La Asociación MIR España (AME) ha registrado formalmente ante el Ministerio de Sanidad un escrito dirigido a la ministra Mónica García en el que exige responsabilidades y solicita la realización de una auditoría independiente del proceso MIR/FSE 2025/2026, así como una revisión en profundidad del modelo de gobernanza de la Formación Sanitaria Especializada (FSE). El documento, firmado por el presidente de la AME, Jesús Arzúa, sostiene que lo ocurrido durante la última convocatoria constituye un punto de inflexión en la gestión del sistema selectivo.
“La Asociación MIR España no puede aceptar que un proceso que condiciona la vida profesional y personal de decenas de miles de médicos se gestione mediante improvisación estructural, opacidad administrativa y ausencia de responsabilidades. Exigimos rigor institucional, transparencia y respeto a quienes sostendrán el Sistema Nacional de Salud en los próximos años”, recoge literalmente el escrito remitido por registro oficial.
En declaraciones a Gaceta Médica, Arzúa explica que el documento “recoge de forma cronológica los retrasos que ha habido durante todo el proceso, las incidencias que hubo durante el examen, los errores en el baremo y, en general, la falta de planificación y transparencia que ha habido”.
“La Asociación MIR España no puede aceptar que un proceso que condiciona la vida profesional y personal de decenas de miles de médicos se gestione mediante improvisación estructural"
A juicio de la asociación, el proceso MIR 2026 es “un procedimiento administrativo masivo y de alto impacto, cuyo estándar debe ser el de máxima previsibilidad, transparencia y seguridad jurídica”. Sin embargo, considera que “el conjunto de retrasos, cambios, fallos técnicos y medidas de última hora descritas han generado incertidumbre y potencial indefensión, así como una pérdida objetiva de confianza en el sistema”. En este sentido, el escrito sostiene que dichas actuaciones “vulneran los principios de eficacia, buena administración, transparencia, seguridad jurídica y proporcionalidad recogidos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como el deber de motivación de los actos administrativos en procedimientos de concurrencia competitiva”.
Arzúa es especialmente crítico con la gestión global de la convocatoria: “Esto ha sido como el suma cum laude del despropósito. Ha sido una tras otra tras otra y hemos visto cómo no se han asumido ningún tipo de responsabilidades”. El presidente de AME afirma que "se deben identificar todos los errores, qué es lo que ha estado fallando durante todo el proceso, hacer autocrítica y de esa forma mejorar, y creemos que la forma de hacerlo es a través de una auditoría con un organismo externo que vea qué etapas han fallado, por qué han fallado y que se identifiquen a los responsables y que se asuman las responsabilidades”.
Hitos de la convocatoria
El documento reconstruye cronológicamente los hitos de la convocatoria. Sitúa el inicio el 21 de agosto de 2025, cuando el Ministerio publica la orden ministerial que fija los marcos y plazos del proceso, incluyendo la fecha del examen y las reglas de publicación de listados. No obstante, la AME afirma que “desde este primer momento se observa una ruptura progresiva del calendario oficial, sin resoluciones motivadas de ampliación ni publicación de causas técnicas detalladas, vulnerando los principios de transparencia y previsibilidad exigibles en un proceso masivo”.
La asociación también señala que el proceso de inscripción sufrió incidencias técnicas que obligaron a ampliar el plazo hasta el 18 de septiembre. “Este episodio generó incertidumbre desde el inicio y evidenció fragilidad operativa en el canal telemático de inscripción”, señala el escrito. Posteriormente, el 15 de octubre, Sanidad adjudicó el contrato a la empresa ODEC Centro de Cálculo y Aplicaciones Informáticas, S.A., encargada de tareas críticas vinculadas a la elaboración y publicación de los listados de admitidos y no admitidos, si bien la AME subraya que “no obstante, el contrato se formaliza jurídicamente” más tarde, lo que a su juicio impactó en los plazos.
La asociación apunta que determinadas medidas técnicas no estuvieron plenamente operativas hasta el 6 de noviembre de 2025, aproximadamente un mes después que en la convocatoria previa, lo que “desplaza en cascada el calendario del procedimiento y aumenta el riesgo de incumplir los plazos fijados en la propia Orden de convocatoria”. El 8 de noviembre, fecha orientativa para la publicación de listados provisionales, el Ministerio reconoció retrasos y anunció nuevas fechas “previstas”, lo que, según la AME, alimentó “un baile de fechas e incertidumbre masiva entre aspirantes”.
“Desde este EL momento se observa una ruptura progresiva del calendario oficial, vulnerando los principios de transparencia y previsibilidad exigibles en un proceso masivo”
El 15 de diciembre de 2025 se publicaron los listados provisionales, aproximadamente 123 días después de la fecha de la Orden y 116 días después de su publicación en el BOE, cuando en convocatorias previas solían publicarse a finales de octubre. Además, estos listados incorporaron incidencias relevantes en el baremo y en la información académica, lo que incrementó de forma exponencial el volumen de subsanaciones y recursos y tensionó los plazos restantes.
El 18 de diciembre se dictó la resolución sobre la fecha del examen y el nombramiento de comisiones calificadoras en un contexto que la AME describe como de “plazos tensos y percepción de improvisación”. En las semanas siguientes, las comunicaciones públicas variaron en relación con la publicación de listados definitivos, que podrían salir “a partir del 23 de enero”, posteriormente “a partir del 7 de enero” y finalmente el 15 de enero, consolidando, según la asociación, “un patrón de anuncios sucesivos no cumplidos y de cambios sin explicación técnica suficiente”.
Finalmente, el 15 de enero de 2026 se publicaron los listados definitivos de admitidos, a escasos días del examen del 24 de enero. La AME subraya que el cierre definitivo del censo se produjo con margen materialmente insuficiente para interponer recursos administrativos eficaces y que la publicación tuvo efectos prácticos ya en la madrugada del día 16, “incrementando la indefensión objetiva”. Además, considera “especialmente grave” que se permitiera presentarse al examen a personas inicialmente no admitidas mientras se tramitaban recursos de alzada, generando “un escenario de inseguridad jurídica sin precedentes”.
Auditoria independiente del MIR 2026
Más allá de la secuencia de hechos, el escrito introduce una crítica estructural al modelo de FSE. Señala que “la FSE se está orientando a maximizar números (incremento de plazas) sin garantizar proporcionalmente la calidad formativa, la supervisión real ni mecanismos efectivos de auditoría y consecuencia”. Asimismo, advierte de que innovaciones como la descentralización de la prueba o la incorporación de una ECOE “no pueden implantarse sin un marco nacional homogéneo, garantías de equivalencia y sin pilotajes opacos que introduzcan desigualdad”. En conjunto, la AME considera que los hechos descritos evidencian “un proceso progresivo de degradación institucional del sistema FSE, con pérdida de estándares de calidad, previsibilidad y control”.
En este contexto, la asociación solicita de manera expresa “la realización inmediata de una auditoría externa, independiente y pública del proceso MIR/FSE 2025/2026”, que incluya el cronograma real de decisiones y responsables, el análisis técnico del fallo del sistema de inscripción, la evaluación de la contratación administrativa y su impacto en los plazos, la gestión de listados, baremo y recursos, la logística de sedes e interventores, así como las incidencias materiales del examen y los controles de calidad previos.
"El mayor descontrol y el mayor despropósito en los 50 años que ha habido del examen MIR”
También reclama la publicación íntegra del informe, la comparecencia pública de los responsables, la depuración de responsabilidades políticas y administrativas, el establecimiento de un calendario futuro vinculante blindado normativamente, la revisión del modelo de contratación de servicios críticos, una moratoria inmediata de innovaciones estructurales hasta que exista consenso técnico y estándares homogéneos, la implantación de un sistema real de protección del residente y aspirante denunciante y una respuesta formal por escrito al registro presentado.
“Esto afecta directamente a miles de opositores y de residentes”, recalca Arzúa. El presidente de la AME sostiene que, según diversos agentes, se trata del “mayor descontrol y el mayor despropósito en los 50 años que ha habido del examen MIR” y concluye que “creemos que esto no se puede asumir, no se puede aceptar con normalidad”.
