Los términos para la nueva licitación del concierto sanitario de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) para el periodo 2025-2026 ya están disponibles, marcando el inicio de un proceso que está generando profundas tensiones entre el Gobierno, las aseguradoras, y los sindicatos médicos y de funcionarios. La tramitación se está realizando por la vía de urgencia debido a la incertidumbre que hasta ahora existía sobre la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, este concierto llega en un momento crítico, y las expectativas sobre su impacto en la calidad de la asistencia sanitaria y la viabilidad del modelo están en el centro del debate.
Concierto sanitario
El concierto sanitario de Muface cubre a más de un millón y medio de funcionarios que pueden optar por recibir atención a través de aseguradoras privadas en lugar del sistema sanitario público. Las principales compañías que tradicionalmente han gestionado este servicio, SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV, tienen hasta el 5 de noviembre para presentar sus ofertas. El monto total destinado a este concierto es de 2.681 millones de euros, distribuidos en 1.337 millones en 2025 y 1.344 millones en 2026.
Las aseguradoras habían solicitado una subida del 40 por ciento, mientras que Muface había sugerido un aumento del 24 por ciento
Uno de los aspectos más destacados de las condiciones del contrato es el aumento del 17,12 por ciento en la prima que se abonará por cada mutualista, una cifra considerada insuficiente tanto por las aseguradoras como por los sindicatos. Las aseguradoras habían solicitado una subida del 40 por ciento debido a los crecientes costes de la asistencia sanitaria y la inflación, mientras que Muface había sugerido un aumento del 24 por ciento, cifra más cercana a las demandas, pero aún menor a lo solicitado por las aseguradoras. Este incremento tiene como objetivo cubrir nuevos servicios sanitarios, como la inclusión de terapias avanzadas y tratamientos innovadores en la cartera del Sistema Nacional de Salud (SNS), pero la pregunta es si será suficiente para mantener la calidad de la atención.
Descontento generalizado
Las aseguradoras aún no han decidido si participarán en esta nueva licitación. A pesar de la subida en la prima, han manifestado su descontento por considerar que no refleja adecuadamente el aumento de los costes operativos. Según el informe de la Fundación IDIS, el gasto promedio por mutualista de Muface es de 984 euros, mientras que el gasto en el sistema sanitario público se sitúa en torno a los 1.608 euros por ciudadano. Esta diferencia preocupa a las aseguradoras, que advierten que operar en estas condiciones sigue siendo insostenible.
Según el informe de la Fundación IDIS, el gasto promedio por mutualista de Muface es de 984 euros
Por su parte, los sindicatos también han expresado su preocupación. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha señalado que el incremento de la prima, aunque es la mayor registrada hasta la fecha, no alcanza a paliar los problemas estructurales que enfrenta el sistema de mutualidades. CESM teme que la falta de una financiación adecuada afecte negativamente la calidad de la atención sanitaria que reciben los funcionarios. Además, advierten que, si las aseguradoras deciden no concurrir al concurso, podría haber un desplazamiento masivo de mutualistas hacia el sistema público de salud, agravando la presión sobre los recursos públicos ya limitados
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también ha sido clara en su postura, advirtiendo que este aumento no es suficiente para solucionar la infrafinanciación crónica del modelo de Muface. Desde el sindicato, han amenazado con movilizaciones si el servicio se ve afectado por recortes o deterioro en la atención sanitaria. CSIF ha hecho hincapié en que la subida del 17,12 por ciento queda muy por debajo del 24 por ciento que la propia dirección de Muface había estimado como necesario
Condiciones
El nuevo concierto de Muface incorpora varias novedades en términos de prestaciones, destacando la inclusión de servicios avanzados como terapias avanzadas y protonterapia, ambos sometidos a la autorización de un comité de expertos. Las aseguradoras recibirán una compensación del 60 por ciento del precio total de la financiación pública para los tratamientos de terapias avanzadas, mientras que para los tratamientos de protonterapia se ha fijado un pago de 24.000 euros por cada tratamiento autorizado. Estos servicios avanzados suponen un paso importante en la actualización de la cartera sanitaria disponible para los mutualistas, aunque también incrementan los costes de las aseguradoras, lo que vuelve a poner sobre la mesa el tema de la suficiencia de la prima.
Las aseguradoras recibirán una compensación del 60 por ciento del precio total de la financiación pública para los tratamientos de terapias avanzadas
Otra de las condiciones que establece el pliego es la obligación de las aseguradoras de continuar prestando ciertos servicios hasta marzo de 2027 en situaciones específicas, como hospitalizaciones o maternidades en curso, incluso si no se suscriben a un nuevo concierto en 2027. Además, las aseguradoras deben garantizar la disponibilidad de centros hospitalarios privados o concertados en el 45 por ciento de los municipios con atención especializada de Nivel II y en el 75 por ciento de las provincias con especialidades de Nivel III
Perspectivas de futuro
Apenas quedan tres semanas para que se cierre el plazo de presentación de ofertas, y la gran incógnita es si las aseguradoras actuales seguirán participando en el modelo. En caso de que decidan no concurrir, los más de un millón de mutualistas podrían verse obligados a recurrir al sistema público de salud, lo que generaría una enorme presión en un momento en que el SNS ya enfrenta desafíos significativos, como las listas de espera y la escasez de recursos.
La licitación del nuevo concierto de Muface se ha convertido en un punto de tensión para todos los actores involucrados.
La resolución de este proceso tendrá implicaciones a largo plazo no solo para los mutualistas, sino también para el sistema de salud en su conjunto. Los sindicatos y las aseguradoras coinciden en que, si no se corrigen los desequilibrios actuales, la viabilidad del modelo de MUFACE podría estar en peligro. Mientras tanto, el Gobierno deberá enfrentar las críticas y encontrar un equilibrio que asegure la sostenibilidad del sistema sin comprometer la calidad de la atención.
En resumen, la licitación del nuevo concierto de Muface se ha convertido en un punto de tensión para todos los actores involucrados. La resolución final del proceso, y la participación o no de las aseguradoras, será clave para determinar el futuro de la asistencia sanitaria a los funcionarios en España.
