El nuevo curso político arranca con tres asignaturas pendientes para el Ministerio de Sanidad. La primera es la configuración de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), recién aprobada en el Congreso de los Diputados. Junto a ella, se sitúan dos reformas legislativas que llevan meses en preparación: la Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios y la Ley Antitabaco. Estos tres asuntos definirán el trabajo del equipo de Mónica García en los próximos meses.
La ministra ha marcado septiembre como mes clave para retomar la agenda sanitaria que quedó aparcada antes del verano. La configuración de la AESAP y la definición de un marco normativo para los medicamentos y el control del tabaco aparecen como piezas estratégicas que determinarán la acción de su cartera en un contexto político complejo.
La nueva AESAP como reto inmediato
La AESAP se concibe como la herramienta central para reforzar la capacidad de España ante futuras crisis sanitarias. Según la hoja de ruta trazada por Sanidad, el objetivo es que el organismo esté plenamente operativo en el primer semestre de 2026. Para ello, durante los próximos meses se deberán aprobar los estatutos que definan sus funciones y la relación con las comunidades autónomas. La intención es empezar el proceso en este mes de septiembre mediante un acuerdo en el Consejo de Ministros, para empezar a valorar las candidaturas presentadas para albergar la sede que se espera que esté definida en diciembre.
Una vez finalizado este primer paso, se iniciará la selección del Consejo Rector que guiará la estrategia de la agencia. Después, se procederá a la elección de los miembros de la Dirección General del organismo. De este modo, el Ministerio dotaría a la AESAP de un perfil técnico independiente que le permita funcionar con agilidad y credibilidad en situaciones de emergencia sanitaria.
El debate sobre la Ley de los Medicamentos
El segundo gran eje es la tramitación de la Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios. El pasado 8 de mayo concluyó el plazo de alegaciones al anteproyecto y las reacciones del sector no se hicieron esperar. Organizaciones médicas expresaron su preocupación por el papel de la prescripción enfermera, reclamando que no se desdibuje la figura del médico como prescriptor principal. Tanto la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos como el Consejo General de Colegios de Médicos subrayaron la necesidad de mantener claros los límites de las competencias.
En este sentido, las organizaciones médicas elevaron el tono en sus alegaciones. El Consejo General de Médicos recordó que «la principal lealtad del médico es la que debe a su paciente, y la salud de éste debe anteponerse a cualquier otra conveniencia», subrayando que sus aportaciones «no responden a intereses corporativistas». El CGCOM alertó de que las modificaciones planteadas son «cruciales» y podrían «poner en riesgo la seguridad clínica» al introducir «notable indefinición» en las competencias profesionales. Desde Amyts se advirtió que la norma «amplía de forma indebida la capacidad de prescripción» y que permitirlo «puede comprometer seriamente la seguridad y salud de los pacientes». En la misma línea, SIME defendió que «es clave preservar la prescripción médica como una competencia específica y exclusiva del personal médico». El Foro de la Profesión Médica dejó claro que la prescripción enfermera tendría «un impacto perjudicial en la seguridad clínica de los pacientes».
Además, FACME presentó el 13 de mayo un documento con alegaciones en el que plantea reforzar el papel de los médicos en tres ámbitos estratégicos. Primero, en la evaluación de medicamentos y tecnologías sanitarias, reclamando que los expertos en cada patología participen activamente en los procesos de decisión y en la gobernanza del sistema. Segundo, en la prescripción y continuidad del tratamiento, apoyando la prescripción por principio activo pero advirtiendo de los riesgos de sustituciones indiscriminadas en farmacia, que podrían generar «errores de medicación, pérdida de adherencia y problemas de seguridad clínica». Y tercero, en el uso racional del medicamento, subrayando que solo se alcanzará este objetivo si se reconoce el papel central del médico prescriptor y se le dota de herramientas para evaluar resultados. La federación insiste en que la futura ley debe respetar lo establecido en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y se muestra dispuesta a colaborar con el Ministerio para definir un marco regulador moderno, riguroso y equitativo.
En este sentido, hay que recordar que el Ministerio se mostró optimista en cuanto a la aprobación definitiva de la legislación. Hace poco menos de dos meses, Mónica García expuso que le «gustaría llevar la Ley de los Medicamentos al Consejo de Ministros en septiembre». Con esta declaración, la ministra fijó un horizonte temporal inmediato para cerrar el texto definitivo y someterlo a aprobación. El desafío está en conciliar las demandas de las diferentes organizaciones profesionales sin diluir la capacidad de respuesta del sistema sanitario.
La Ley Antitabaco, otro frente clave
El tercer gran expediente en la mesa del Ministerio es la nueva Ley Antitabaco. La intención inicial era haberla aprobado en julio, como anunció en su momento el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Sin embargo, el texto no llegó a tiempo y la previsión actual es que se presente en septiembre, en paralelo a la Ley de los Medicamentos.
La norma busca endurecer la regulación del consumo de tabaco y equiparar los espacios de uso de cigarrillos electrónicos a los tradicionales. También se espera que introduzca restricciones a la publicidad encubierta y a la venta de determinados productos, con el objetivo de frenar el aumento del consumo entre adolescentes. De salir adelante, supondría uno de los cambios legislativos más relevantes en salud pública de los últimos años.
Las políticas de Trump, en segundo plano pero presentes
Más allá de la agenda nacional, el contexto internacional añade ruido a la política sanitaria. En Estados Unidos, Donald Trump ha iniciado un giro que afecta directamente a la cooperación global en salud. Uno de los movimientos más comentados ha sido la purga de asesores de Robert F. Kennedy Jr. que genera incertidumbre sobre la política vacunal estadounidense.
Trump también destituyó a la directora de los CDC, Susana Monarez, lo que ha sido interpretado como un intento de reforzar aún más su control político sobre la institución. A ello se suma la decisión de marzo de cortar la financiación estadounidense a GAVI, la alianza internacional para la vacunación global, lo que amenaza los programas de inmunización en países de ingresos bajos y medios. Desde el ámbito científico, el director de los NIH, Jayanta Bhattacharya, defendió a principios de junio públicamente los ajustes presupuestarios promovidos por la Casa Blanca, pese a las críticas por el impacto que pueden tener en la investigación biomédica.
Por último, ha quedado claro que el futuro de miles de proyectos de investigación biomédica en Estados Unidos se encuentran atrapados en una batalla judicial sin precedentes tras la última decisión del Tribunal Supremo. La corte estableció que los tribunales de distrito podrán seguir revisando si las directrices internas del NIH violaron la Ley de Procedimiento Administrativo, pero no restituir las subvenciones ya canceladas, que deberán reclamarse en el Tribunal de Reclamaciones Federales.
Estas normas, dictadas por órdenes ejecutivas de Donald Trump a comienzos de 2025, prohibían financiar investigaciones ligadas a diversidad, equidad e inclusión, identidad de género o COVID-19, además de vetar criterios raciales en la concesión de becas. Aunque dichas directrices han quedado anuladas de forma provisional, la resolución genera un complejo escenario procesal que limita la capacidad de los científicos para recuperar fondos y amenaza con paralizar ensayos clínicos en áreas clave como VIH, Alzheimer o prevención del suicidio. En el centro de la controversia se encuentran los fondos DEI, cuya supresión masiva golpea a universidades y hospitales, y que ahora se han convertido en símbolo del pulso entre la ciencia y el poder político en Estados Unidos. Todo ello compone un escenario que, aunque lejano, repercute en la agenda global de salud y será seguido con atención desde Europa.
