El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha la maquinaria administrativa para resolver uno de los mayores agravios comparativos de la última década en el Sistema Nacional de Salud (SNS). A través de una resolución de la Dirección General de Ordenación Profesional, el Gobierno ha fijado un nuevo periodo improrrogable, que se extenderá del 1 al 30 de abril de 2026, para que miles de profesionales médicos soliciten el acceso por vía extraordinaria al título de Especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias.
Esta decisión no es un mero trámite administrativo, sino la respuesta obligada a un terremoto jurídico que ha sacudido los cimientos de la formación médica en España. Con esta apertura, se busca dar cumplimiento a la legalidad tras los reveses judiciales que señalaron la exclusión injustificada de un colectivo masivo de facultativos que, a pesar de ser el sostén de las guardias y los servicios de emergencias durante años, carecían de un reconocimiento oficial de su especialidad.
El origen del conflicto: la sentencia del Tribunal Supremo que lo cambió todo
Para entender la relevancia de esta convocatoria, es necesario retroceder al Real Decreto 610/2024, la norma que originalmente creó la especialidad de Urgencias. Aquel texto establecía una diferenciación normativa que dejaba fuera a los médicos que obtuvieron su titulación después de 1995 y que no habían realizado el MIR, situándolos en una suerte de «limbo administrativo«.
Sin embargo, el Tribunal Supremo, en su sentencia 552/2025 de 12 de mayo, atendió parcialmente el recurso interpuesto por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem). El Alto Tribunal declaró nulo el inciso que discriminaba a los profesionales basándose en la fecha de su titulación, obligando al Ministerio a equiparar el trato de los médicos generalistas «post-95» con los habilitados previamente para Medicina General o de Familia.
La sentencia del Supremo avala que ahora todo el ejercicio profesional en urgencias es computable
La justicia ha sido clara: si un profesional viene desempeñando funciones propias de urgencias y emergencias, su experiencia debe ser computada para la obtención del título, independientemente de si se tituló antes o después del 1 de enero de 1995. Se estima que esta rectificación beneficiará a más de 20.000 profesionales en toda España.
¿Quiénes pueden solicitar el título en esta nueva fase?
La resolución, firmada por el director general de Ordenación Profesional, Miguel Ángel Máñez Ortiz, especifica de forma pormenorizada los tres grandes perfiles que ahora tienen vía libre para el proceso. Los médicos generalistas «post-95», los titulados en Medicina (licenciatura o grado) con posterioridad al 1 de enero de 1995 que carezcan de especialidad previa o de la habilitación del RD 853/1993, pero que acrediten el ejercicio profesional necesario en unidades de urgencias.
También los médicos extranjeros, facultativos con título obtenido fuera de España, pero que cuenten con su homologación oficial como licenciados o graduados en Medicina y demuestren la experiencia clínica requerida. Además, los especialistas con experiencia previa como no especialistas, uno de los puntos más innovadores, se incluyen aquellos profesionales que ya poseen otra especialidad pero que no pudieron acceder en la primera convocatoria porque no se les permitía sumar los años trabajados en urgencias antes de obtener su título de especialista. La sentencia del Supremo avala que ahora todo el ejercicio profesional en urgencias es computable.
Como requisito transversal, todos los aspirantes deben estar inscritos obligatoriamente en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS).
No cualquier experiencia en el ámbito sanitario es válida para este proceso. El Ministerio exige que la labor asistencial se haya desarrollado en centros con códigos de autorización muy específicos según el Registro General de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios (REGCESS). Existirán dos tipos de centro: los centros C.1.1, que deben contar con la autorización de la unidad asistencial U.68 (Urgencias) y los centros C.2.5.7, que deben disponer de la autorización de la unidad asistencial U.100 (Emergencias).
La acreditación del ejercicio profesional se realizará mediante un certificado oficial. Sanidad ya notificó a las comunidades autónomas a principios de marzo para que agilizaran la expedición de estos documentos, evitando así cuellos de botella durante el mes de abril.
Guía de solicitud: evite los errores que pueden anular su expediente
El procedimiento es estrictamente telemático y no admite excepciones. Estas son las claves para una presentación exitosa:
- Plazo fatal. El sistema se abrirá el 1 de abril y se cerrará el 30 de abril de 2026. Cualquier solicitud fuera de este margen será rechazada automáticamente.
- Canal exclusivo. Solo se podrá tramitar a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Sanidad mediante el tramitador habilitado específicamente para este fin. Es imprescindible el uso de un certificado electrónico válido.
- El documento clave. El certificado de ejercicio profesional debe estar firmado por la persona designada por la Consejería o Departamento de Sanidad de la Comunidad Autónoma correspondiente (o el Ingesa en su caso).
- Formatos prohibidos. El certificado debe adjuntarse obligatoriamente en PDF. No se aceptarán fotos (JPG), enlaces a nubes externas o documentos firmados únicamente por la gerencia de un hospital sin el aval regional.
Para cualquier incidencia técnica, el Ministerio recomienda contactar con el soporte informático (cau-servicios@sanidad.gob.es) con al menos 48 horas de antelación al cierre del plazo para asegurar que la solicitud entre en tiempo y forma.
El camino tras la solicitud: plazos y evaluación
Una vez cerrada la ventana de abril, los expedientes pasarán a manos de la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias. Esta comisión será la encargada de emitir un informe-propuesta que podrá ser positiva, de prueba práctia o negativa, dependiendo de si es para la concesión directa del título cuando se cumplan todos los requisitos de ejercicio profesional, para aquellos casos donde sea necesario validar las competencias mediante un examen específico, o cuando no se logre acreditar la experiencia o los requisitos exigidos por la norma.
El Ministerio dispone de un plazo máximo de seis meses para dictar y notificar la resolución definitiva desde que finalice el plazo de presentación electrónica. Si transcurrido ese tiempo no hay notificación, la solicitud podría entenderse como desestimada por silencio administrativo. No obstante, los profesionales tendrán derecho a interponer un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Sanidad si no están de acuerdo con la resolución.
Con este paso, la Medicina de Urgencias en España encara su recta final para la consolidación definitiva, cerrando una etapa de incertidumbre para miles de médicos que, a partir de mayo de 2026, podrían ver finalmente reconocido su estatus de especialistas.
