La violencia contra los profesionales sanitarios es un problema creciente que amenaza la seguridad de quienes están en primera línea del cuidado de la salud. Los datos recientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) reflejan una realidad preocupante: en 2024 se registraron 362 agresiones físicas y más de 1.500 agresiones no físicas en centros sanitarios públicos de Andalucía. Estas cifras suponen un aumento del 19% respecto al año anterior, lo que pone de manifiesto la urgencia de reforzar medidas de prevención y protección para los sanitarios.
Un problema que afecta a toda la profesión
El fenómeno de la violencia en el ámbito sanitario no distingue entre categorías profesionales. Médicos, enfermeros, auxiliares y personal administrativo están expuestos diariamente a situaciones de conflicto con pacientes y familiares. Sin embargo, los datos reflejan que las mujeres son las principales víctimas, representando un 72,45% del total de agresiones registradas. Además, el 80% de estos ataques se producen contra el personal sanitario, principalmente médicos y enfermeros.
Las agresiones en hospitales represental el 47,48% de los casos y el 52,52% en atención primaria
El entorno donde se producen las agresiones también es revelador. Mientras que en hospitales se concentran el 47,48% de los casos, la atención primaria registra el 52,52%. Estos datos reflejan la creciente tensión en consultas y urgencias, donde los tiempos de espera, la falta de recursos y las expectativas no satisfechas de los pacientes pueden derivar en conflictos.
Factores que agravan el problema
Uno de los aspectos más preocupantes es el aumento de agresiones cometidas por pacientes con problemas de salud mental o deterioro cognitivo. Según el SAS, estos casos representan el 20,3% de las agresiones registradas, porcentaje que asciende al 51,6% cuando se trata de agresiones físicas. Aunque estos pacientes requieren una atención diferenciada, la realidad es que los profesionales deben lidiar con situaciones complejas sin las herramientas necesarias para su manejo.
Aumento de agresiones cometidas por pacientes con problemas de salud mental o deterioro cognitivo
Otro factor que contribuye a la escalada de violencia es la presión asistencial. La sobrecarga laboral y la escasez de recursos pueden generar frustración tanto en los profesionales como en los pacientes. En este contexto, la falta de medidas efectivas para prevenir y gestionar conflictos agrava el problema, dejando a los sanitarios en una situación de vulnerabilidad.
Estrategias
Ante esta problemática, el SAS ha implementado un conjunto de medidas preventivas que buscan garantizar la seguridad de los profesionales. Actualmente, los centros sanitarios andaluces cuentan con más de 53.700 dispositivos de seguridad, entre los que se incluyen cámaras de vigilancia, dispositivos de aviso en consultas y alarmas individuales, que permiten una respuesta rápida ante situaciones de riesgo.
El SAS ha reforzado la capacitación del personal sanitario mediante talleres impartidos por Policía Nacional, Guardia Civil y funcionarios de instituciones penitenciarias
Además, se ha fortalecido la asistencia jurídica y psicológica a los profesionales agredidos. En 2024, los letrados del SAS realizaron 197 asistencias legales, logrando 94 sentencias condenatorias, 34 de ellas tipificadas como delito de atentado contra la autoridad. “La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública es considerada delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en diferentes casos con penas que oscilan entre los 12 meses y los 3 años de prisión”, señala el SAS.
La formación también juega un papel clave en la prevención de agresiones. El SAS ha reforzado la capacitación del personal sanitario mediante talleres impartidos por Policía Nacional, Guardia Civil y funcionarios de instituciones penitenciarias. Estas sesiones prácticas enseñan técnicas de control de situaciones conflictivas y estrategias para minimizar el impacto de la violencia en el entorno sanitario.
Hacia un cambio normativo
Más allá de las medidas actuales, la Consejería de Salud y Consumo trabaja en un Proyecto de Decreto para la creación del Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Este organismo tendrá como objetivo analizar la evolución del problema y proponer estrategias de actuación. Asimismo, se está desarrollando un régimen sancionador que se integrará en la futura Ley de Salud, estableciendo un marco legal más contundente contra las agresiones a sanitarios.
La Consejería está trabajando en el Proyecto de Decreto para la creación del Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía
La Consejería de Salud y Consumo y el SAS condenan cualquier tipo de agresión, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario. “El SAS refuerza su oferta formativa. Los profesionales tienen a su disposición, en el momento de la incorporación, formación específica y de realización obligada en control de situaciones conflictivas y sobre el Plan de prevención de agresiones”, destaca el organismo. Adicionalmente, se imparten talleres y formación presencial práctica con el objetivo de mejorar las competencias de los profesionales para reconducir situaciones de agresividad y minimizar sus consecuencias.
La erradicación de la violencia en el ámbito sanitario requiere el compromiso de toda la sociedad. Es fundamental seguir concienciando sobre la gravedad del problema y promover una cultura de respeto hacia los profesionales de la salud. Las medidas de prevención, seguridad y apoyo legal son esenciales, pero solo con un cambio de mentalidad y una mayor implicación de las administraciones, los profesionales y los ciudadanos podremos garantizar un entorno seguro para quienes dedican su vida al cuidado de los demás.
