La ciencia no se sostiene con anuncios, se sostiene con presupuestos», afirmó, antes de advertir de que el centro «ha dejado de ingresar alrededor de 12 millones de euros al año por fuga de talento» y que sus ingresos «han caído en torno a un 22 % en la última década», al tiempo que arrastra «un déficit estructural de más de cuatro millones de euros». Con ese diagnóstico, pidió el respaldo de la Cámara «por la ciencia, la transparencia y el futuro de nuestro país».
Durante el turno de los grupos, Junts expresó un apoyo escueto pero explícito a la moción. El senador Joan Baptista Bagué intervino «simplemente para manifestar el apoyo» a la moción, facilitando así el avance de una iniciativa que el PP había actualizado mediante una autoenmienda para adaptarla a la situación actual del centro.
La posición más crítica llegó desde el PSOE. El senador Pere Joan Pons cuestionó el enfoque del PP y rechazó que la situación pueda presentarse como un fallo exclusivo del Ejecutivo. A su juicio, durante meses se ha impulsado «una campaña de acoso para atacar al Gobierno respecto a esta situación», pese a que, según defendió, se han adoptado las medidas que correspondían ante una crisis de esta naturaleza. Pons recordó que el actual Ejecutivo es «el Gobierno que más [ha] invertido en ciencia para investigación y desarrollo en materia de cáncer, desde 2018 hasta ahora, con más de 1000 millones de euros», y sostuvo que «no ha fallado el Gobierno», ya que «se están haciendo las gestiones que se han hecho en los últimos meses para esclarecer lo que ha sucedido y las decisiones se han tomado».
El senador socialista también quiso rebatir el marco político planteado por el PP y llamó a «desarmar el lenguaje», en alusión a la dureza del debate parlamentario sobre el CNIO. Defendió que la confianza pública «se aborda ayudando a resolver los problemas, gestionándolo desde el ámbito que nos pertenece o le toca a cada uno, no solamente al Gobierno», y recordó que en el patronato también participan comunidades autónomas gobernadas por el PP. En su intervención, además, reivindicó el peso de la investigación pública y señaló que «el pilar de la I+D+i sigue siendo, no solamente en España, sino en el conjunto europeo, el de la investigación pública».
El cierre del debate volvió a incidir en el argumento de la insuficiencia estructural de recursos para la ciencia española. El senador popular Israel Roberto Pérez sostuvo que la crisis del CNIO no puede entenderse como un episodio aislado, sino como «reflejo de un problema profundo: la insuficiencia estructural de financiación de la ciencia en España». Recurrió para ello a una comparación europea, al afirmar que España invierte «apenas el 1,5 % de su PIB» en I+D frente al 2,2% de media de la Unión Europea, una brecha que, en su opinión, se traduce en «menos capacidad científica, competitividad internacional y más dependencia tecnológica». Pérez endureció además el tono sobre la gestión del centro, al advertir de que en el CNIO «no estamos hablando solo de irregularidades administrativas, señorías, estamos hablando de dinero, de mucho dinero, de dinero público», y concluyó que «no basta con reconocer el problema, hay que actuar con rigor, transparencia y responsabilidad».
La iniciativa del PP, actualizada con una autoenmienda
La moción registrada originalmente por el Grupo Popular planteaba un aumento de la financiación pública para la investigación oncológica, el impulso de la inversión privada, el refuerzo de las colaboraciones internacionales, medidas para atraer y retener talento científico, un plan de choque para que el CNIO recupere posiciones en los rankings internacionales, un fondo específico para contingencias, un sistema de evaluación regular y la escucha a la comunidad científica. El texto justificaba estas medidas por la crisis reputacional y de gestión del centro, su déficit de 4,5 millones de euros y la pérdida de unos 12 millones de euros anuales ligada a la fuga de científicos.
Sin embargo, el PP presentó después una enmienda de modificación sobre su propia iniciativa, de modo que la moción finalmente aprobada quedó actualizada y con un contenido más preciso. El nuevo texto pide un «marco plurianual de financiación estable y suficiente» para el CNIO, un «Plan de Reestructuración y Mejora de la Gobernanza» con revisión de sus órganos directivos, controles internos reforzados y auditorías externas periódicas, así como un programa específico de atracción y retorno de talento científico. También incorpora un plan de modernización de infraestructuras científicas y la participación del centro en programas y consorcios internacionales, especialmente en el ámbito de la Unión Europea.
La versión enmendada refuerza, además, la exigencia de transparencia y rendición de cuentas, al reclamar un sistema de evaluación «continua, transparente y participativa», con indicadores objetivos y resultados públicos, además de la implicación activa de la comunidad científica en las decisiones estratégicas. A ello suma un marco de incentivos fiscales y financieros específico para la inversión privada en I+D biomédica y la creación de un fondo de contingencia para centros de investigación estratégica. Con ello, el PP transformó su propuesta inicial en una hoja de ruta más detallada para la recuperación institucional, científica y financiera del CNIO.
