La reforma del Estatuto Marco se ha convertido en el principal campo de batalla entre el Ministerio de Sanidad y la profesión médica, también recibiendo críticas de los colegios y consejos médicos. Tras la huelga médica que tuvo lugar entre el 16 y el 20 de este mes, lo que el Gobierno presenta como una "revolución necesaria para corregir un texto obsoleto desde el año 2003", es denunciado por los organismos colegiales como un ataque frontal a su dignidad y a la seguridad de los pacientes.
El polémico relato de la ministra: "Ojalá hubiera tenido estas condiciones"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido con insistencia su proyecto, apelando incluso a su propia trayectoria de 22 años en el sistema público. García ha afirmado que muchas de las carencias denunciadas ahora no son responsabilidad del Estatuto Marco, sino de la gestión de las Comunidades Autónomas. Su frase más repetida, y también más polémica, de las últimas jornadas, "ojalá hubiera tenido estas condiciones", ha sido recibida con profunda indignación por el colectivo médico.
García sostiene que el borrador actual ya incorpora "mejoras clarísimas", como la eliminación de las guardias de 24 horas, oposiciones cada dos años y medidas de conciliación. Además, ha rechazado de plano la creación de un estatuto propio para los médicos, argumentando que ello "fragmentaría el sistema" y que "prefiere un enfoque de equipos multidisciplinares".
Sevilla y Huelva: respuesta unánime ante las acusaciones de "abandono"
Uno de los momentos más críticos del conflicto se produjo cuando la ministra sugirió que los profesionales habrían desatendido a pacientes vulnerables durante la huelga. El Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla ha reaccionado de forma contundente, calificando estas afirmaciones de "rotundamente falsas". Según la institución sevillana, "atribuir a los médicos conductas de abandono asistencial no solo supone una grave desinformación a la ciudadanía, sino que constituye un ataque injusto a la profesionalidad" de un colectivo que sostiene el sistema.
Desde Sevilla han recordado que "el cumplimiento de los servicios mínimos es una obligación legal y ética que los profesionales médicos asumen con plena responsabilidad", garantizando en todo momento la atención oncológica y de diálisis. Por ello, consideran que la utilización de lo que califican como "falsos testimonios o afirmaciones no contrastadas" por parte de Sanidad solo sirve para deteriorar la confianza de la ciudadanía en sus facultativos. La institución recalca que defender la dignidad profesional es inseparable de defender una sanidad de calidad, lo que exige un "debate honesto, basado en datos veraces y en el respeto mutuo entre instituciones y profesionales", insistiendo en que es un borrador "claramente rechazado por la inmensa mayoría de médicos".
En términos similares se ha expresado el Colegio de Médicos de Huelva, que ha tildado la actitud de la ministra de "irresponsable y peligrosa por generar alarma social innecesaria". Ambas instituciones han exigido una rectificación pública inmediata de García, acusándola de ser la "principal responsable de las consecuencias que pueda tener sobre los pacientes su obstinación política" al seguir adelante "con un proyecto rechazado por la inmensa mayoría de los facultativos".
Asimismo, la institución onubense ha exigido a Mónica García una "rectificación pública" y un ejercicio de "rigor y responsabilidad institucional" en sus manifestaciones públicas. Insisten en que atribuir un supuesto abandono asistencial a los médicos es un ataque injustificado a un colectivo que, según recuerdan, es el que sostiene el sistema sanitario día tras día. Por ello, han reafirmado su apoyo a los facultativos de la provincia en la defensa de su "derecho legítimo a la protesta" frente a una reforma que consideran lesiva.
El "hartazgo" en Aragón: jornadas maratonianas y falta de futuro
En Aragón, el Consejo Aragonés de Colegios de Médicos y el Colegio de Médicos de Huesca ha canalizado el sentimiento de desilusión de la profesión bajo el lema: “Estamos hartos”. La institución denuncia que las actuales condiciones laborales merman la calidad asistencial y ponen en riesgo al usuario. "A quien trabaja 24 horas, poco se le puede exigir", advierten con claridad, señalando que el "médico exhausto por el sobreesfuerzo acaba perjudicando inevitablemente al paciente".
Desde Huesca se critica duramente la llamada "jornada complementaria", calificándola de "eufemismo que esconde una carga de trabajo estructural y no puntual". Además, ponen el foco en la paradoja de las guardias, asegurando que "pasamos una tercera parte de nuestras vidas en guardias y, paradójicamente, no cotizan para la jubilación". Este hecho es calificado por el Colegio de Huesca como una "discriminación y una alegalidad, si no ilegalidad". Asimismo, lamentan que el Gobierno "pretenda solucionar la falta de recursos mediante la homologación de títulos extranjeros, en lugar de cuidar a los profesionales formados durante 10 o 12 años en el exigente sistema español".
Castilla-La Mancha: la lucha por el "A1 Plus" y la incompatibilidad
El Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha ha realizado un análisis técnico del borrador, oponiéndose a varios puntos por su impacto negativo en los derechos laborales. Este Consejo propone eliminar el complemento de dedicación exclusiva por considerarlo "discriminatorio, innecesario e ineficaz", y rechaza las restricciones a la compatibilidad entre el ejercicio público y privado.
Para la institución castellano-manchega, cualquier incompatibilidad debería reservarse únicamente para puestos de alta confianza y no para cargos intermedios o recién egresados. La institución argumenta que las restricciones aplicadas exclusivamente al personal médico vulneran el principio de que "todo trabajador tiene derecho a recibir la misma retribución a igual trabajo", y denuncia que no existe evidencia alguna que demuestre que un cargo intermedio desempeñe mejor su labor por no tener una segunda actividad
Su reclamación estrella, extensible al resto del territorio nacional, es la creación de la categoría "A1 Plus", que refleje las "deberes y obligaciones que afrontan los médicos como principales responsables del diagnóstico o tratamiento del paciente", una jerarquía profesional que el Gobierno se niega a reconocer. Advierten que el borrador actual, tal como está redactado, solo conseguirá "desincentivar la dedicación al sistema sanitario", dificultando especialmente la contratación en los centros de difícil cobertura y comprometiendo la excelencia de la profesión.
Ourense: una cuestión de seguridad pública y dignidad
La presidenta del Colegio de Médicos de Ourense, Pilar Garzón, ha publicado una carta abierta en la que defiende que la huelga es el último recurso tras el fracaso de los canales de negociación. Garzón rechaza que el conflicto sea puramente salarial o de clase, subrayando que es "una cuestión de matemática pura ya que la formación de un médico implica 11 años y 360 créditos ECTS, frente a los 4 años y 240 de otros colectivos".
Según Garzón, "mejorar la calidad laboral médica no es un privilegio corporativo. Es una estrategia de salud pública". La presidenta advierte que el burnout o agotamiento profesional está directamente vinculado con un mayor riesgo de errores médicos y eventos adversos. "En sectores como la aviación o el transporte, los límites de jornada están estrictamente regulados por motivos de seguridad. En sanidad, en cambio, normalizamos que un médico encadene más de 24 horas de responsabilidad clínica", lamenta Garzón, concluyendo con una frase que resume el espíritu de la movilización: "No paramos por gusto, paramos por dignidad".
También ha denunciado lo que denomina el "oxímoron de las guardias médicas": una situación en la que el médico reclama el límite de jornada que marca la ley, mientras sus horas extraordinarias se pagan a menor precio que las ordinarias, aunque "Hacienda sí que las reconoce a la hora de la fiscalidad". Garzón critica que se pretenda simplificar el conflicto como una cuestión salarial o de clases. La presidenta insiste en que el colapso de la sanidad no es culpa de los profesionales, sino de una "desastrosa planificación por todas las administraciones que ha ignorado la creciente complejidad diagnóstica y el envejecimiento de la población".
Valencia: "Los médicos deben continuar perteneciendo a un grupo superior"
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV) se ha sumado a la ofensiva institucional considerando al texto como un "ataque a la profesión médica". Subrayan que los médicos completan 6 años de carrera y 360 créditos, frente a los 4 años y 240 créditos de otras titulaciones, por lo que defienden que "el facultativo debe seguir perteneciendo a un grupo superior" acorde a su nivel de formación".
Otro punto de confrontación frontal en Valencia es el artículo 36 del borrador, que el ICOMV califica como una estrategia de "retención forzosa de los médicos". La organización denuncia que el Ministerio "pretende imponer la dedicación exclusiva obligatoria durante los cinco años posteriores a la finalización del MIR", en lugar de optar por "fidelizar a los médicos jóvenes mejorando sus condiciones de trabajo", señalando que supondrá un "deterioro de la sanidad pública".
Además, el colegio valenciano exige la retirada del proyecto por ser una norma que "lejos de proteger al profesional, restringe sus derechos y compromete la estructura de la jerarquía médica".
Finalmente, el sentimiento común de los colegios es el de la exclusión. Como denuncian desde Huesca, "el Estatuto Marco se ha promulgado sin que los colegios de médicos nos sintamos representados en las negociaciones", dejando fuera la voz de quienes deben aplicar la ley a pie de cama.
